derecho constitucional

Editorial | Contra la memoria y la verdad: Comentarios a la ley que concede amnistía a los miembros de las fuerzas del orden

Por Enfoque Derecho “El acceso efectivo a la justicia puede, por tanto, considerarse como el más básico requisito –el ‘derecho humano’ más básico– de un sistema legal moderno e igualitario que pretenda garantizar, y no simplemente proclamar, los derechos legales de todos” – Mauro Cappelletti y Bryant G. Garth INTRODUCCIÓN El 13 de agosto del 2025, el Poder Ejecutivo promulgó la iniciativa presentada por la Comisión de Constitución del Congreso de la República del Perú, la cual concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú y funcionarios del Estado, que se encuentran sin sentencia firme por los casos vinculados a la lucha contra el terrorismo durante el periodo 1980-2000. La presente ley fue impulsada por Jorge

Editorial | Un salto al vacío: El peligro de abandonar la Corte Interamericana de Derechos Humanos

Escrito por Enfoque Derecho 1. INTRODUCCIÓN El pasado 13 de agosto, la presidenta Dina Boluarte promulgó la Ley N° 32419, que concede amnistía a las fuerzas del orden investigadas por hechos delictivos ocurridos entre 1980 y 2000[1]. La nueva disposición fue objeto de críticas desde diferentes instancias, siendo la principal la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, CIDH). En un comunicado de prensa, la Comisión rechazó categóricamente el actuar político del Congreso y el Ejecutivo, pues argumentan que promueve la impunidad y obstruye la búsqueda de la verdad de las víctimas y sus familiares, aún más considerando que numerosas denuncias son por crímenes de violencia sistemática. Además, la Comisión afirmó que las sentencias de los casos Barrios Altos y

Editorial | Análisis de la Ley N.º 32330: ¿Lucha contra la criminalidad o populismo punitivo?

INTRODUCCIÓN El pasado 10 de mayo se aprobó la modificación del Código Penal y del Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes que declara la imputabilidad penal de adolescentes de entre 16 y 17 años involucrados en delitos graves, como asesinato, extorsión y violación sexual. Es decir, mediante esta modificación, los adolescentes pertenecientes a ese grupo etario, en caso sean condenados, no serían internados en un Centro de Rehabilitación Juvenil, sino en un establecimiento penitenciario; en otras palabras, serían juzgados como adultos. La propuesta surge en un contexto de creciente criminalidad, donde cada vez más los adolescentes se ven involucrados en actividades delictivas. Según el comandante de la Policía Nacional del Perú, Víctor Zanabria, en el Callao, más del 50% de

Justos pagan por pecadores: Las restricciones al uso de motocicletas impuestas por el Estado peruano

Por Enfoque Derecho Introducción La inseguridad ciudadana es un problema estructural que adolece el Perú desde hace casi 30 años. Con la caída del terrorismo en los años 90´s, se pensó que este escenario de inseguridad que aquejaba a la sociedad peruana había sido superado. Sin embargo, con el término de este episodio en la historia del país, un nuevo fenómeno estaba gestándose en el periodo pos-terrorismo: la violencia delincuencial.[1] Este fenómeno planteó nuevos retos para la política de seguridad del país, ya que su eje central no sería más la subversión, que posee ciertas características que la hacen identificable, sino la delincuencia común que no obedece a criterios organizacionales ni a bases ideológicas profundas, lo que dificulta la elaboración de

Editorial | Análisis Constitucional del caso Ollanta Humala y Nadine Heredia

Por Enfoque Derecho I. Introducción El pasado 15 de abril, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional, en primera instancia, condenó a Ollanta Humala y Nadine Heredia a 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de lavado de activos, relacionado con aportes ilícitos del régimen venezolano y de la empresa brasileña Odebrecht para financiar sus campañas electorales de 2006 y 2011[1]. La sala consideró que en ambas campañas presidenciales hubo un “modus operandi” en el manejo de los aportes ilícitos, es decir, hubo una estrategia montada para darle apariencia legal al dinero ilegal, con falsos aportantes, movimientos financieros y contratos laborales simulados[2]. El 18 de abril de 2025, el abogado de Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, precisó que