Por Enfoque de Derecho
- Introducción
Desde los inicios de la historia, el ser humano ha tenido la tendencia a buscar generar modificaciones o trasplantes a su cuerpo; desde las prótesis elaboradas a base de colágeno en el siglo VII hasta el año 1954, año en el que por primera vez se pudo trasplantar un órgano de manera exitosa, siendo un trasplante de riñón entre gemelos idénticos. Este último hecho, si bien pudo ser resumido como un acontecimiento en líneas anteriores, en la actualidad es considerado uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la medicina moderna. Así también, marcó un hito en la historia universal, ya que pavimentó el camino para la generación de avances cruciales en la medicina, como los trasplantes de corazón, hígado, páncreas y pulmones. En este contexto, el éxito del trasplante de órganos en la medicina se tradujo como un mecanismo por medio del cual la humanidad se convertía capaz de enfrentar las nuevas amenazas que representaban las enfermedades focalizadoras, como el cáncer, para el ser humano; convirtiéndose el trasplante de órganos en una suerte de esperanza de la humanidad.
En dicho sentido, el trasplante de órganos es calificado, a gran escala, como una práctica que no solo representa los avances de la medicina, sino también como una práctica que ofrece una oportunidad tangible de supervivencia y bienestar a quienes luchan contra enfermedades crónicas o fallos orgánicos. De esta forma, el trasplante voluntario, también denominado como donación de órganos, se convierte en un acto de altruismo que no solo alivia el sufrimiento de los receptores y sus familias, sino que también fortalece los lazos comunitarios al fomentar la solidaridad y la empatía. Todo ello sin perjuicio de que la donación de órganos impulse la investigación médica y los avances tecnológicos en el campo de los trasplantes, beneficiando a la sociedad en su conjunto.
En nuestro país, a pesar de la gran reputación mundial que tiene la donación de órganos como práctica, ya sea en parte por la historia descrita en líneas anteriores o por motivos que se explorarán en los siguientes acápites, la situación de la donación de órganos y tejidos en el país es escasa. Actualmente, el Perú se encuentra en una posición desfavorable en comparación con otros países latinoamericanos, con una tasa de donación de apenas dos donantes por cada millón de habitantes (en el año 2020, esta cifra descendió a 0.5 donantes por cada millón de habitantes). Como consecuencia de esta situación, entre dos y tres personas pierden la vida diariamente mientras aguardan un órgano compatible.
Es en este contexto, se vuelve imperativa una norma como la Ley 31756 la cual, tan solo en su artículo 1, inicia otorgándonos un panorama del claro propósito que busca alcanzar: promover la donación de órganos en nuestro país. Teniendo un propósito en claro, el mecanismo que se pretende implementar en nuestro país es sencillo: establece que todo ciudadano peruano será donante de órganos y tejidos humanos, salvo declaración contraria. En dicho sentido, la donación parece, por defecto, ser obligatoria. Sin embargo, acorde con el artículo 5, aquel que no quiera ser donante tendrá la posibilidad de registrarse en RENIEC, siendo esta declaración expresa y revocable, siendo parte de un trámite distinto a la expedición del DNI.
2. La donación de órganos y el consentimiento presunto
La primera Ley de Donación de Órganos data de 1982, pero es una práctica que en la actualidad no ha logrado calar en la cultura de los peruanos. Ello lo demuestran las estadísticas del Registro Internacional en Donación de órganos y trasplante (IRODAT), en cuyo registro, el Perú se ubica en el puesto 62 del ranking mundial de países con mayores donantes. Esta situación se refleja en las muertes diarias por falta de donantes, según el Ministerio de Salud, la cifra asciende a 3 fallecidos por día.
Del mismo modo, las causas que explican la escasa cantidad de donantes en el Perú son variadas. Sin embargo, las más resaltantes son el desconocimiento y el temor, por un lado, quienes se niegan a ser donantes desconocen el procedimiento y los órganos pasibles de ser donados. Según la Organización Nacional de Donación y trasplantes (ONDT) el desconocimiento conlleva a que los ciudadanos divulguen mitos e información tergiversada sobre la donación, tales como: “La donación podría dañar mi cuerpo y salud”, “Si soy donante, los médicos no se esforzaran por curar mis males”, “Si soy donante, podría ser víctima del tráfico de órganos”, entre otros. Esta información es recibida, y a su vez, causa temor en la ciudadanía. No obstante, lo que resulta más preocupante es el desconocimiento de la problemática, ya que, el ciudadano que cumple la mayoría de edad y que debe elegir ser donante o no, no es consciente de la importancia de su decisión, ello debido a que desconoce la magnitud del problema. Sin embargo, también existe un problema estructural, según El Comercio [1] , en el Perú existen una cantidad limitada de hospitales trasplantadores, y ello se debe a que, para que un centro de salud sea acreditado como trasplantador, la ONDT evalúa que se cuenten con los equipos, la infraestructura y el personal adecuados para el tipo de intervenciones que merecen los trasplantes de órganos y tejidos. En el país, muy pocos hospitales se encuentran en condiciones para hacer procedimientos básicos, por lo que se encuentran muy lejos de tener la certificación para ser “trasplantadores”.
Por su lado, el Ministerio de Salud intenta lidiar con el panorama que enfrenta la donación de órganos en el Perú por medio de la Ley N° 31756. La normativa busca implementar el consentimiento tácito como método para aumentar el número de donantes. A través de este método, el MINSA pretende que quiénes no quieran ser donantes deberán completar un formulario o declaración jurada donde afirmen “no ser donantes”. Sin embargo, los ciudadanos que no expresen su negativa serán automáticamente registrados como donantes, es una estrategia que busca lidiar con el número de ciudadanos no donantes por desconocimiento. Durante las últimas semanas, han surgido cuestionamientos y dudas respecto a la figura del consentimiento tácito y sobre su validez jurídica. Por ello, es preciso recordar que el consentimiento presunto es una declaración tácita de la voluntad reconocida por el ordenamiento jurídico, pero posee cualidades específicas como la inversión de la carga al donante. Esto implica que el sujeto deberá manifestar su negativa de ser considerado como donante a través del procedimiento reconocido por ley. A partir de
la experiencia comparada, es posible afirmar que el consentimiento presunto es una forma efectiva para aumentar el número de donantes, empero existen otras problemáticas que van de la mano.
3. Impacto de la Ley N° 31756 en la salud pública y en la economía
La experiencia en el Perú no ha demostrado mejoras en el sistema de donación de órganos y tejidos. Por el contrario, año tras año la ineficiencia ha sido evidente, por lo que un nuevo mecanismo como el consentimiento presunto podría ser la mejor opción para mejorar no solo el número de donantes, sino la salud y economía de los ciudadanos.
En principio, el incremento de donantes será proporcional a una mejora de la salud pública, pues determinados pacientes podrían prolongar su vida y mejorar su salud. Según el Colegio Médico del Perú[2] en la actualidad existen alrededor de 5700 personas esperando recibir un trasplante en todo el país, pero existen 0.7 donantes por millón de habitante. Según la mencionada institución, incrementar la cantidad de donantes contribuiría a mejorar la calidad de vida de personas cuya única esperanza es encontrar un donante. Sin embargo, mientras la espera se hace más larga, también crecen los gastos por tratamientos. Ello debido a que, aquellos órganos y tejidos pasibles de ser objeto de trasplante son los mismos cuyos tratamientos representan grandes costos para entidades del estado (cuando se trata de pacientes asegurados en ESSALUD) o peor aún para individuos que no han podido obtener un seguro de salud.
Tal y como menciona la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades renales son las más padecidas en el mundo, y sobre todo las que mayores muertes producen. En esa línea, Tarrida [3] , quién realiza un estudio en México acerca del costo anual de tratamientos de enfermedades renales, más conocidos como diálisis, afirma que, las diálisis anualmente tienen un costo de 13000 millones de pesos y solo cubren un 0.8% de la población con enfermedad renal. Según tales estadísticas, las millonarias cifras que se invierten en México por realizar tratamientos de diálisis no logran cubrir ni cerca de la mitad de las personas que padecen de enfermedades renales, pero la cifra de enfermos sigue en aumento. Esta situación no es ajena a lo que sucede en el Perú, donde cerca del 11% de la población padece de enfermedades renales, el 40% de estos casos se encuentran asegurados en ESSALUD, sin embargo, el otro porcentaje se divide entre las personas que pueden costear seguros de salud privados y personas que no pueden acceder a seguros de salud para tratar estas enfermedades. Por lo tanto, tratar enfermedades renales es sinónimo de costos elevados, los mismos que son afrontados por el Estado y ciudadanos de a pie. No obstante, está situación podría ser resuelta con un mayor número de donantes, ya que las enfermedades renales afectan a órganos que son pasibles de ser transferidos. Ahora bien, la experiencia en países como Chile confirman que el consentimiento presunto es un método eficiente para incrementar el número de donantes de órganos. Por lo tanto, se espera que la Ley 31756 que implementa el consentimiento presunto como forma de expresión de la voluntad para la donación de órganos mejore no solo la cifra de donantes, sino la salud y economía en el país.
4. La otra cara de la donación de órganos
La donación de órganos presenta desafíos complejos que merecen ser abordados desde múltiples perspectivas en nuestro país. Por un lado, la venta ilegal de órganos es un fenómeno preocupante que explota la vulnerabilidad de las personas necesitadas y socava la integridad de los sistemas de salud. Esta práctica, lamentablemente, crea un mercado clandestino que prospera a expensas de la desesperación y el sufrimiento de los más vulnerables.
En línea con lo sostenido, la falta de transparencia por parte de los organismos estatales encargados de regular y supervisar la donación de órganos también plantea interrogantes importantes. La opacidad en los procesos de asignación de órganos y la gestión de los recursos disponibles pueden socavar la confianza pública en el sistema y comprometer la equidad y la justicia en la distribución de órganos.
Si bien son pocas las noticias que abordan la problemática del tráfico de órganos en nuestro país, una cobertura del diario El país [4] , en España, nos relata el panorama en el Perú: la existencia de una red de tráfico ilícito de órganos que se esconde detrás de los organismos estatales, que deberían haberse encontrado regulando y supervisando la donación de órganos.
Así, el artículo inicia relatando el fallecimiento de un empresario mexicano el pasado diciembre, debido a un trasplante clandestino de riñón en Lima el cual, hace una década permitió destapar una red de clínicas privadas y médicos de la sanidad pública en Perú que trafican con órganos humanos.
Así, estas denuncias pusieron de manifiesto la existencia del turismo por trasplante en el país. De esta forma, la 4ª Fiscalía Provincial Penal de Lima está próxima a concluir la investigación, habiendo interrogado a más de 40 médicos y examinado a 7 clínicas de renombre en la ciudad donde supuestamente se realizaron 20 trasplantes clandestinos, según el diario Perú 21.
En dicho sentido, se reveló que, por alrededor de 100,000 dólares, los pacientes podrían obtener el órgano, realizar las pruebas de compatibilidad y someterse al trasplante. El Colegio Médico del Perú (CMP) informa que los pacientes extranjeros que eligen someterse a trasplantes clandestinos en Perú viajan dos veces: la primera para realizar estudios de compatibilidad y la segunda para la operación.
Julio Castro, en su momento decano del Colegio Médico, destacó que la falta de datos sobre la frecuencia de estos hechos dificulta la comprensión total del problema, no solo en Lima, sino también en otras regiones del país; y hace un llamado a las autoridades sanitarias y gobiernos locales para aumentar las inspecciones en los establecimientos de salud y prevenir futuros casos similares. Estas que, en la actualidad, no han generado investigación pública alguna.
Si bien es clara la incompetencia del ordenamiento jurídico para la solución de estas problemáticas o, siquiera, la erradicación de determinada red de tráfico de órganos, lo cierto es que estos problemas requiere un enfoque equilibrado que considere tanto la necesidad de combatir la explotación como la importancia de garantizar la transparencia y la integridad en todos los aspectos de la donación de órganos, con tal de forjar un sistema que efectivamente promueva la legítima donación de órganos.
- Conclusión
Por lo mencionado hasta el momento, se puede afirmar que la medida tiene altas probabilidades de incrementar el número de donantes en el país. Más allá de una cuestión de números, la medida está estrechamente relacionada con la salud y la economía. De esta manera, habrá mayor cantidad de pacientes que podrán acceder a tejidos y órganos a través de trasplantes, por lo que, no pagarán por tratamientos con costos elevados. Sin lugar a duda, la normativa implementada coadyuvará en la mejora de la salud pública, pero aún subsiste la necesidad de una política pública que establezca ejes de acción para que las personas sean donantes de manera consciente.
Editorial redactado por Camila Díaz y Dayana Martínez
Referencias
[2] https://www.cmp.org.pe/tasa-de-donacion-de-organos-se-encuentra-en-su-ratio-mas-bajo/
[3] https://www.redalyc.org/journal/4577/457755436004/457755436004.pdf
[4] https://www.elmundo.es/america/2010/03/14/noticias/1268591948.html
