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Los cambios en la zonificación y/o usos compatibles de los negocios producto de la emisión de ordenanzas municipales. ¿Una afectación al derecho a la libre iniciativa privada?

Por Rubén Quevedo, asociado del área inmobiliaria del Estudio Rubio Leguía Normand. Introducción Debido a la emisión de Ordenanzas municipales que cambian la zonificación y/o los usos compatibles, para preservar en algunos casos el patrimonio histórico de la ciudad o zonas monumentales en dónde actualmente funcionan una serie de negocios de toda índole, resulta relevante mencionar si es que a través de estas normas se está afectando de alguna manera el derecho constitucional a la libre iniciativa privada, puesto que, en virtud de estas Ordenanzas los negocios podrían dejar de funcionar, y estarían contraviniendo los actuales usos de dichas zonas. Mediante este artículo se hace un análisis al efecto real que tienen las ordenanzas municipales que cambian las zonificaciones y/o

Ser propietaria: una brecha más en la desigualdad

Por Brenda Santa María, estudiante de onceavo ciclo y miembro de la Comisión de Investigación Académica del Equipo de Derecho Inmobiliario. Introducción A lo largo de los años las mujeres hemos venido luchando por recuperar espacios que históricamente nos han sido relegados, al igual que por disfrutar y ejercer nuestros derechos en igualdad de condiciones. En el Perú, hasta el año 1955, las mujeres no podíamos votar y no fue hasta 1979 cuando la Constitución permitió que todas las mujeres, sin distinción, podamos ejercer este derecho. De igual forma, el Código Civil vigente desde 1852 hasta 1936 no reconocía a las mujeres la capacidad jurídica de celebrar contratos, para que ello ocurra era necesaria la intervención del marido[1]. Actualmente, el artículo

EL RÉGIMEN PENAL DEL TRÁFICO ILÍCITO DE VIDA SILVESTRE EN LA AMAZONÍA PERUANA

Alberto Francisco Defilippi Estrada & Katherine Miluska Meza Aranda, estudiantes de derecho en la Universidad Científica del Sur SUMILLA El presente artículo resalta la necesidad de mejorar la regulación penal del delito de tráfico ilegal de vida silvestre. En la actualidad, este delito puede ser sancionado con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años. Dicha sanción es muy baja si se considera los graves impactos que este delito genera para dichas especies, el ecosistema y la salud de las personas. Además, debe considerarse que, en muchas ocasiones, este delito es realizado por organizaciones criminales. Este escenario no se encuentra regulado, siendo las penas actuales muy bajas para disuadir la comisión de este ilícito. Es necesario reformular la

Desmitificando el Anteproyecto del Código de Trabajo

Fátima Benavides, asociada del Despacho Laboral de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Abogada con Título de Segunda Especialidad en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Antecedentes del Código del Trabajo Como parte de los compromisos asumidos en la Agenda 19 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (“MTPE”), el 13 de abril de 2022 se dispuso la pre-publicación del “Anteproyecto del Código del Trabajo” mediante Resolución Ministerial Nº 092-2022-TR. Este documento fue elaborado en aproximadamente 4 meses por una Comisión Sectorial del MTPE y estuvo sujeto a las sugerencias, comentarios o recomendaciones tanto de empleadores como de trabajadores, sus organizaciones, entidades públicas o privadas, y de la ciudadanía en

Uso de medios de pago y su relevancia tributaria

Nicolas Valverde Casas, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario – IPDT, asociado del área tributaria del estudio Miranda & Amado. El correcto cumplimiento de la normativa sobre medios de pago es esencial para evitar inconvenientes en materia tributaria. En efecto, su incumplimiento acarrea, por ejemplo, la imposibilidad de deducir gastos para la determinación del Impuesto a la Renta (“IR”) empresarial o la pérdida del costo computable sobre los activos o inversiones, ya sea de personas o empresas.  En ese sentido, conviene preguntarse primero ¿qué se entiende por medios de pago? La utilización de medios de pago se encuentra regulada en la Ley No. 28194 – Ley para la Lucha contra la

RESPONSABILIDAD SOCIAL ANTE LOS CONFLICTOS LIMÍTROFES ENTRE COMUNIDADES CAMPESINAS

Por: José Luis Quispe, asociado del área inmobiliaria en el Estudio Rubio Leguia Normand Introducción. La problemática de los límites y colindancias en los territorios comunales de las Comunidades Campesinas ya tituladas constituye a la fecha un factor crítico de su estatus situacional, que las continúa afectando en gran proporción, toda vez que la falta de formalización catastral limítrofe contraviene, entre otros, su capacidad de ejercer la seguridad jurídica de sus derechos de propiedad y su acceso a ciertos beneficios de créditos de orden nacional o internacional, además de causar alteración en el orden social interno entre tales comunidades, entre estas con el estado y más aun con empresas o individuos particulares con interés de inversión privada. Es evidente que

Negociando en Crisis. Factores que resaltan en el actual contexto de conflictividad social

Por José Piscoya Silva, abogado y consultor en el Estudio Rubio, Leguía y Normand Antecedentes Desde el inicio del presente Gobierno, la conflictividad social en el sector minero se ha incrementado sustancialmente. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, los conflictos socio-ambientales en el sector minero se han incrementado en 45% en el periodo Julio 2021- Abril 2022[1]. Dicho incremento ha coincidido con la reducción de los principales componentes de la canasta de minerales que produce el Perú. Así, en el periodo Julio 2021 – Marzo 2022, la producción de cobre cayó en 4.21%; oro, 8.54%; plata, 14.53%; plomo, 7.65% y hierro, 4.16%; en consecuencia, la variación del PBI minero en el periodo Febrero 2021/22 es -2.1%.[2] Esta situación configura

Riesgos del Contrato de Construcción: Asimetría de la información y poder de negociación

Por Ramiro Durand, abogado Colegiado de la PUCP, graduado con Mérito del Master en Derecho y Economía en la Universidad Queen Mary University of London. El derecho de la construcción es, en gran medida, derecho civil aplicado. Sin embargo, los usos y complejidad del sector hacen necesario que existan profesionales del derecho que conozcan el negocio y sus riesgos. Así, es importante para un abogado de construcción tener en cuenta: (i) la existencia de gran asimetría de información entre el cliente y el contratista que ejecutará la obra y (ii) la fluctuación del poder de negociación entre las partes durante la negociación del contrato y la ejecución de la obra. En el mercado es usual que el ofertante de bienes

El saldo a favor del exportador en peligro

Eduardo Pedroza, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociado del área tributaria del estudio Miranda & Amado. Recientemente, la bancada de Perú Libre ha presentado en el Congreso de la República el Proyecto de Ley No. 2023/2021-CR, a través del que se pretende modificar diversos artículos de la Ley del IGV en relación a la inaplicación del IGV a algunas exportaciones y la utilización del saldo a favor del exportador. Más allá de la manifiesta falta de criterio técnico de este Proyecto, y la poca claridad con la que ha sido redactado, aprovechamos para repasar brevemente lo que establecen las normas relativas al saldo a favor del exportador (“SFE”) para así entender un poco de su funcionamiento

¿Inexigencia de certificado negativo de catastro en inmatriculaciones o independizaciones de predios rurales?

Por Andrés Jonathan Vásquez Cuadra, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Asociado del área Inmobiliario y Saneamiento de Tierras del Estudio Rubio Leguia Normand. Introducción La falta de reglamentación de la Ley N° 31145 (en adelante, la “Ley”), Ley de saneamiento físico legal y formalización de predios rurales a cargo de los Gobiernos Regionales, viene generando a nivel registral problemas en la calificación de los títulos referidos a inmatriculaciones o independizaciones de predios rurales, debido a que Ley al derogar el Decreto Legislativo 1089[1] y su Reglamento[2], dejó sin efecto las normas registrales que regulaban en sintonía con dichos instrumentos los requisitos para el inicio y la tramitación de los procedimientos administrativos referidos a inmatriculación y modificación física