Por Enfoque Derecho
- INTRODUCCIÓN
La creciente ola de extorsión y la imposición de cupos en el país ha alcanzado proporciones alarmantes, desatando una creciente preocupación entre las autoridades y, lo más inquietante, sembrando un clima de incertidumbre y terror en la ciudadanía, quienes son las principales víctimas de esta ola delictiva. Los pequeños negocios, como las bodegas, y el sector de transporte público se encuentran entre los más afectados por este fenómeno criminal que, a primera vista, parece imparable.
Lo más preocupante es el constante aumento de las extorsiones, que se ha venido intensificando año tras año. En el primer trimestre de 2023, el Sistema Informático de Registro de Denuncias de la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó un total de 4,397 denuncias por extorsión a nivel nacional[1]. En particular, Lima Metropolitana sigue siendo el epicentro de estas situaciones, registrando 1,817 denuncias por extorsión en los primeros tres meses del año, consolidándose como un lugar en donde los delincuentes operan con creciente impunidad y las autoridades parecen no haber ejecutado las medidas suficientes para afrentar la problemática.
En la actualidad, la principal problemática es aquella que afecta a los transportistas de diversos gremios, quienes demandan al Estado una mayor protección ante las crecientes amenazas que enfrentan. El ejercicio diario de su labor no solo pone en riesgo su patrimonio, sino que, en numerosos casos, representa una amenaza directa a sus vidas, evidenciando la gravedad de la situación de inseguridad en la que se encuentran.
Frente a estos alarmantes acontecimientos, el pasado 26 de septiembre, los transportistas convocaron un paro exigiendo al gobierno medidas de protección que aseguren, al menos, la preservación de sus vidas. Sin embargo, la situación se tornó aún más crítica el 27 de septiembre, cuando 25 vehículos fueron incendiados en el distrito de Independencia, presuntamente en represalia por parte del grupo criminal «Los Pulpos del Cono Norte», respuesta a las protestas organizadas por los transportistas. Estos hechos evidencian la gran violencia y la falta de control sobre las organizaciones delictivas, poniendo en relieve la desesperación y el estado de indefensión en el que se encuentran los trabajadores del sector de transporte.
Ante la situación descrita, el pasado 28 de septiembre, durante una reunión con representantes de los gremios de transporte, el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, informó que se encuentran en paro en Lima y Callao, y que ya se habría elaborado el dictamen que agrupa más de 20 proyectos de ley con el objetivo de tipificar en el Código Penal el delito de «terrorismo urbano». Esta iniciativa se presenta como una aparente respuesta a las demandas de los ciudadanos y busca, en teoría, constituir un mecanismo para poner fin a las muertes y atentados relacionados con las extorsiones.
Sin embargo, a diferencia de lo que se cree, la iniciativa de tipificar el “terrorismo urbano” no es novedosa. En julio de 2022, el congresista Juan Burgos presentó el proyecto de ley 5525/2022-CR, que buscaba incorporar dicha tipificación en el Código Penal. No obstante, la propuesta no fue aprobada y no hubo mayor discusión hasta el año pasado, cuando el grupo parlamentario Podemos Perú, al cual pertenece el congresista Burgos, retomó el tema. En esa ocasión, se propuso sancionar con una pena de prisión no menor a 25 años a quienes, «de manera individual u organizada, independientemente de su motivación o ideología, generen o mantengan un estado de inseguridad ciudadana en la población o en parte de ella a través de actos delictivos». La propuesta incluso contemplaba un aumento de la pena en casos donde se utilicen armas, artefactos explosivos o cuando el acto resultara en la muerte de una persona.
Actualmente, ante la situación de criminalidad descrita, la congresista Noelia Herrera Medina, de la bancada de Renovación Popular, retomó esta iniciativa, basándose en el proyecto original para plantear nuevamente la incorporación del delito de «terrorismo urbano». Como resultado, el 3 de octubre de 2024, los congresistas se reunieron para debatir el proyecto. Sin embargo, no lograron llegar a un consenso, acordando continuar la discusión en una futura sesión. Debido a ello, hasta la fecha, no se ha anunciado oficialmente una nueva fecha para la reanudación del debate.
Por su parte, el proyecto de ley N°9028/2024- CR tiene como finalidad modificar el artículo 200 del Código Penal y, al mismo tiempo, incorporar el artículo 317 – C con la figura penal de terrorismo urbano, entendido como el delito a partir del cual una persona mediante actos delicitivos provoca, crea o mantiene en un estado de zozobra, alarma o inseguridad a la población, los negocios o empresas. Asimismo, se tiene como objetivo sancionar con cadena perpetua el delito de extorsión, cuando el agraviado es una persona natural o jurídica que brinda servicios públicos, un negocio o empresa. Aunque el fundamento de la norma es poner fin a los actos delictivos, la congresista Noelia Herrera ha mencionado que también es mejorar la percepción de la población que considera que las fuerzas del orden no son capaces de lidiar con los delincuentes y el hecho de que, según la percepción de la ciudadanía, estos últimos no reciben el castigo suficiente por los delitos que cometen.
Frente a la información mencionada, surge una interrogante fundamental: ¿Es realmente eficaz la tipificación del delito de «terrorismo urbano» como medida para reducir la inseguridad ciudadana? En particular, resulta crucial cuestionar la efectividad de esta medida en el contexto de las extorsiones que diariamente afectan a transportistas y pasajeros. Por ello, en el presente editorial, realizaremos un análisis crítico acerca de la inclusión de este delito en el Código Penal y si es que realmente este constituye un mecanismo eficiente para resolver el grave conflicto de extorsiones hacia los transportistas que enfrenta el Perú actualmente.
2. DESARROLLO DE LA POSTURA
Es habitual que, en tiempos de crisis social, política o económica, el Estado responda mediante la elaboración de políticas públicas que buscan atender la presión mediática de manera rápida. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la mera promulgación de leyes, sin el respaldo de estudios sólidos o estrategias fundamentadas, no garantiza una disminución en los índices de criminalidad. Un ejemplo claro de esta tendencia son las iniciativas legislativas que aumentan las penas privativas de libertad, pues ya se ha comprobado que, sin una mejora en los mecanismos de prevención, la problemática persiste.
En este sentido, aumentar las sanciones no garantiza una reducción en el número de extorsiones. En efecto, la insistencia del Poder Ejecutivo en incorporar el “terrorismo urbano” al Código Penal resulta ineficiente, pues las extorsiones surgen, en su mayoría, como consecuencia de factores estructurales tales como el debilitamiento del sistema penal, la precariedad económica, la percepción de impunidad y el control territorial ejercido por organizaciones criminales.
Asimismo, los actores involucrados en la extorsión suelen estar atrapados en un ciclo de pobreza y marginación que limita sus alternativas de subsistencia, de modo que, para combatir el crimen de manera sostenible, las políticas deben abordar las raíces estructurales que empujan a las personas hacia la criminalidad. Es decir, se requiere una tutela efectiva por parte del Estado en estos sectores, en lugar de enfocarse exclusivamente en medidas punitivas o superficialmente culpabilizarlos, tal y como lo hizo la presidenta Dina Boluarte en una ceremonia en la ciudad de Piura, al señalar que «quien delinque lo hace porque seguramente no tiene ingresos».
Así, el verdadero problema detrás del incremento de las extorsiones reside, en gran medida, en la insuficiencia de recursos y la falta de efectividad tanto de la policía como del sistema judicial en el abordaje de este tipo de delitos. En efecto, los ciudadanos no cuentan con una protección efectiva en el plano material. Bajo esa línea, Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre la Violencia, ha señalado que la tipificación del «terrorismo urbano» es una medida populista, pues lo que realmente se requiere es un fortalecimiento de la capacidad de respuesta de los operadores de seguridad y justicia.
Por un lado, la capacitación insuficiente del personal policial es uno de los puntos más críticos, ya que impacta directamente en la atención que se brinda a las personas que denuncian ser víctimas de extorsión. La falta de recursos afecta todas las etapas del proceso investigativo, lo que deja a la policía en una posición de desventaja frente a los delincuentes, que operan con mayor “organización y agilidad”.
Por su parte, el sistema judicial también enfrenta serias deficiencias operativas y de recursos. La sobrecarga de expedientes y los prolongados tiempos de espera para la resolución de casos debilitan la confianza en la justicia. Lamentablemente, una justicia lenta o ineficiente actúa como un incentivo para la criminalidad, pues los delincuentes perciben que las posibilidades de ser procesados y condenados son mínimas.
Por tanto, en lugar de centrarse únicamente en el endurecimiento de las penas, es imperativo destinar recursos a mejorar los métodos de investigación, incrementar la presencia policial en zonas de alto riesgo y garantizar un sistema judicial que pueda tutelar a los afectados por estos delitos para no dejarlos sin un mecanismo de auxilio.
Como se ha mencionado con anterioridad, la extorsión es un delito tipificado que abarca una amplia gama de situaciones, incluyendo aquellas que generan inseguridad en la población, como las amenazas, el uso de violencia o la coerción con el fin de obtener beneficios ilícitos. Dado que este marco normativo ya existe y cubre los actos delictivos relacionados con la extorsión, crear nuevas categorías penales, como el «terrorismo urbano», introduce una redundancia completamente innecesaria, la cual en lugar de aportar soluciones, confunde y entorpece.
Esta «doble carga legal» podría llegar a sembrar el caos en el sistema judicial, al generar incertidumbre sobre qué delito aplicar en cada caso, pues introducir otra figura penal no solo sobrecargaría un sistema judicial ya agobiado, sino que desviaría recursos hacia la gestión de delitos que ya están cubiertos bajo la tipificación de extorsión. Es evidente que la extorsión, por sí misma, genera un ambiente de terror y vulnerabilidad en la población, sin necesidad de encasillarla en una nueva categoría jurídica.
Por último, la tipificación del «terrorismo urbano», en un contexto donde los plantones y manifestaciones constituyen medios habituales para que la población exprese su descontento y ejerza presión sobre las autoridades, representa un riesgo significativo de que esta nueva figura legal sea utilizada para reprimir la voz de los ciudadanos y restringir su derecho a manifestarse.
En el caso específico de los transportistas, las manifestaciones han sido un mecanismo legítimo para visibilizar la violencia y extorsión que sufren, exigiendo al Estado que cumpla con su deber de protegerlos. Por ello, resulta preocupante la creación de esta nueva tipificación penal, dado que su amplitud interpretativa podría ser aprovechada por las autoridades para criminalizar protestas legítimas. Esta inquietud se agrava si consideramos el historial del Perú en cuanto a la represión de protestas, en el que las fuerzas policiales han recurrido, constantemente, al uso excesivo de la fuerza contra la población. Bajo este nuevo marco, cualquier tipo de manifestación podría ser susceptible de ser clasificada como «terrorismo urbano», lo cual supondría una grave amenaza para el ejercicio del derecho fundamental a la protesta.
3. CONCLUSIÓN
A lo largo de la editorial, se ha argumentado que la tipificación del delito de «terrorismo urbano» no constituye una solución efectiva frente a los crecientes delitos de extorsión que afectan al país. Por el contrario, esta propuesta refleja la limitada comprensión y falta de interés del Estado en abordar los conflictos internos, pues más que una medida para combatir la delincuencia, parece un mero intento por apaciguar a la ciudadanía.
Por tanto, los recientes paros de transportistas son una clara expresión del profundo malestar de una población que se siente desprotegida ante el avance de la delincuencia. Estas manifestaciones no solo demandan mejores condiciones de seguridad para los transportistas, sino que reflejan el agotamiento colectivo frente a la ineficacia del Estado en garantizar la seguridad ciudadana. Así, crear nuevas figuras penales, como el «terrorismo urbano», desvía el enfoque de las verdaderas soluciones que el país necesita, pues, en lugar de legislar más, es fundamental reforzar y aplicar con efectividad las leyes que ya existen, asegurando un sistema de justicia sólido y eficiente para proteger a la ciudadanía.
Editorial escrita por Marialitz Fasshauer y Ariana Cabrera
Referencias:
[1]https://puntoedu.pucp.edu.pe/coyuntura/ola-de-extorsiones-la-ciudadania-ya-no-denuncia-pues-ha-perdido-la-confianza-en-las-instituciones/