Por Enfoque Derecho
- Tras varios días de protesta se declaró inmovilización social obligatoria por 5 días calendario en algunas provincias.
El ministro de Defensa, Alberto Otárola, sostuvo el pasado miércoles 14 que, debido a los disturbios ocasionados en distintos puntos de la carretera Panamericana, se ha optado por declarar en estado de emergencia la Red Vial Nacional y las ciudades de Ica y Arequipa. Esto significaba que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú pasaban a “asumir el control en todo el país para asegurar el libre tránsito de todos los peruanos, para que puedan ejercer de manera adecuada los derechos que la Constitución les garantiza” mencionó Otárola.
Bajo esa misma línea, ante las protestas, saqueos y muerte, el Gobierno, mediante Decreto Supremo N° 144-2022-PCM, decretó inmovilización social obligatoria en 15 provincias del Perú. Entre ellas se incluye a las provincias de Arequipa, La Libertad, Ica, Apurímac, Cusco, Puno, Huancavelica y Ayacucho.
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2. Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo y comparecencia con restricciones para Aníbal Torres por el delito de rebelión.
La madrugada del lunes 12 de diciembre con 67 votos a favor el Pleno del Congreso aprobó la Resolución que levantó la inmunidad presidencial; es decir, la prerrogativa de antejuicio político, al expresidente Pedro Castillo. Ante esto, el fiscal supremo Uriel Terán, de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, envió un pedido de 18 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo. Dicho pedido también alcanzaría al ex primer ministro Anibal Torres, quien en ese entonces se encontraba en la clandestinidad tras ser denunciado por Patricia Benavides, fiscal de la Nación.
Por esto, el día jueves 15 a las 8:30 am el juez Juan Carlos Checkley inició la audiencia para evaluar la solicitud de prisión preventiva. Mientras tanto, Pedro Castillo se encontraba detenido en la sede de la Diroes. Finalmente, el juez supremo Checkley dictó 18 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo y comparecencia con restricciones para Anibal Torres por el presunto delito de rebelión y otros. Ante esto, por un lado, la fiscalía está conforme con la orden de Castillo pero no con la interpuesta a Torres, por lo que apelará; por otro lado, la defensa de Castillo no se encuentra conforme y apelará la decisión; mientras que, la de Anibal Torres no.
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3. Denuncian a Dina Boluarte y ministros por muertes en protestas.
El viernes 16 se dio a conocer que Abimael Mendez Conde, Yuri Martínez Ochoa, Víctor Porras Rivera y Jack Diburga Cuba, todos abogados, plantearon una denuncia penal contra la presidenta Dina Boluarte, el premier Pedro Angulo, los ministros César Cervantes, ministro del Interior, y Alberto Otárola, ministro de Defensa, así como al jefe de la Macro Región Policial de Ayacucho, Antero Mejía; el comandante general de la Segunda Brigada de Infantería Militar de Ayacucho, Jesús Vera Ipenza; y el congresista Jorge Montoya “por resultar instigador de los delitos denunciado”, aseguraron los abogados.
Dicha denuncia penal sería a causa de las muertes registradas durante las protestas al interior del país en esta semana. A todos ellos se les imputa la presunta comisión de los delitos de genocidio y homicidio calificado “en grave contexto de violación de derechos humanos” cometido contra los manifestantes que perdieron la vida durante las protestas. Por ende, los abogados solicitaron a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de Huamanga —en atención y protección de derechos protegidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos así como la Constitución Política del Perú— que ordene la detención de Boluarte y compañía porque cometieron presuntamente delitos en flagrancia, en este caso el delito de genocidio, y deberían tener prisión preventiva.
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4. Congreso no aprueba dictamen sobre adelanto de elecciones generales para diciembre de 2023.
La presidenta Dina Boluarte la tarde del lunes 12, a través de un mensaje a la Nación, anunció que enviará al Congreso un proyecto de Ley para trabajar en conjunto con el Congreso en el adelanto de elecciones para abril del 2024. Ante esto, el jueves 15 el ministro de Justicia, José Tello sustentó en el pleno del Congreso un proyecto de Ley que proponía el adelanto de elecciones. Cabe precisar que esta acción se llevó a cabo debido a que previamente, el pasado 1 de diciembre, la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso había aprobado el dictamen que propone el adelanto de elecciones generales para el 2023. Por lo que, la junta de Portavoces, que se reunió con la conducción del presidente del Congreso, José Williams Zapata, acordó que sea el ministro de Justicia quién se encargue de presentar dicho proyecto en la sesión del Pleno del Congreso.
No obstante, el dictamen obtuvo 49 votos a favor, 33 en contra y 25 abstenciones, por lo que no logró el mínimo de 87 votos que requería para su aprobación en primera votación. Ni siquiera superó la valla de 66 votos a favor, votación que se necesitaba para que la iniciativa sea sometida a referéndum. Pese a esto, se aprobó que la actual legislatura sea ampliada hasta el 31 de enero de 2023 para que se priorice el debate de dicha iniciativa y, posteriormente, sea aprobada.
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5. La fiscalía solicitó 15 años de pena privativa de libertad para Martín Vizcarra por el presunto delito de cohecho pasivo propio.
En medio de toda la crisis política y las manifestaciones el Tercer Despacho del Equipo Especial Lava Jato formuló requerimiento acusatorio contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, y solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por el presunto delito de cohecho pasivo propio. «La pena solicitada por este Ministerio Público en contra del acusado Martín Alberto Vizcarra Cornejo es de quince (15) años de pena privativa de la libertad y accesoriamente inhabilitación de incapacidad o impedimentos para obtener mandato, cargo, empleo o comisión de carácter público por un plazo de nueve (9) años y el pago de S/ 151,580.00 por concepto de días multa», se lee en el documento firmado por el fiscal provincial titular, German Juárez Atoche, según RPP.
Asimismo, esta investigación data desde marzo de 2021 y sustenta su pedido en la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio por la ampliación de la Frontera Agrícola Lomas de Ilo-Moquegua y Ampliación y Mejoramiento del Hospital de Moquegua. Bajo esa misma línea, para formular el pedido, se han tomado en cuenta las declaraciones que brindaron aspirantes a colaboradores eficaces respecto a presuntos sobornos que habría percibido Martin Vizcarra por parte de empresas vinculadas al “Club de la construcción”.
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