Por Enfoque Derecho
1. México llevará a Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia.
El Gobierno de México, liderado por Andrés Manuel López Obrador, ha presentado una demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia contra el país de Ecuador debido a un incidente violento ocurrido en la Embajada mexicana en Quito el pasado 5 de abril.
Todo se debe, de forma central, a un suceso exacto. Todo comenzó cuando la policía ecuatoriana irrumpió violentamente en la Embajada mexicana en Quito bajo las órdenes del presidente Daniel Noboa. Durante la incursión, maltrataron al personal diplomático mexicano y se llevaron por la fuerza al exvicepresidente Jorge Glas. El asalto fue capturado por las cámaras de seguridad de la embajada, mostrando a una docena de policías armados ingresando a la sede diplomática, derribando la puerta de acceso y maltratando a los funcionarios mexicanos mientras sacaban a rastras a Glas.
Jorge Glas, exvicepresidente durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno, se refugió en la Embajada mexicana en diciembre pasado después de haber pasado unos cinco años preso por un caso de corrupción. Pesan sobre él dos condenas, por asociación ilícita para delinquir y por cohecho, con una condena de ocho años impuesta en 2020. Glas solicitó asilo político a México para evitar su condena.
Es así que el Gobierno de México, a través de la canciller Alicia Bárcena, ha demandado a Ecuador ante el Tribunal Internacional de Justicia por la violenta agresión en la Embajada mexicana. La demanda busca juzgar lo sucedido aquel día y pide que se suspenda a Ecuador como miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Además, se solicita la expulsión de Ecuador del organismo si se confirma que se violaron los principios establecidos por la carta fundacional de Naciones Unidas.
El incidente ocurrido en la Embajada mexicana en Quito ha provocado una fuerte reacción del Gobierno mexicano, que busca llevar a Ecuador ante el Tribunal Internacional de Justicia por la agresión. Este informe proporciona una visión general del incidente, su contexto político y las acciones legales tomadas por México.
Fuentes:
https://www.forbes.com.mx/crisis-diplomatica-mexico-ecuador-lo-que-esta-en-juego/
https://cnnespanol.cnn.com/2024/04/10/que-pasaria-denuncia-mexico-ecuador-cij-procede-orix/
2. El Congreso decide no inhabilitar a Aníbal Torres por diez años.
Durante su periodo como premier, Aníbal Torres introdujo las llamadas Sesiones de Consejos de Ministros Descentralizados, en las que trasladaba a todos los ministros y sus comitivas a diferentes ciudades del Perú.
En agosto de 2022, Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, presentó una denuncia constitucional contra Aníbal Torres por supuestamente azuzar a los dirigentes de organizaciones sociales a movilizarse hacia la capital. Según el informe, se determinó que los actos y expresiones de Aníbal Torres, principalmente en los Consejos de Ministros Descentralizados y entrevistas en medios de comunicación, constituían conductas que infraccionan los artículos 38, 45 y 125 de la Carta Magna.
El Pleno del Congreso archivó el informe que recomendaba inhabilitar a Aníbal Torres, ex presidente del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo Terrones, para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años.
En respuesta a la acusación de azuzar contra el Congreso, Aníbal Torres afirmó que sus declaraciones como primer ministro estaban amparadas por la libertad de expresión. Torres sostiene que no transgredió los artículos 38, 45 y 125 de la Constitución, y que, por el contrario, cumplió con el mandato constitucional.
Además, Torres señaló que el informe viola la Constitución y busca sorprender la buena fe de los congresistas y de los peruanos. Catalogó el informe como «una falsía» antes de retirarse de la sesión.
Fuente:
3. El Congreso no respalda mociones de censura contra Rómulo Mucho, ministro de Energía y Minas.
El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, enfrentó una moción de censura ante el Pleno del Congreso de la República, impulsada principalmente por las bancadas de Perú Libre y Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Durante el debate, las bancadas de derecha acusaron un sesgo contra el sector minero y empresarial por parte de las fuerzas políticas de izquierda, quienes argumentaron que “la minería es incompatible con la agricultura, puesto que esta la destruye”.
El Pleno del Congreso resolvió mantener a Rómulo Mucho en su cargo con 68 votos en contra, 25 a favor y 16 abstenciones. El ministro recibió el apoyo de todas las bancadas de derecha, entre ellas el fujimorismo, Alianza para el Progreso (APP), Avanza País, Somos Perú y Renovación Popular, las cuales votaron unánimemente en contra de la moción. Podemos Perú emitió votos en amarillo.
Al inicio de la sesión, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto Reyes, propuso sumar las mociones 10873 y 10874 que planteaban la censura del ministro Rómulo Mucho por incapacidad técnica y falta de idoneidad para el ejercicio del cargo. La propuesta fue aceptada sin objeciones por el Pleno, y se procedió con el debate.
Fuente:
https://www.atv.pe/noticia/congreso-rechaza-mociones-de-censura-contra-ministro-romulo-mucho
4. El Congreso aprueba el séptimo retiro de hasta 4 UIT de las AFP.
El Pleno del Congreso de la República aprobó el 12 de abril de 2024 la autorización para que todos los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, sin excepción, puedan realizar el retiro facultativo de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT), equivalentes a S/20,600, de sus fondos en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Los afiliados deberán presentar su solicitud, ya sea de manera física o virtual, dentro de los 90 días calendario posteriores a la entrada en vigor del reglamento de la ley aprobada.
En caso de que el afiliado decida desistir de continuar retirando fondos de su cuenta individual de capitalización (CIC), podrá solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones con diez días calendario de antelación al siguiente desembolso.
Los fondos retirados serán considerados intangibles y no estarán sujetos a descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención o cualquier otra forma de afectación, ya sea por orden judicial o administrativa, independientemente de la cuenta en la que se hayan depositado.
Cabe destacar que esta normativa no se aplicará a retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo del 30% de lo retirado.
Las instituciones financieras, incluyendo el Banco de la Nación y las entidades emisoras de dinero electrónico, podrán abrir cuentas, ya sea de manera masiva o individual, a nombre de los beneficiarios identificados por las AFP, sin necesidad de celebrar un contrato previo o contar con la aceptación del titular de la cuenta.
De conformidad con la ley aprobada, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS) determinará el procedimiento operativo para el retiro en un plazo que no podrá exceder los quince días calendario a partir de la entrada en vigor de la ley. Esta disposición será responsabilidad del titular de la SBS.
Fuente:
