derecho constitucional

Editorial | Los delitos contra la libertad sexual en los pueblos originarios en el Perú: Tensión entre la interculturalidad y la protección de derechos fundamentales

En definitiva, el sistema de justicia se encuentra obligado a incorporar una comprensión contextual de los hechos, así recurriendo a herramientas como la pericia antropológica y a enfoques interculturales, pero sin que ello implique, en ningún caso, una renuncia a la protección efectiva de los derechos fundamentales. En consecuencia, la respuesta estatal debe ser integral, articulando de este modo una intervención penal eficaz con políticas preventivas y medidas culturalmente pertinentes orientadas a remover las barreras estructurales que enfrentan las víctimas indígenas y a garantizar un acceso real, oportuno y efectivo a la justicia.

El control de convencionalidad y la Ley N.º 32419: Tensiones entre soberanía, compromisos internacionales y el estándar interamericano de derechos humanos

“Por su naturaleza el ejercicio del control de convencionalidad no depende únicamente de la voluntad de las partes, sino que corresponde de manera obligatoria y oficiosa a todos los jueces y autoridades públicas del Estado. En esa medida, su alcance no es exclusivamente jurisdiccional, sino también administrativo y legislativo, configurándose como un parámetro transversal de actuación estatal.”

Carga de la prueba y tutela jurisdiccional efectiva en los casos de mala praxis médica : ¿Quién prueba la negligencia?

Introducción El Estado Constitucional de Derecho, desde su concepción, se entiende como el imperio de la Constitución, es decir, tanto el Estado como las personas se encuentran bajo la dirección y sustento de la carta magna, como norma de mayor rango. En ese sentido, la Constitución contempla diferentes principios y mecanismos, con los cuales se organiza tanto el Estado como la sociedad. Una de ellas es la función jurisdiccional, contemplada en el artículo 138 de la norma constitucional. Asimismo, el artículo siguiente desarrolla los principios de la administración de justicia, de los cuales destacamos el inciso 3: “La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional”. El proceso judicial, entonces, no solo se percibe como un medio para la resolución

Propiedad no es desregulación: El error conceptual en el caso del puerto de Chancay

Oscar Nicolás Alarcón Cuti, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Máster en Análisis Económico y Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca, España. Profesor de Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual en la Universidad Privada del Norte. Ha brindado servicios profesionales en el ámbito de la regulación de infraestructura de transporte. 1. Introducción En julio de 2025, la empresa COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY PERÚ S.A. (en adelante, COSCO) interpuso proceso constitucional de amparo contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN), solicitando que se abstenga de ejercer sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción respecto de sus operaciones en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. COSCO, empresa dedicada

La dignidad humana como límite a la amnistía: el control difuso y la supremacía de los derechos humanos frente a la ley N.° 32107

“Las múltiples decisiones judiciales que se aproximan deben ver en el control difuso una herramienta que no solo es útil tanto para proteger la primacía constitucional a través de su accionar como jueces, sino que también muestra la urgencia de contar con una regulación clara que impida el uso arbitrario de amnistías e indultos que no sean otra cosa que la firme expresión de la impunidad, como ha ocurrido ya en la historia del Perú”.

Editorial | Flexibilización laboral en Argentina: ¿Reforma necesaria o retroceso en la protección del trabajador?

Por Enfoque Derecho 1. Introducción En Argentina, la protección del trabajador se ha estructurado históricamente sobre la base de un conjunto de principios tuitivos destinados a corregir la desigualdad propia de la relación laboral. Sin embargo, la promulgación de la denominada Ley de Modernización Laboral (Ley 27.802), mediante el Decreto 137/2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo de 2026, ha reabierto un debate central en torno a la compatibilidad de ciertas reformas estructurales con los fundamentos del constitucionalismo social vigente. La norma introduce modificaciones de alcance transversal en el régimen laboral argentino, alterando institutos centrales del derecho individual y colectivo del trabajo que se encontraban consolidados desde la Ley de Contrato de Trabajo de 1974 (en

La legítima defensa y su función en el sistema jurídico penal

«La legítima defensa no solo opera como una excepción a la regla general que prohíbe causar daño, sino que también expresa un principio fundamental del sistema jurídico: nadie está obligado a soportar lo injusto. No obstante, su aplicación no es automática, sino que exige el cumplimiento estricto de determinados requisitos. En particular, debe acreditarse la existencia de una agresión actual, real e ilegítima; la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y la ausencia de provocación suficiente por parte de quien hace la defensa».

Trata de personas y esclavitud laboral en el Perú: Análisis a propósito del caso Nicolini

Editorial escrito por Enfoque Derecho 1. Introducción: En mayo de 2017, un incendio ocurrido en la Galería Nicolini, ubicada en el emporio comercial Las Malvinas, provocó la muerte de dos jóvenes trabajadores, quienes quedaron atrapados dentro de un contenedor metálico donde desempeñaban labores de almacenamiento y embalaje. La tragedia se produjo debido a que la puerta del contenedor se encontraba cerrada desde el exterior, lo que les impidió evacuar el lugar y escapar del fuego. Este lamentable evento reveló una problemática estructural que se ha mantenido en el tiempo: la explotación laboral. La misma que suele manifestarse con mayor intensidad en contextos de economía informal, donde la ausencia de supervisión estatal efectiva, la falta de contratos formales y la debilidad

Capacidad operativa de la litigación oral en el actual sistema penal peruano: Reflexiones derivadas del caso Pedro Castillo Terrones y otros implicados

Giselli Marilet Espino Valdez, estudiante de undécimo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada del Norte, con interés en la litigación oral y la protección de las garantías constitucionales. 1. Resumen El Perú ha transitado de un sistema procesal penal de carácter inquisitivo, centrado en la búsqueda de autoincriminación y la prevalencia del expediente escrito, hacia un modelo acusatorio, garantista y adversarial que privilegia la oralidad, la inmediación y el pleno ejercicio del derecho de defensa. Este cambio de paradigma exige que jueces, fiscales y defensores dominen técnicas de litigación oral que permitan un debate transparente, equilibrado y sometido a reglas claras. No obstante, el juicio oral del caso Pedro Castillo Terrones y otros implicados revela una