«La Ley 32069 introduce un cambio relevante en la contratación pública peruana al permitir el uso de contratos estandarizados de alcance internacional, con el objetivo de uniformizar cláusulas, reducir la discrecionalidad administrativa y fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y la eficiencia en la ejecución de obras públicas.»
Por Enfoque Derecho I. Introducción: El pasado 21 de febrero, un lamentable suceso tuvo lugar en el centro comercial Real Plaza Trujillo, donde el techo del patio de comidas se desplomó y provocó el fallecimiento de 8 personas y más de 70 heridos. La mañana anterior al día de la tragedia, los trabajadores del citado centro comercial tomaron conocimiento sobre fallas en la estructura, ya que producía sonidos extraños[1]. Al respecto, Boris García, ingeniero chileno que trabajó en la construcción de este centro comercial, comentó que en septiembre del año pasado hubo ráfagas de viento más fuertes de lo normal, lo que provocó que el techo del centro comercial se elevara y se crearan microfisuras, es así que meses atrás
Por David Rubio Alcántara, Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y asistente legal del Área Inmobiliaria del Estudio De la Flor, García Montúfar, Arata & Asociados. No es una novedad que, con mayor frecuencia, desarrolladores inmobiliarios recurran al Indecopi ante la imposición de requerimientos, por parte de los gobiernos locales, que demoran la ejecución de los proyectos inmobiliarios que tienen en cartera. Dichos requerimientos, en la medida que no tienen base legal o carecen de razonabilidad, constituyen barreras burocráticas. El presente artículo tiene como finalidad desarrollar cómo la eliminación de barreras burocráticas (ilegales o carentes de razonabilidad) permiten que los proyectos inmobiliarios se ejecuten sin incrementar los costos financieros estimados en el perfil de viabilidad
Por Diego Mori, abogado asociado del Área de Infraestructura, APP y Obras por Impuestos del Estudio Muñiz. Imaginemos que usted acaba de ser elegido alcalde del Distrito de “La Gloriosa” y que una de sus principales propuestas antes de su elección, fue el desarrollo de la infraestructura en el distrito a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes que votaron por usted (y, obviamente, de aquellos que no lo votaron también); sin embargo, no sabe por dónde iniciar, salvo que cuenta con un documento denominado “Margesí” respecto del cual tiene alcances muy limitados, particularmente sobre su utilidad y, mucho menos, cómo podría ayudarle en la implementación de su propuesta. Efectivamente, muchos operadores en los gobiernos locales y
Por Juana Buleje Villanueva, estudiante de pregrado de octavo ciclo en la Facultad de Derecho de la PUCP y asociada en la comisión de Investigación Académica del Equipo de Derecho Inmobiliario (EDI) Introducción En 1944, la Liga Nacional de Aviación adquirió un terreno en la urbanización Chacra Cerro, ubicada en el Distrito de Comas, donde construyó el Aeródromo de Collique con la finalidad de impulsar la aviación nacional. Años más tarde, dicha propiedad sería cedida al Estado, lo cual generó controversia por la supuesta existencia de un cargo que limitaría la disponibilidad de los predios que conformaban el aeródromo. Sobre todo, se cuestionó la finalidad a la que fue destinado, pues el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento terminó por
Por Maria Fernanda Mondragon Ticlla, estudiante de séptimo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Introducción En el contexto actual, buscamos soluciones económicas y eficaces frente a los problemas que se derivan de acontecimientos imprevisibles de la naturaleza. La pandemia obligó a las personas a pensar cómo evitar terminar en el Poder Judicial sin antes negociar con sus acreedores/deudores frente a la prestación a la que se habían obligado. El deber de negociar como parte de la mitigación de daños y la buena fe contractual que estipula nuestra legislación nos ha llevado a plantearnos la posibilidad de alegar la fuerza mayor como una salida rápida para evitar problemas con los acreedores/deudores, pero, hasta cuándo podríamos tomar
Por Guillermo Zavalaga Mariño, Egresado de la Maestría de Derecho de la Empresa de la Universidad Católica Santa María y Socio de NPG Abogados Introducción A través de un caso con fechas hipotéticas, analizaré el criterio aplicado por el Tribunal de Contrataciones (en adelante el Tribunal) respecto al plazo de prescripción para la aplicación de las sanciones dispuestas en la Ley de Contrataciones del Estado y la suspensión del mismo y explicaré por qué considero que dicho criterio es errado y perjudica al administrado. Para ello, previamente explicaremos la naturaleza jurídica de la potestad administrativa sancionadora que detenta toda entidad de la administración pública en sentido amplio. Analizaremos también la actuación del Tribunal como órgano que ostenta la potestad administrativa
