Por: Richard Tricavilca
Economista por la San Martín y activista liberal

Los bienes públicos desde el enfoque de la economía se definen como aquellos que cumplen con los requisitos de “no rivalidad” y “no exclusión”. Es “no excluible” dado que cualquiera puede consumirlo sin ningún costo de por medio. Por otro lado, ”no rivalidad” significa que el bien puede ser consumido en más de una oportunidad o de manera simultánea. En términos generales esta sería la característica de un bien público sin llegar a las derivaciones de bienes mixtos e imperfectos. Y para finalizar, la existencia de los free riders, quienes son los que consumen el bien gratuitamente.

Determinar si un bien puede ser considerado como público o privado conlleva a que su nivel de eficiencia sea la más óptima. Por ello, el marco legal sobre la propiedad es materia de estudio del Análisis Económico del Derecho. A continuación, en un caso concreto  analizaré la situación del Espectro Electromagnético(EEM) y la propiedad del subsuelo correspondiente a los minerales, ambos considerados como bienes públicos.

El EEM es el conjunto de ondas que emiten radiación.  Ello incluye telecomunicaciones: radio, televisión, cable, internet, etc. Actualmente, el EEM en el Perú tiene carácter público, concedido mediante una licencia o permiso.

La televisión de señal abierta parece ser gratuita y nosotros un free rider. No es así. Como televidente consumes productos anunciados, esos anuncios son de naturaleza excluyente, ya que quienes anuncian pagan un costo publicitario.  Tiene rivalidad, puesto que la publicidad sólo aparece en determinados horarios y no todos pueden salir a la vez. Este ejemplo se amplía a la radio, el internet, el cable, etc. El EEM es un bien privado tanto por su naturaleza teórica y empírica. Sin embargo, éste termina siendo mal explotado porque actualmente se encuentra en manos del Estado.

Sobre EEM, telefonía e internet, las licencias fueron otorgadas con un periodo de exclusividad desde 1994 a la empresa Telefónica del Perú y se amplió hace poco hasta el 2023. Desde entonces, los avances se han visto rezagados en  telefonía fija, móvil e internet, mermando el crecimiento, la competitividad y calidad. Por tanto, debe surgir un enfoque mucho más competitivo para las telecomunicaciones, cambiando el actual sistema de licencias monopólicas y abriendo paso a la competencia.

Nuestro  avance ha sido  regular en comparación con países como Panamá, Chile, El Salvador y Guatemala. Se requiere entonces emular el sistema de subastas públicas sobre el EEM. Este sistema ayudaría a la competencia y la calidad, la independencia de los medios y libertad de expresión, al no estar condicionadas a una licencia, además de ser un incentivo que ayudaría a reducir los casos de corrupción en los medios de comunicación.

La privatización del EEM no es solo un enfoque económico, sino también una apelación al mejor uso en pro de la población en general.  Panamá es considerado el segundo mejor país en nivel de penetración del internet. Chile, catalogado como el país  latinoamericano con mayor capacidad de conectividad. El Salvador tiene a las telecomunicaciones entre las principales industrias más dinámicas de su economía con más de 10 operadores de telefonía fija para cerca de solo 6 millones de habitantes. Guatemala cuenta con más de 18 empresas de telefonía fija, tal nivel de competitividad lleva a las empresas de telefonía móvil a otorgar minutos  gratis por llamadas recibidas y cobro por segundo. Innegable nivel de competitividad.

Sobre este tema es importante ver el caso de la propiedad pública del subsuelo, entendido como recursos minerales hallados en él, que a luz del caso no cumple con las características de bien público.

Una alternativa a sugerir al actual sistema de concesiones mineras, que genera un nivel de conflicto social muy alto con la comunidad, es otorgar el subsuelo a su naturaleza de bien privado. Las formas para desarrollar este proceso varían dependiendo del estudio realizado. Existen propuestas como las de Guillermo M. Yeatts, “Propiedad del subsuelo” – Argentina, sobre ceder la propiedad del subsuelo a los habitantes originarios del lugar en calidad de bien privado, dicho enfoque altamente estudiado por el Dr. Enrique Ghersi. Otra muy interesante propuesta es la realizada en Chile por José Piñera en la cual se otorga la propiedad del subsuelo mediante subastas internacionales por medio de su sistema de “Concesión plena”.

Puede también estudiarse el caso de Mongolia, donde desde hace poco se lleva a cabo la distribución de un número determinado de “acciones” empresariales sobre bienes públicos relacionados con la minería y el carbón, hasta ahora valorados en 1500  millones de dólares.  Ello genera un importante incentivo de las comunidades nativas para poder acceder directamente de los beneficios de los recursos naturales de los que se encuentran directamente relacionados, dándoles mayor independencia en sus decisiones y reduciendo el conflicto social.

Ciertamente, me encuentro a favor de una primera alternativa que cede la propiedad mineral del subsuelo a la comunidad nativa y se vea beneficiada directamente de ella; el marco legal sobre la propiedad sería materia de estudio del derecho.

En definitiva, vemos que estas dos importantes industrias de nuestro país podrían adquirir una mejor y eficiente explotación si se le dotara de las características competitivas que tienen ciertos bienes económicos tan escasos como el subsuelo mineral y el espectro electromagnético. Resulta de carácter imperativo desarrollar proyectos políticos que contengan mayor participación y beneficio directo de la población sobre los recursos que,  amparados bajo una tácita ley de derecho natural, tienen derecho.

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