«Al privilegiarse la necesidad de una referencia expresa de la medida en el medio de materialización por encima de sus efectos reales en la situación jurídica de los agentes económicos y administrado, el sistema termina dejando sin control medidas que, en la práctica, son equivalentes a los tipos expresamente reconocidos en el Decreto Legislativo Nº 1256.»
Por David Rubio Alcántara, Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y asistente legal del Área Inmobiliaria del Estudio De la Flor, García Montúfar, Arata & Asociados. No es una novedad que, con mayor frecuencia, desarrolladores inmobiliarios recurran al Indecopi ante la imposición de requerimientos, por parte de los gobiernos locales, que demoran la ejecución de los proyectos inmobiliarios que tienen en cartera. Dichos requerimientos, en la medida que no tienen base legal o carecen de razonabilidad, constituyen barreras burocráticas. El presente artículo tiene como finalidad desarrollar cómo la eliminación de barreras burocráticas (ilegales o carentes de razonabilidad) permiten que los proyectos inmobiliarios se ejecuten sin incrementar los costos financieros estimados en el perfil de viabilidad
Por Enfoque Derecho Si bien la Empresa Municipal de Mercados S.A. (EMMSA), ente de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la encargada de administrar el Gran Mercado Mayorista de Lima, ya había sido cuestionada por no proveer de seguridad e higiene al mencionado establecimiento, ahora también se le cuestiona por el aumento en las tarifas vehiculares a los transportistas de carga pesada y a los clientes que ingresan con sus vehículos particulares. Dicha empresa dispuso que, desde el 17 de julio, los transportistas ya no solo pagarían siete soles por tonelada de producto que ingrese al mercado, sino que también deberán pagar el mismo monto por tonelada que retiren del mercado. En otras palabras, si bien antes solo se gravaba
Por Diego Gutiérrez Asencios. Especialista en regulación y competencia por la Universidad Carlos III de Madrid y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asesor legal en el Congreso de la República y ex abogado de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. El pleno del Congreso de la República aprobó el jueves pasado la segunda votación del Proyecto de Ley N° 500 (iniciativa de la congresista Adriana Tudela), en adelante “Proyecto de Ley Antibarreras”, que propone fortalecer la prevención y eliminación de barreras burocráticas en aras de promover la competitividad y la reactivación económica del país. Desde hace más de 25 años el Indecopi tiene, entre otras funciones, el rol de detectar e inaplicar
Por Enzo Rojas, asociado del estudio Rubio Leguía Normand Introducción. En el 2020, a propósito de las restricciones por la pandemia de la Covid-19, se inició la implementación de las mesas de partes virtuales de las entidades de la Administración Pública (en adelante, “MDPV”), herramienta que agilizó la presentación y recepción de documentos. Con esta medida, se eliminaron las interminables colas que se formaban en los locales de las entidades, que podían durar horas y que generaban costos innecesarios en tiempo, dinero y personal tanto para las entidades como para los administrados. Las MDPV, a diferencia de las presenciales, son un servicio automatizado, pues en virtud de su programación pueden funcionar de manera fluida e ininterrumpida sin la necesidad de
Por Braylyn Paredes, Asociada del Área de Derecho Administrativo y Regulatorio del Estudio Rubio, Leguía y Normand. Bachillera en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. 1. Aspecto preliminar: ¿qué es una barrera burocrática y cuáles son sus alcances? Las barreras burocráticas son aquellas exigencias, requisitos, limitaciones, prohibiciones y/o cobros que impone una entidad pública para condicionar, restringir u obstaculizar el acceso y/o permanencia de los agentes económicos en el mercado y/o que puedan afectar a administrados en la tramitación de procedimientos administrativos[1]. Así, concordamos con el sector de la doctrina[2] que establece que este concepto está relacionado con una afectación arbitraria y desproporcionada al derecho de la libertad de empresa contenido en el artículo 58 de la Constitución
Por Viviana Chávez Bravo, asociada Principal en Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International. A propósito de algunos casos recientemente resueltos por el INDECOPI, y de los debates que estos han generado, se hace necesario reflexionar sobre cuál es el rol que la publicidad y la regulación publicitaria tienen en una economía social de mercado como la que rige en nuestro país, y si lo están cumpliendo. Muchas de las discusiones que se han producido en los últimos meses -incluso años- en relación a la regulación publicitaria y/o al actuar del INDECOPI como órgano a cargo de supervisar el cumplimiento de esta han estado cargadas de acusaciones que han ido desde supuestos conflictos de intereses por parte de miembros
La Sala Especializada en Eliminación de Barreras Burocráticas (SEL) del Indecopi rechazó que la exigencia de permitir a los consumidores ingresar a las salas de cine con alimentos y/o bebidas adquiridas fuera del establecimiento, constituya la imposición de presuntas barreras burocráticas. Asimismo, determinó que la restricción de Cineplanet constituye una cláusula abusiva de ineficacia absoluta que limita los derechos de los consumidores. Con dicha decisión, se confirmó la decisión de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas (CEB) que declaró improcedente la denuncia presentada por dicha empresa contra el Indecopi, ya que Cineplanet denunció como barrera burocrática la medida correctiva que ordena retirar de las salas de cine el aviso donde informa a los consumidores la prohibición del ingreso a
