Por Wilfredo Ardito, abogado y catedrático de la PUCP.
En un país caracterizado por la diversidad lingüística, es doloroso pensar en cuántos ciudadanos se han visto excluidos de la administración de justicia por hablar un idioma diferente del castellano. Afortunadamente, en los últimos años, diversas instituciones han decidido enfrentar esta problemática, aunque todavía existe mucho por hacer.
Tradicionalmente, la falta de atención del Estado peruano a la población cuya lengua materna es distinta del castellano ha tenido serias consecuencias en la administración de justicia, sumándose así a otras barreras estructurales como la indocumentación, la discriminación, la pobreza, las diferencias culturales y las distancias geográficas.
Pese a que desde hace más de veinte años la Constitución establece el derecho de todo ciudadano de expresarse y ser atendido por un funcionario público en su lengua materna (artículo 2, inciso 19), en la práctica este derecho se cumple solamente de manera excepcional. Es más, ni siquiera se entiende que este derecho exista, sino que predomina la concepción de que, si una persona sabe castellano, se le debe atender en dicho idioma, sin que pueda exigir emplear su idioma materno.
La reticencia del Estado a asumir una política lingüística deja a muchos ciudadanos en situación de desprotección, que potencialmente es un caldo de cultivo para la frustración y la violencia. En realidad, se incumple la premisa fundamental para un sistema jurídico positivista: que los ciudadanos puedan conocer las leyes.
En la práctica, muchos procesos judiciales llevados a cabo ante los tribunales peruanos podrían ser considerados nulos porque las partes no tienen la posibilidad de comprenderlos. Solamente, en algunos casos excepcionales, los magistrados piden ayuda para interrogar a un procesado o un testigo, y normalmente esto se realiza de manera improvisada, pidiéndole a cualquier persona sin mayor capacitación que realice la traducción, aunque desconozca los términos jurídicos.
La ausencia de medidas ante la barrera lingüística para el acceso a la justicia se debe, en primer lugar, a la marcada indiferencia hacia la población indígena y sus demandas legales y, en segundo lugar, a la creencia que, con el tiempo, la población indígena irá aprendiendo castellano. De esta manera, el plurilingüismo ha sido considerado como un problema y el monolingüismo como una meta deseable.
La única instancia del Poder Judicial obligada a manejar los indígenas son los Jueces de Paz, pero ellos tienen una competencia muy restringida. Sabemos también que en varias Escuelas de Suboficiales de la Policía Nacional es un requisito hablar quechua, pero en realidad no existen exámenes o pruebas al respecto bastando la simple declaración del postulante. Hemos constatado además que muchos suboficiales no hablan quechua por diferentes razones, entre ellas, que sus padres se lo prohibían.
En los últimos meses, sin embargo, los cambios positivos se han ido sucediendo en superar las barreras lingüísticas que alejan a millones de peruanos del Estado y de la justicia.
Debemos destacar el caso de la Corte Superior de Ayacucho, que ha creado los primeros tres Juzgados de Paz Letrados Interculturales Bilingües del Perú en las provincias de Sucre, Huanta y Cangallo, y ha destinado un importante presupuesto para que los magistrados y el personal se expresen con fluidez en el quechua.
En la Corte Superior de Puno, el Juzgado Mixto de Collao está administrando justicia en aymara y el de Azángaro lo viene haciendo en quechua. El Presidente de la Corte Superior ha anunciado que más jueces están atendiendo en quechua y aymara, y que pronto redactarán en estos idiomas sus sentencias[1]. Asimismo, el fiscal supremo Tomás Gálvez Villegas, director del Centro de Asuntos Interculturales, Rondas Campesinas y Comunidades del Ministerio Público, anunció que los fiscales puneños serán capacitados en ambos idiomas.
A estos esfuerzos se suman los de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura, mediante la formación de traductores de lenguas indígenas que pueden ejercer su función en juzgados y otras dependencias vinculadas a la administración de justicia. Hace apenas cinco años, no existía un solo traductor reconocido en el Perú, pero actualmente tenemos más de 170 en 27 idiomas. Hay muchos traductores en idiomas como el quechua o el asháninka, pero también los hay en idiomas con pocos hablantes como el jaqaru, el murunahua y el iquito. Muchos traductores además han sido capacitados en temas legales por el Poder Judicial.
Al mismo tiempo, por primera vez se está investigando sobre términos jurídicos en idiomas indígenas. El trabajo pionero en esta materia fue publicado por la PUCP el año 2013 y estuvo a cargo de la profesora Gavina Córdova y el autor de este artículo. Es el Manual para el Empleo del Quechua en las Comisarías, distribuido a centenares de policías en Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huánuco, Junín y Arequipa. En el año 2014, el Ministerio de Cultura publicó el Manual para el Empleo del Quechua en la Administración de Justicia, también elaborado por nosotros, con el valioso apoyo de un equipo de intérpretes.
Se nos ha informado que el Ministerio de Cultura espera publicar pronto un material similar en quechua cusqueño y en awajún.
Además, en el portal de internet del Congreso de la República, existen hasta el momento las versiones en quechua de 16 leyes, entre ellas el Código del Niño y del Adolescente, la Ley de Consulta Previa, la Ley sobre Justicia de Paz y la propia Ley de Lenguas. Sin embargo, queda pendiente la traducción de normas tan importantes como la Ley sobre Violencia Familiar, las normas sobre comunidades campesinas o nativas o la legislación agraria. Tratándose de otros idiomas, la Ley Forestal y de Fauna ha sido traducida al asháninka, el awajún y el shipibo.
Por otro lado, en el portal del Ministerio de Justicia se encuentra grabada una versión en quechua de la Constitución, para que sea de fácil acceso para los oyentes, tomando en cuenta que la mayoría no ha sido alfabetizada en su idioma y tiene dificultades para leerlo[2]. De igual manera, este Ministerio ha traducido al quechua los diversos formularios que deben remitir los ciudadanos[3], una iniciativa que debería seguir toda la administración pública.
Como vemos, son importantes los avances que se han dado en los últimos meses para enfrentar la barrera lingüística para el acceso a la justicia. Sin embargo, todavía queda mucho por recorrer. Las decisiones de los Presidentes de las Cortes Superiores de Ayacucho y Puno deberían ser imitadas por sus colegas del Cusco, Huancavelica y Apurímac, para atender mejor a miles de ciudadanos. En la Amazonía, es también un reto poder garantizar el acceso a la justicia de los indígenas amazónicos. Aún existen muy pocos abogados que hablen los idiomas nativos y los traductores formados por el Ministerio de Cultura en su mayor parte viven en Lima o las principales ciudades y no en aquellos lugares donde se encuentran los indígenas que no hablan castellano.
En realidad, los logros que comentamos son los primeros pasos de un largo camino: que el Estado hable el idioma de los ciudadanos no es una meta, sino un punto de partida.
[1] Véase: http://www.larepublica.pe/25-03-2015/presidente-de-corte-de-puno-anuncia-que-daran-fallos-en-idioma-quechua
