Para esta entrega de Histeria Política, César Landa, ex Presidente del Tribunal Constitucional y profesor de Derecho Constitucional de la PUCP, nos habla sobre la judicialización de la política y el debido procedimiento parlamentario.
En este artículo no pretendo esbozar reflexiones bíblicas, ni sociales, mucho menos generar un debate constitucional al respecto; en este punto tengo claro que el “derecho a la orientación sexual” y otros derechos conexos están reconocidos en nuestra Constitución al amparo del artículo 3° -en términos jurídicos, a una “cláusula abierta”-, dado que reconoce los derechos que no se encuentran enumerados en la Constitución.
En noviembre del año pasado, publiqué en Enfoque un artículo en el que describí la importancia que tienen los moots en la enseñanza del derecho y en el desarrollo profesional de los alumnos. Lo leí hace algunos días y ahora, luego de mi última participación en un moot, me di cuenta de que el artículo que escribí no está equivocado pero sí incompleto.
CB: Fíjate que, como bien han dicho, el Latino Barómetro, pero también casi todas las otras encuestas dicen que el principal problema del país es la falta de seguridad y la delincuencia. Y, a su vez, cuando hay preguntas sobre la aprobación presidencial, esta cae. Este año ha tenido su caída más profunda. La principal razón para la caída siempre es que no se hace lo suficiente en materia de seguridad ciudadana. Entonces, una de las principales víctimas de la delincuencia por lo poco que hace para combatirla es el propio Presidente, o por lo poco que percibe la gente que se está haciendo en materia de seguridad ciudadana. A su vez, también se han incrementado la tasa de delitos, la de faltas y la sensación de inseguridad de la gente a niveles alarmantes. 9 de cada 10 personas se siente insegura en la calle. La confianza en la policía también ha disminuido como también la confianza interpersonal. Es decir, no solo desconfiamos de la institución encargada de protegernos, sino también de nuestros vecinos. Entonces, todo ese contexto es muy peligroso para el desarrollo del país.
Para esta entrega de «Histeria Política», Samuel Abad, abogado y Doctor en Derecho, especialista en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, nos habla sobre la posibilidad de realizar una reforma constitucional en el contexto peruano.
Enfoque Derecho presenta una entrevista exclusiva a Pablo Sánchez, abogado por la Universidad Católica Andrés Bello, director legal y financiero de Estudiantes por la Libertad, y empresario. Nos habla de la realidad política y social de Venezuela, y de lo que Estudiantes por la Libertad hace para combatir la violencia y el caos.
Los seres humanos ya no podemos ser legisladores. Reformemos la Constitución de 1993 de inmediato para señalar expresamente que únicamente Optimus Prime y los Transformers pueden legislar sobre derechos humanos. Aparentemente, legislar sobre derechos fundamentales de las personas genera un conflicto de interés insalvable.
Cuentan los historiadores que, en épocas antiguas, los conflictos se solucionaban –o al menos es lo que se pretendía– sobre la base de la justicia retributiva denominada: “por mano propia”. De modo que, ante un crimen o delito cometido por una persona, el castigo que recibía era uno proporcional al daño que se había realizado; este mecanismo bien puede traducirse en la frase popular: “ojo por ojo, diente por diente”.
EnfoqueDerecho.com inaugura «Histeria Política», una saga de videos con ponencias protagonizadas por destacados académicos del Derecho y las Ciencias Políticas en donde se abordarán aleccionadores temas que convergen ambas disciplinas.
Si bien no existe una definición exacta, podemos señalar que el sistema de justicia se constituye por aquellas instituciones del Estado competentes para proteger los derechos de las personas, brindando una respuesta rápida y eficaz frente a su alegada vulneración. El operador del sistema de justicia, por otro lado, será aquel funcionario público que se vincula estrechamente con la persona, desempeñando funciones esenciales para el respeto y garantía de sus derechos.
