Por Enfoque Derecho
El lunes 10 de julio, los integrantes del grupo extremista La Resistencia, acusados por actos de hostigamiento y violencia contra periodistas, titulares de instituciones estatales y asociaciones, se reunieron con el viceministro de Interculturalidad, Juan Reátegui Silva, según lo informó el propio Ministerio de Cultura a través de su cuenta oficial de Twitter. En otra publicación, el sector de Cultura, aseguró que el viceministro «enfatizó que desde el Mincul se viene trabajando en visibilizar que el racismo sigue siendo una problemática y, con ello, el impulso de acciones para prevenirla a nivel multisectorial». Además, confirmaron que en la reunión estuvo presente Juan Muñico Gonzales, presidente de La Resistencia, quien, según informó el Mincul, «reseñó hechos que calificó como denigrantes y si éstas podían calificar como actos de discriminación étnico-racial».
La Resistencia es un colectivo peruano de extrema derecha, registrado como asociación civil, vinculado a los partidos políticos Fuerza Popular y Renovación Popular. En marco de las crisis políticas de 2017-2020, el colectivo ganó fama por atacar a políticos opositores de los movimientos políticos de su afinidad, bajo la conspiración de la «izquierda caviar». Se indicó que los representantes de La Resistencia integraron la reunión debido a una solicitud que ellos mismos habían presentado, a fin de dar a conocer sus inquietudes con relación a casos de discriminación, y el tratamiento que se les está dando de acuerdo a la “política de puertas abiertas” que ha implementado el Ministerio de Cultura. Sin embargo, en horas de la tarde del 11 de julio, la directora del Programa Sectorial IV de la Dirección General de Ciudadanía Intercultural, Diana Álvarez Neyra, señaló que dicho encuentro no fue parte de la referida estrategia. Esto se da por medio de una carta remitida a la ministra. Esto ha provocado que la viceministra de interculturalidad presente su renuncia. Indicó que la cuestionada reunión no fue por motivos de la campaña titulada “Perú sin Racismo”, sino por “requerimiento” de la ministra de la misma cartera.
No obstante, esto genera bastante suspicacia, pues la resolución ministerial que aprueba la estrategia «Perú sin Racismo» establece que la Dirección General de Ciudadanía Intercultural del Mincul es la que está a cargo de implementar dicho programa. Asimismo, Álvarez Neira indicó que «La reunión de ayer con La Resistencia no fue convocada por mi equipo en tanto no existe ningún caso de discriminación étnico racial que haya sido puesto en conocimiento por los canales oficiales del servicio Orienta» y que “a pesar de ello […] hicieron pasar a los integrantes de La Resistencia para atender el requerimiento de su despacho y de la oficina de comunicaciones».
Por su parte, la parlamentaria Susel Paredes consideró que la cartera «ha faltado el respeto a la democracia», al recibir «a gente que amenaza de muerte». «Esto es imperdonable», remarcó, y exigió la renuncia de la ministra Leslie Urteaga. Su colega, Silvana Robles, también expresó su condena y advirtió que el grupo de extrema derecha «ha hecho de la agresión impune a personalidades e instituciones incómodas al fujimorismo una práctica cotidiana». A los cuestionamientos, también se sumó Nuria Esparch, quien fue ministra de Defensa durante el gobierno de Francisco Sagasti: «Con los delincuentes no se dialoga. Se les detiene, se les procesa y se les encarcela».
Al respecto de lo indicado, desde Enfoque Derecho, estamos de acuerdo que la política del Mincul debería estar guiada por una escucha activa de todos los grupos de la sociedad civil, ya que estaríamos en un marco de pluralidad. Sin embargo, debemos enfatizar en la totalidad de los grupos y la atención del Estado, dado que el Mincul espera pasivamente a que estos se acerquen, pero no se acerca por cuenta propia a ninguno de ellos. Además, hay que considerar que son los grupos en desventaja quienes carecen de esta representatividad y encuentran trabas para su organización o conformación como asociación. Piénsese en los colectivos feministas, LGTB, pro derechos reproductivos, quienes apoyan la despenalización del aborto, colectivos de estudiantes de secundaria con pedídos legítimos, etc. Por tanto, no se trata de cuánta pluralidad resiste la democracia, sino qué pluralidad se espera en democracia, un tema que explicamos a continuación.
¿Cuánta pluralidad tolera la democracia?
La representación de grupos históricamente relegados o, como mínimo, faltos de un lugar adecuado para ventilar sus necesidades y opiniones, invita a centrar la mirada en la participación ciudadana como un objetivo -aún- en construcción. En el país, las diversas posturas que surgen frente a los acontecimientos sociales y políticos, no siempre suelen ser ventiladas por vías pacíficas ni mucho menos democráticas. A fin de cuentas, es esto lo que es la participación ciudadana plural: una aspiración democrática.
En este sentido, la incorporación al debate de grupos diversos, incluido el de la llamada “Resistencia”, bien pueden ser justificados desde un enfoque de participación plural. Esto sucede a razón de lo que bien señala Rodolfo Canto[1] pues, por definición, mientras un enfoque plural se concentra en la participación de la “sociedad civil organizada”; el enfoque democrático observa la integración de toda la sociedad en sentido amplio. En este marco, habida cuenta que “La Resistencia “ es una asociación que canaliza la voz de cierto grupo que busca ingresar a espacios de formulación de políticas públicas, no puede cuestionarse ello desde esta perspectiva.
¿Qué tipo de pluralidad concuerda con la democracia?
Sin embargo, desde el extremo de lo que se presentó como participación democrática, cabe hacer una crítica respecto a lo sucedido y, particularmente, al rol de las instituciones. Evidentemente, el ingreso de grupos controvertidos (por decir lo menos), como La Resistencia, en un espacio donde se discuten políticas de nivel estructural, tal como el racismo o la educación, es bastante problemático. Esto es así porque, revisando el panorama completo, cabe preguntarse ¿En dichas mesas, acuden más organizaciones o, como mínimo, se las invita? ¿No es más democrático equiparar la mesa de diálogo con actores de opiniones diversas o, incluso, contrarias? ¿Por qué frente a la participación de La Resistencia no se hacen esfuerzos por invitar a quienes difieren de este punto de vista?
Estas son algunas de las cuestiones que surgen frente a tal escenario y, particularmente, trae a reflexión algunos apuntes en torno a la participación ciudadana, pues si nos alejamos de un enfoque democráticos, continuamos ignorando la situación de desventaja estructural que impide que grupos relegados puedan organizarse y, por ello, no gocen de facilidades para llegar con tal comodidad a los espacios de planificación de políticas públicas.
En este sentido, si las políticas públicas están dirigidas a temas como la erradicación del racismo, claro está que un grupo a priorizar deben ser asociaciones de quienes se ven directamente afectados por este. Asimismo e incluso mejor, crear mecanismos de escucha para toda la sociedad civil afectada, pues como ya se ha mencionado, muchas veces los grupos relegados son quienes tienen dificultades para organizarse y lograr una representación adecuada.
Reflexión final
La aspiración por lograr una óptima participación ciudadana no es un tema ni puramente cuantitativo; pues no se debe perder de vista que este objetivo debe estar blindado de un carácter democrático y no solo plural. Evidentemente, el diálogo con grupos como La Resistencia no debe ser subestimado, pues de ello es posible extraer cuales son sus peticiones y propuestas. No obstante, el espacio para la sociedad debe ser amplio y, en este sentido, invitar a un diálogo verdaderamente democrático con todos los sectores de la ciudadanía. Centrar la mirada en las asociaciones que pretenden ingresar en espacios de políticas sensibles, como el racismo o la educación, tiene que ser una oportunidad para exigir mesas democráticas con la ciudadanía ampliamente entendida. Solo de esta forma se consigue una verdadera representación, donde los espacios de políticas públicas escuchen, en primer lugar, a quienes son los directamente afectados, solo así hay espacio para un diálogo democrático.
Editorial escrito por Mercedes Bueno y Hilary Vega
Fuentes:
[1] https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-69162017000100054
