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La extensión del convenio arbitral y los efectos de la responsabilidad solidaria: a propósito de un pronunciamiento de la Sala Comercial de Lima

Escrito por Roger Vidal, doctor y magíster en Derecho Civil por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con postdoctorado en la Universidad Católica de Paraná – Brasil, Diego Palacios Fretel, bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Hermilio Valdizan y conciliador Extrajudicial; y Karem Torres Gayoso, estudiante del IX ciclo de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán y miembro del Centro de Estudios de Derecho Civil y Arbitraje. SUMARIO Breve reseña del caso de las mineras. — 2. La extensión del convenio arbitral. — 3. El tercero y la parte no signataria en el convenio arbitral. — 4. La regla de no presunción de la solidaridad. — 5. Conclusión. — 6. Referencias

¿Es la Base Gráfica Registral una herramienta determinante para verificar la existencia de duplicidades registrales? Comentarios en torno a un nuevo criterio de la Dirección Técnica Registral de SUNARP

Por Naoky Ccallo, asociado en el Estudio Rubio Leguía Normand. I. Introducción En más de una ocasión podemos habernos encontrado con un problema sumamente común en el sistema registral peruano: la correcta determinación o ubicación de una Partida Electrónica predial a nivel geográfico[1]. De hecho, en los últimos años se han realizado varios esfuerzos, desde SUNARP, para corregir o complementar la deficiencia técnica que presentan, sobre todo, los títulos de inscripción antiguos. Este es el caso de la emisión de la Base Gráfica Registral (en adelante, “BGR[2]”) en archivo digital[3], regulado en la Directiva N° 06-2018-SUNARP/SN; así como la incorporación del criterio de “Búsqueda de Partida por Dirección[4]”, implementado en el Servicio de Publicidad Registral en Línea-SPRL (a través de la Resolución

Ley No 31012 promueve el uso ilegal de la fuerza por la policía contra defensores de derechos humanos en contextos de protesta social

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP y coordinador del área de Litigio Constitucional de IDL Una de las normas que promueve la criminalización de la fuerza es la disposición única de la Ley 31012, al derogar el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de la policía nacional, el cual estaba reconocido en el artículo 4.1.c del DL 1186, que precisamente regulaba el uso de la fuerza por la policía. Esto en los hechos promueve el uso ilegal de la fuerza por parte de la policía contra defensores de derechos humanos, en contextos de protestas tienen cobertura normativa. ¿Cuándo estamos ante el uso arbitrario de la fuerza? El artículo 3.j del Reglamento del

“LINEAS TRAZADAS”: IMPORTANTE PRECEDENTE FRENTE A LAS RESOLUCIONES DE COBRANZA EMITIDAS POR ESSALUD

Por: Max Carbajal Meléndez, abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociado del Estudio Vargas Pareja Abogados & Consultores. Hasta cierto punto, es muy común que el Seguro Social de Salud (en adelante, “EsSalud”) notifique resoluciones de cobranza a las empresas, con la finalidad de que paguen los gastos por las prestaciones de salud otorgadas en favor de sus trabajadores (incluidos los derechohabientes), teniéndose como sustento principal que habrían efectuado rectificaciones en las planillas electrónicas fuera del plazo perentorio, utilizando como base legal el artículo 36° del Reglamento de la Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud (en adelante, “el Reglamento”), aprobado por el Decreto Supremo N° 007-97-SA, dispositivo del cual

Los cambios en la zonificación y/o usos compatibles de los negocios producto de la emisión de ordenanzas municipales. ¿Una afectación al derecho a la libre iniciativa privada?

Por Rubén Quevedo, asociado del área inmobiliaria del Estudio Rubio Leguía Normand. Introducción Debido a la emisión de Ordenanzas municipales que cambian la zonificación y/o los usos compatibles, para preservar en algunos casos el patrimonio histórico de la ciudad o zonas monumentales en dónde actualmente funcionan una serie de negocios de toda índole, resulta relevante mencionar si es que a través de estas normas se está afectando de alguna manera el derecho constitucional a la libre iniciativa privada, puesto que, en virtud de estas Ordenanzas los negocios podrían dejar de funcionar, y estarían contraviniendo los actuales usos de dichas zonas. Mediante este artículo se hace un análisis al efecto real que tienen las ordenanzas municipales que cambian las zonificaciones y/o

Ser propietaria: una brecha más en la desigualdad

Por Brenda Santa María, estudiante de onceavo ciclo y miembro de la Comisión de Investigación Académica del Equipo de Derecho Inmobiliario. Introducción A lo largo de los años las mujeres hemos venido luchando por recuperar espacios que históricamente nos han sido relegados, al igual que por disfrutar y ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones. En el Perú, hasta el año 1955, las mujeres no podíamos votar y no fue hasta 1979 cuando la Constitución permitió que todas las mujeres, sin distinción, podamos ejercer este derecho. De igual forma, el Código Civil vigente desde 1852 hasta 1936 no reconocía a las mujeres la capacidad jurídica de celebrar contratos, para que ello ocurra era necesaria la intervención del marido[1]. Actualmente, el artículo

EL RÉGIMEN PENAL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE VIDA SILVESTRE EN LA AMAZONÍA PERUANA

Alberto Francisco Defilippi Estrada & Katherine Miluska Meza Aranda, estudiantes de derecho en la Universidad Científica del Sur SUMILLA El presente artículo resalta la necesidad de mejorar la regulación penal del delito de tráfico ilegal de vida silvestre. En la actualidad, este delito puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dicha sanción es muy baja si se considera los graves impactos que este delito genera para dichas especies, el ecosistema y la salud de las personas. Además, debe considerarse que, en muchas ocasiones, este delito es realizado por organizaciones criminales. Este escenario no se encuentra regulado, siendo las penas actuales muy bajas para disuadir la comisión de este ilícito. Es necesario reformular la

Desmitificando el Anteproyecto del Código de Trabajo

Fátima Benavides, asociada del Despacho Laboral de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Abogada con Título de Segunda Especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Antecedentes del Código del Trabajo Como parte de los compromisos asumidos en la Agenda 19 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (“MTPE”), el 13 de abril de 2022 se dispuso la pre-publicación del “Anteproyecto del Código del Trabajo” mediante Resolución Ministerial Nº 092-2022-TR. Este documento fue elaborado en aproximadamente 4 meses por una Comisión Sectorial del MTPE y estuvo sujeto a las sugerencias, comentarios o recomendaciones tanto de empleadores como de trabajadores, sus organizaciones, entidades públicas o privadas, y de la ciudadanía en

Uso de medios de pago y su relevancia tributaria

Nicolas Valverde Casas, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario – IPDT, asociado del área tributaria del estudio Miranda & Amado. El correcto cumplimiento de la normativa sobre medios de pago es esencial para evitar inconvenientes en materia tributaria. En efecto, su incumplimiento acarrea, por ejemplo, la imposibilidad de deducir gastos para la determinación del Impuesto a la Renta (“IR”) empresarial o la pérdida del costo computable sobre los activos o inversiones, ya sea de personas o empresas.  En ese sentido, conviene preguntarse primero ¿qué se entiende por medios de pago? La utilización de medios de pago se encuentra regulada en la Ley No. 28194 – Ley para la Lucha contra la