- Congreso plantea crear comisión que investigue muertes durante recientes protestas en varias regiones del país
El congresista Jorge Flores Ancachi de la bancada de Acción Popular, cuya vivienda fue quemada en Puno el último lunes, planteó que el grupo de trabajo especial investigue los hechos ocurridos en esa región el 9 de enero, en un plazo de 90 días.
Según la moción 5190, la comisión debe ser presidida por la mandataria Dina Boluarte; el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola; ministros de Estado; congresistas de Puno; autoridades locales y dirigentes sociales. Asimismo, a través de la moción 5191 la legisladora Flor Pablo (No Agrupados) propuso que la comisión multipartidaria determine las “responsabilidades políticas, penales y administrativas” por las muertes acontecidas en las protestas sociales iniciadas en diciembre del 2022.
Recordemos, finalmente, que, según datos de la Fiscalía, 39 personas han muerto en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden desde el pasado 11 de diciembre, además de otros 7 civiles “por accidente de tránsito y hechos vinculados al bloqueo” de carreteras.
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2. La ONU se muestra alarmada por el aumento de la violencia en el Perú tras la muerte de 17 personas en Juliaca
El 10 de enero, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos manifestó su preocupación por el agravamiento de la crisis política en el Perú después de los sucesos en el sur del país, donde al menos 17 personas fallecieron este lunes en protestas antigubernamentales en las inmediaciones del aeropuerto local.
“Instamos a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las personas muertas y heridas, y que se garantice a las víctimas el acceso a la justicia y a la reparación”, subrayó en un comunicado la portavoz de la oficina Marta Hurtado, desde Ginebra.
Hurtado también reiteró el llamamiento de la ONU a que “las fuerzas de seguridad cumplan las normas de derechos humanos y garanticen que sólo se hace uso de la fuerza cuando es estrictamente necesario y, en tal caso, respetando plenamente los principios de legalidad, precaución y proporcionalidad”.
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https://news.un.org/es/story/2023/01/1517812
3. Proponen que policías puedan utilizar sus armas de reglamento cuando “los superen en número y realicen acciones violentas”
El congresista Jorge Montoya Manrique presentó el Proyecto de Ley 3873/2022-CR que propone modificar el Decreto Legislativo 1186 que regula el uso de la fuerza policial durante manifestaciones, tumultos y servicios de orden, con el objetivo de salvaguardar la mayor cantidad de vidas.
No obstante, el proyecto propone que, frente a un supuesto crítico y cuando se supere el número de policías, estos últimos puedan utilizar sus armas de reglamento contra los manifestantes. En ese sentido, se busca derogar el principio de proporcionalidad que inspira el Decreto Legislativo, una norma que regula el uso de la fuerza letal progresiva de la policía, es decir, cuándo deben disparar.
Esta iniciativa parlamentaria se presenta en medio de una crisis social y política que hasta el momento ha provocado múltiples muertes de civiles y policías. Dicho principio sería reemplazado por el de la defensa de la vida, el cual prioriza la defensa de la vida y la salud, especialmente del personal policial que interviene.
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4. Gobierno declara el estado de emergencia en Callao, Lima, Puno y Cusco
El Gobierno, mediante Decreto Supremo n.º 009-2023-PCM, estableció estado de emergencia desde el 15 de enero, por 30 días, en tres regiones, cuatro provincias y un distrito del país. El documento se publicó esta noche en el Diario El Peruano. La medida incluye cinco carreteras y encarga el orden interno a la PNP, con apoyo de las Fuerzas Armadas. Asimismo, el Estado de emergencia rige en cinco carreteras de la Red Vial Nacional: la carretera Panamericana Sur, la carretera Panamericana Norte, la carretera Central, el corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y el corredor Vial Interoceánica Sur.
Otra medida del Decreto Supremo es la inmovilización social obligatoria en la región Puno, que entra en vigencia por el término de 10 días calendario y determina que todas las personas permanezcan en sus domicilios desde las 8.00 p. m. hasta las 4.00 a. m. Esta decisión del Gobierno se da a raíz de dos oficios presentados por la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, donde se recomienda declarar en estado de emergencia los territorios ya mencionados.
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