Fabio Núnez del Prado, LL.M por Yale Law School, ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Carlos III de Madrid; próximamente se incorpora a la práctica de arbitraje internacional de Clifford Chance en Washington D.C. y ex miembro del Consejo Directivo de THĒMIS, explica la naturaleza de la regla de default arbitration. ¡No te lo pierdas!
Por Enfoque Derecho El Alcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, conversó con Roy Irribarren, director de Enfoque Derecho, y Sergio Puicon, editor de Enfoque Derecho, acerca de los peajes en la cuidad de Lima, los cuales vienen causando controversia luego de que las empresas concesionarias sean involucradas en casos de corrupción con gestiones anteriores en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML). En un primer momento, el Alcalde de Lima nos comenta cuales fueron los puntos observados en los contratos con las concesionarias involucradas para exigir que dichos documentos sean reevaluados. Asimismo, explica su accionar respecto a la medida cautelar que solicitó para evitar el alza de los peajes de la Línea Amarilla, la cual está sujeta a la empresa LAMSAC.
Por Nicolás Alarcón Loayza, Asociado de Litigios & Arbitraje del Estudio Rodrigo, Elias & Medrano. En el arbitraje internacional es común que las partes tengan la facultad de ofrecer expertos en soporte de su caso[1]. En esto, la práctica de la prueba pericial se acerca más a los sistemas del common law que, en líneas generales, tratan al experto como testigo. Las partes ofrecen un experto y tienen la facultad de cuestionar en audiencia al experto ofrecido por la otra parte. Los expertos de parte suelen declarar sobre aspectos: (i) jurídicos, (ii) técnicos o científicos, y/o (iii) de cuantificación de daños[2]; los cuales suelen estar fuera del conocimiento del tribunal arbitral. En consecuencia, los expertos son muchas veces cruciales para
En el presente video, Eduardo Iñiguez, asociado de Bullard Falla Ezcurra+, analiza la aplicación del control de constitucionalidad de laudos arbitrales y expone su posición acerca de este debate.
Por Uber López Montreuil, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP y practicante en Bullard Falla Ezcurra +. Adele Bloch-Bauer I, de Gustav Klimt: The Wally Portrait, de Egon Schiele: The Girl from the Sabine Montains, de Franz Winterhalter: ¿Qué tienen en común estas pinturas, además de ser joyas del arte moderno? Alrededor de todas ellas se desarrollaron importantes juicios o arbitrajes. En el marco de la II Guerra Mundial, estas pinturas, y otros miles de obras de arte, fueron arrebatadas de sus legítimos dueños, violentamente o bajo amenaza. Muchas de ellas fueron a parar a museos de todo el mundo, colecciones privadas o, en el peor de los casos, fueron destruidas.[1] Terminada la guerra, se decretó la ilegalidad
Carlos Rios Pizarro, abogado por la PUCP y asociado del estudio Bullard Falla Ezcurra + No es un secreto que el Poder Judicial peruano enfrenta importantes problemas presupuestarios. Entre los años 2011 y 2016, apenas le fue asignado en promedio un 1.30% del Presupuesto Anual del Estado Peruano[1]. La cifra actual tampoco es promisoria, pues no llega ni al 5% del Presupuesto Anual (3.4%)[2]. Este presupuesto es insuficiente para atender la actual demanda de justicia. Las estadísticas muestran que la carga procesal anual pronosticada para el 2019 será de más de dos millones de expedientes, pese a que únicamente se podrán resolver alrededor de un millón de procesos con los actuales recursos del Poder Judicial[3]. La mayor parte de las
Frank García, abogado y magister en Derecho Empresarial por la Universidad de Lima Días atrás, se llevó a cabo la quincuagésima sexta Conferencia Anual de Empresarios (CADE Ejecutivos 2018), donde el Gobierno -a través de la Ministra de Salud, Silvia Pessah-, desarrolló acciones con el fin de lograr un sistema de salud de calidad. Si bien es un tema central que el Gobierno planifique, ejecute y supervise políticas en la gestión y financiación de los servicios de salud en el país, también es cierto que el sector privado no debe olvidar su rol dentro del sistema sanitario, tanto del lado prestacional (clínicas, o centros de salud) como del financiamiento (aseguradoras, Entidades Prestadoras de Salud, entre otras). El rol fundamental del sector
Por Gino Rivas Caso, abogado y adjunto de docencia por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El proyecto de reforma del Código Procesal Civil[1] propone eliminar a la conciliación como requisito previo para demandar. Este requisito, aplicable a controversias sobre materia disponible, representó en su momento una de las principales medidas para la aplicación y difusión de los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos (MARCs). Se trata, pues, de un tema sensible, y merece la mayor discusión posible. Antes que nada, es necesario precisar conceptos. Un acuerdo conciliatorio es como el amor: no se puede forzar. Así como no puede obligarse a dos personas a casarse, así tampoco puede ordenarse a estas que solucionen sus controversias mediante un acuerdo conciliatorio.
Por: Carlos Ríos Pizarro, abogado por la PUCP y asociado de Bullard, Falla & Ezcurra +, y Uber López Montreuil, estudiante de la Facultad de Derecho de la PUCP, ex director de Enfoque Derecho y ex miembro del Consejo Directivo de Themis. El third-party funding es un método de financiación en el que una entidad que no es parte de una controversia financia los honorarios legales de una de las partes, o paga una orden, adjudicación o sentencia dictada contra esta parte. [1] Este mecanismo es cada vez más usual en el arbitraje internacional, al punto que en una encuesta realizada por la Universidad Queen Mary en el año 2015, más del 90% de los encuestados manifestaba conocer la figura y
