«La Ley 32069 introduce un cambio relevante en la contratación pública peruana al permitir el uso de contratos estandarizados de alcance internacional, con el objetivo de uniformizar cláusulas, reducir la discrecionalidad administrativa y fortalecer la seguridad jurídica, la transparencia y la eficiencia en la ejecución de obras públicas.»
La Ley N° 32069 elimina el Registro Nacional de Árbitros con la finalidad declarada de flexibilizar la designación de árbitros y ampliar el universo de profesionales disponibles. Sin embargo, en los hechos, el sistema reemplaza un filtro estatal por filtros institucionales que reproducen los mismos riesgos que se buscaban superar. La concentración de designaciones, la recurrencia en los mismos profesionales y la intervención unilateral de la Entidad en la determinación de instituciones arbitrales permanecen prácticamente intactas.
INTRODUCCIÓN El 11 de julio de 2025 llegaron a la costa del Callao los primeros vagones del tren Lima-Chosica[1]. La propuesta ferroviaria fue impulsada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, cuyo objetivo es descongestionar la capital y facilitar el tránsito, así como brindar una solución rápida y económica para modernizar parte de la infraestructura de transporte actual mediante la donación de unidades ferroviarias retiradas en Estados Unidos[2]. Sin embargo, las gestiones, traslados, adecuaciones, permisos, seguros, almacenamiento y diversas reparaciones requeridas generaron un desembolso inicial de 24.5 millones de dólares, por lo que, la Municipalidad Metropolitana de Lima (en adelante, MML) incurrió en un gasto cuando la donación implica que no hay una contraprestación, es decir, no hay un
Escrito por Claudia Cecilia Lau Buendia Magíster en Derecho Administrativo Económico INTRODUCCIÓN El aforismo iura novit curia, cuya traducción literal es “el tribunal conoce el derecho”, ocupa un lugar central en la teoría general del derecho, especialmente en los sistemas jurídicos de tradición continental europea. Su origen se remonta al derecho romano y, posteriormente, en la Edad Media se consolidó como un principio jurídico fundamental. Conforme a este postulado, mientras las partes exponen los hechos y aportan las pruebas, el juez asume la obligación de conocer el derecho y aplicar la norma pertinente a los hechos alegados, incluso cuando las partes incurren en errores u omisiones jurídicas. Así, el principio constituye una directriz estructural sobre la distribución de competencias entre
Por Nicol Castillo Santillana Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con Título de Segunda Especialidad en Derecho Administrativo en la misma casa de estudios. Alumna de la Maestría en Contratación Pública por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asociada del área de Arbitraje y Contratación Pública de Torres y Torres Lara Abogados INTRODUCCIÓN: Es comúnmente conocido que, en el marco de un contrato administrativo, el privado no determina las condiciones bajo las cuales este se firmará. Es la Administración Pública, en uso de sus prerrogativas exorbitantes, la que determina los términos del futuro contrato de bienes, servicios u obras. De manera previsible, se esperaría que la Administración se encuentre en plenas facultades de ejecutar las prestaciones a su cargo, que son menores a las que tiene a
Por Karen Giuliana Loarte Florez, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con especialización en Arbitraje en Contrataciones con el Estado por el CARC PUCP y en Arbitraje Internacional e Inversiones por la Universidad del Pacífico. Asimismo, cuenta con una especialización en proceso civil, arbitraje y mediación por la Universidad de Salamanca y en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Ex becaria de la Fundación Carolina. Actualmente, forma parte del Equipo de Arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 1. Introducción: En el año 2019 se celebró en la ciudad de Lima, Perú, un evento deportivo
Por Enfoque Derecho I. Introducción A finales del mes de marzo, una serie de fallecimientos consecutivos no explicados empezaron a suscitarse en diversas clínicas del país. Luego de varios reportes de reacciones adversas producto de un lote de suero fisiológico, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) emite un comunicado que desata un caos mediático. El organismo emite una alerta sanitaria sobre el suero fisiológico de Medifarma con altas concentraciones de sodio, cuyos efectos son letales para las personas. Posteriormente, el principal proveedor de suero fisiológico del país, el laboratorio Medifarma, reconoció un error en la producción de ciertas unidades de suero, producto de la diligencia de un par de empleados. Días después, Digemid procede a anunciar el
Por Gerardo Eto Bardales, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Magíster en Derecho Procesal en la misma casa de estudios. Cuenta con especializaciones en Arbitraje, Contrataciones con el Estado y Derecho Administrativo para Árbitros. Actualmente forma parte del equipo de arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Introducción El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias que presenta un desarrollo importante en el Perú, a partir de algunas características que otorgan a las partes mayor eficiencia que el Poder Judicial en la resolución de litigios mercantiles; tales como la celeridad, flexibilidad y especialización de los árbitros. En el caso de los contratos públicos, la Ley de Contrataciones con el Estado, así como
Por Diego Mera Sandy, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una especialización en Arbitraje Internacional e Inversiones por la Universidad del Pacífico y actualmente, parte del equipo de arbitrajes de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Antes de comenzar, es importante precisar que este artículo se centrará exclusivamente en el análisis del arbitraje ad hoc en el que participa el Estado y si, debido a la naturaleza misma del Estado, es viable plantear la eliminación de este tipo de arbitrajes. Dicho esto, comencemos. En el ámbito de la contratación pública, las disputas entre entidades públicas y privadas o entre distintos actores del sector público son inevitables. Ante este escenario, el arbitraje se presentó como
Por David Ortiz Gaspar, Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encargado de liderar la defensa jurídica del Estado en arbitrajes de alto impacto, máster en Arbitraje Comercial e Inversiones y con especializaciones en Arbitraje, Derecho de la Construcción y Gestión de Contrataciones Públicas. A modo de introducción El tema de este artículo tomó forma en noviembre del año pasado, durante el Congreso Internacional de Arbitraje celebrado en Asunción, Paraguay, organizado por la Procuraduría General de la República del Paraguay y la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado (ALAP). En dicho evento, tuve el honor de participar en la mesa “Corrupción y Arbitraje”, junto a los doctores Mario Camacho Lazarte y Jean Paul Dechamps. La discusión
