Por: Enfoque Derecho
Con 9 votos a favor, 8 en contra y 0 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por Rocío Torres de Alianza para el Progreso, admitió la denuncia constitucional Nº 219 contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por presunta traición a la patria debido a sus declaraciones sobre acceso al mar para Bolivia. La denuncia constitucional se había presentado a raíz de las declaraciones del mandatario a la cadena CNN en Español, en el cual mostró una postura a favor de entregarle una salida al mar a Bolivia.
Como se recuerda, la acusación fue presentada por un grupo de políticos y abogados, entre los cuales figuraban Lourdes Flores Nano, Fernan Altuve, Ángel Delgado, Hugo Guerra Arteaga, Francisco Tudela y César Vignolo, por presunta traición a la patria y otras infracciones a la Constitución. El escrito planteaba lo siguiente:
«Se interpone la presente denuncia constitucional contra el Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones por haber incurrido en infracción de los artículos 32, 54, 110 y 118; incisos 1,2 y 11 de la Constitución, así como en la comisión del delito de traición a la patria tipificado en los artículos 325 del Código Penal y 78, numeral 27 del Código de Justicia Penal Militar».
Posteriormente, los congresistas Norma Yarrow de Avanza País y José Cueto de Renovación Popular, asumieron la denuncia constitucional contra el presidente, pese a que la Cancillería había indicado en ese momento que el Gobierno no pretendía ceder territorio.
«Yo he hecho mía esta denuncia que presentaron unos ciudadanos porque es claro indicio que el presidente habría incurrido en esta falta de traición a la patria porque no estaría respetando los tratados internacionales. Obviamente la subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería dar por aceptada esta denuncia para que se inicien las investigaciones», sostuvo la congresista.
De ese modo, el informe de calificación fue aprobado en la subcomisión, el cual recomienda declarar procedente la denuncia constitucional; sin embargo, el procedimiento conlleva un largo camino ante varias etapas dentro de la propia subcomisión, tal y como la investigación de la denuncia, el pedido de descargos y argumentos a las partes y la audiencia.
De esa manera, tras su posible aprobación, el informe sería elevado a la Comisión Permanente, la cual decidirá si éste procede o deberá ser archivado. En caso se apruebe, la Comisión Permanente deberá designar una subcomisión especial de tres congresistas, quienes se encargarán de evaluar y decidir si la denuncia se archiva definitivamente o pasa al pleno del Congreso para la presentación de la acusación respectiva. En cualquier caso, si es así, el proceso podría culminar con la destitución del mandatario presidencial, el cual está siendo denunciado constitucionalmente.
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