«La cooperación internacional tiene como finalidad evitar que las fronteras se conviertan en un obstáculo para la persecución legítima de los delitos. Pero esa finalidad no elimina las garantías de la persona reclamada.»
» […] la inhabilitación de Delia Espinoza se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el control político del Congreso y la autonomía de los órganos del sistema de justicia, particularmente del Ministerio Público. Este caso evidencia los riesgos de una utilización expansiva de la acusación constitucional que desdibuja sus límites funcionales y diluye la distinción entre responsabilidad política y responsabilidad jurídica».
1. Introducción El pasado 10 de octubre del 2024, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 32130, con el objetivo de fortalecer la investigación del delito y agilizar los procesos penales, a través de la ampliación de facultades de la Policía Nacional del Perú (PNP) en la etapa preliminar del proceso. El acto de promulgación fue publicado ese mismo día en el diario oficial “El Peruano” y se materializó mediante la suscripción de la Presidenta de la República, Dina Boluarte, y el Presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; en concurrencia con los titulares de la Mesa Directiva del Congreso de la República, Eduardo Salhuana y Patricia Juárez. La referida norma introdujo 33 modificaciones al Código Procesal Penal (en adelante,
“El ejercicio del ius puniendi exige mecanismos de control eficaces que eviten dilaciones indebidas y resguarden las garantías del investigado. Sin embargo, en la praxis se advierte una brecha temporal crítica entre la conclusión de la investigación preparatoria y la presentación del requerimiento fiscal (acusatorio, de sobreseimiento o mixto). Esta etapa de latencia sumerge al procesado en una incertidumbre temporal de índole jurídica donde la inactividad del Ministerio Público y la ausencia de control en ello prolonga ilegítimamente la persecución penal de manera injustificada. Ante la ausencia de un mecanismo de control explícito para este intervalo, la igualdad de armas se ve severamente comprometida, perjudicando a la Defensa del Imputado o incluso al agraviado.”
Por Alejandra C. Mogrovejo Fernández Abogada por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Especialista en Derecho Penal y Procesal Penal, con experiencia en la defensa técnica en sede policial, fiscal y judicial, tanto en delitos contra la administración pública como en otros ilícitos penales de diversa naturaleza. Además, cuenta con formación en gestión pública, contrataciones con el Estado y corporate compliance, lo que le permite un abordaje integral de la responsabilidad penal vinculada a la función pública, la prevención de riesgos legales y el procedimiento administrativo sancionador. El pasado 2 de septiembre de 2025, la Corte Superior de Justicia de La Libertad se pronunció sobre una cuestión largamente debatida en la práctica judicial peruana: la inimpugnabilidad del auto
#TribunalConstitucional ⚖️ ¿Qué implicancias tiene el reciente fallo del Tribunal Constitucional que suspende las investigaciones contra la presidenta #DinaBoluarte y podría blindar a futuros #Presidentes? En la siguiente entrevista, #EnfoqueDerecho presenta a #ErnestoDeLaJara, profesor de la #PUCP, fundador y exdirector del #InstitutoDeDefensaLegal, especialista en temas del #SistemaDeJusticia, quien analiza los argumentos del #TC, los riesgos de perder evidencia y cómo esto afecta al equilibrio de poderes y la confianza en nuestras #Instituciones. ¿Qué opinas al respecto? ¡Déjanos tus comentarios! ⬇
Por José Allemant Florindez, Socio del Área Penal y Compliance del Estudio DLA Piper Perú y Jhoel Julca Vásquez, Asociado del Área Penal y Compliance del Estudio DLA Piper Perú. La detención preliminar en el sistema penal peruano En nuestro sistema de justicia, la detención preliminar se constituye en una medida excepcional en la investigación de delitos y la protección de los intereses de la justicia. En buena cuenta, esta permite privar de su libertad a una persona durante un periodo muy breve y en cumplimiento de ciertas condiciones, fundamentalmente, cuando se aprecie la existencia de indicios razonables de su participación en un delito grave, así como cuando la acción sea necesaria e imprescindible para evitar la fuga o la
Por Enfoque Derecho Introducción: La concesión de peajes en Lima, particularmente la concesionaria Línea Amarilla, ha sido objeto de controversia y litigios a lo largo de los últimos años, especialmente por los conflictos derivados de las gestiones de la exalcaldesa Susana Villarán. En el contexto de estas concesiones, se incluye la implementación de cobros de peajes en diversas rutas que afectan a miles de usuarios diariamente. En este caso, se suma el hecho de que una investigación penal en torno a presuntos actos de corrupción vinculados a la firma del contrato de concesión y sus adendas ha sido utilizada como fundamento para solicitar la suspensión de los peajes. El Ministerio Público ha pedido la suspensión de los cobros en el
Congreso de la República aprueba informe que recomienda inhabilitar al exministro de salud Víctor Zamora El día viernes 04 de octubre, la Comisión Permanente resolvió aprobar un informe que recomienda inhabilitar al exministro de salud Víctor Zamora por la presunta infracción del artículo 9 de la Constitución Política del Perú, así como por los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, que habría cometido durante su gestión durante el período presidencial de Martín Vizcarra y el contexto de la pandemia por la COVID-19. En esa línea, el mencionado informe señala que el exministro Zamora no habría observado el Decreto de Urgencia 028-2020, que disponía la adquisición de más de un millón de pruebas rápidas, pese a que la
Por Enfoque Derecho. 1. Caso Cócteles: Keiko Fujimori negó los cargos penales, se reservó el derecho a declarar y solicitó la anulación de actas fiscales El pasado lunes 12 de agosto de 2024, se llevó a cabo el juicio por el caso Cócteles, a partir del cual, la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori Higuchi, se reservó el derecho a declarar y desestimó el pago de la reparación civil que se requería para la Procuraduría del Estado. Al respecto, se tiene que, en el presente juicio, los acusados debían aceptar o rechazar los cargos penales atribuidos por el fiscal José Domingo Pérez, de manera que si alguno de ellos aceptaba los mismos, se procedía a dictar sentencia por debajo del mínimo
