La teoría más amplia señala que para ser sujeto de Derecho internacional basta con que un ente físico o jurídico tenga por lo menos un derecho o una obligación contenida en una norma jurídica internacional; si se cumple con este requisito, estamos ante un sujeto de Derecho internacional. Es una definición simple, pero es una de las más seguidas.
Ambas cosas, pues no son excluyentes entre sí. Como bien dices, hace tiempo el fútbol dejo de ser un deporte meramente lúdico, probablemente desde que dejo de ser amateur y se convirtió en profesional. Además, impulsado por la globalización, actualmente tiene contornos mucho más claros que indican que el fútbol es además un negocio, pero que no se queda solo en ese ámbito. El fútbol no pierde significado pues traduce manifestaciones importantes de cada país, desde su organización, desde la forma como se mira, desde ciertas virtudes que se traducen en los éxitos o derrotas.
El jueves 05 de junio, “Enfoque Derecho”, comisión de Actualidad Jurídica, junto con la comisión de Seminarios de la Asociación Civil Themis, organizamos un evento denominado “Versus” donde hubo un intercambio ideas en torno a la efectividad de los controles de lectura sorpresa en la metodología de la enseñanza jurídica. La iniciativa se remonta a la publicación de un artículo en nuestra web escrito por el profesor Fernando Del Mastro, en abierta oposición a este método de evaluación por considerarlo pernicioso para los alumnos de Derecho, en quienes suscita sentimientos de angustia, miedo y temor, producto de una motivación controlada; para lo cual expuestos los argumentos, invitamos al profesor Martín Mejorada a rebatirlos, quien asumió una defensa a favor de este mecanismo indispensable como parte del “Método Activo”. La difusión que tuvieron ambos artículos despertó en nosotros el interés de continuar el debate e incentivar la participación de los alumnos, y así lo hicimos a través del Versus y ahora, a través del presente editorial, en donde expondremos y analizaremos someramente las principales conclusiones a las que se arribaron.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo. Para empezar, creo que hay dentro de la Administración Pública un desprecio por la data que se pueda tomar de las experiencias de las gestiones. En el 2008, se comenzó a investigar este caso. Hacia el 2011, el caso ya se encontraba en investigaciones preliminares en sede del Ministerio Público, pero, en ese momento, no teníamos idea de que la magnitud del problema iba a ser la de una organización criminal. Sin embargo, hacia el 2012, la Procuraduría sí sabía más o menos de manera rigurosa las dimensiones del caso de la “Centralita”, y además teníamos la data de que en Áncash, los casos de corrupción eran incluso más numerosos que en Lima. Algo nos decía eso. Sin embargo, es verdad que se ha tenido que esperar a que ocurra más de un homicidio para empezar a tomar interés en combatir algo que había comenzado a gestarse hace mucho tiempo atrás.
A las 12:36:33 horas del 6 de mayo, la sección de trámite documentario del Despacho Presidencial recibió una carta de Alfonso López Tejada, presidente de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca – ACODECOSPAT. En ella, Alfonso López solicitaba la intervención del presidente a fin de que se extienda la emergencia ambiental y social por la contaminación ambiental a las comunidades kukamas-kukamirias. El líder kukama amparaba su pedido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas). Alfonso adjuntó además los dibujos y las cartas de los niños y las niñas kukama dirigidas para él y para la primera dama. De acuerdo, al Portal Observatorio Petrolero de Pueblos Amazónicos Unidos en Defensa de sus Territorios (PUINAMUDT), se tratan de más de 100 comunicaciones y de 300 dibujos de niños con edades de entre 6 y 15 años.
Lecturas y más lecturas nos dan la bienvenida a muchos alumnos que ingresamos a una Facultad de Derecho. Es recién con las prácticas pre-profesionales que muchos empezamos a tener, llamémoslo así, contacto con la realidad desde una perspectiva jurídica. Se trata de aplicar lo aprendido en la clase a dramas y problemas humanos reales, no a casos inventados para una sesión de aprendizaje.
Sin embargo, esta proximidad nunca será completa si no somos conscientes que el acceso a una asesoría legal de calidad en el Perú es un verdadero privilegio. No todas las personas en nuestro país pueden sufragar los costos que supone buscar un abogado. ¿Ello tiene algún efecto? Por supuesto que sí: injusticia, pobreza, desigualdad, entre otras nefastas consecuencias para nuestra sociedad. He ahí la importancia de comprometer a todos y cada uno de los abogados y estudiantes de Derecho en la causa del desarrollo humano y social.
La pregunta tal vez es un poco pretenciosa: ¿Acaso existe un solo tipo de procesalista? Bueno, la respuesta es no y creo que ese es justamente el problema.
Últimamente, me he preguntado si es que aquellos que tenemos que lidiar con los aparatos de justicia de nuestro país todos los días, jugamos un rol importante en el sistema o simplemente sobrevivimos el día a día, esperando que nos toque la hora de irnos.
Quiero pensar lo primero, quiero pensar que en el momento en que uno decide ser procesalista, es porque quiere hacer cada vez mejor su trabajo y así contribuir con su país, construyendo un sistema que hoy, lamentablemente, tiene cimientos muy endebles.
Con motivo del debate sobre el proyecto de la nueva Ley Universitaria, se ha reabierto la discusión sobre los alcances de la autonomía universitaria. Para algunos, por lo general interesados en que el proyecto no sea aprobado, un argumento central es que aquel viola dicha autonomía. Otros, en cambio, estiman que la autonomía concebida en términos absolutos ha sido un pretexto para impedir toda reforma sustantiva y mantener la actual situación de crisis que atraviesan nuestras universidades. Por ello, nos parece fundamental precisar sus alcances y límites a fin de evitar interpretaciones indebidas que impidan un debate serio y sobre bases sólidas. Veamos.
El pasado miércoles 28 se promulgó la ley No. 30201 a través de la cual se modifica nuevamente el Código Procesal Civil.
Sí, efectivamente. Esta ley no se denomina “ley que soluciona todos los problemas del desalojo” aunque las afirmaciones de algunos congresistas y medios de comunicación sugerirían lo contrario.
Para esta entrega de «Histeria Política», Juan José Garrido, economista y director de Peru21, nos habla sobre el Estado y su rol en la economía a partir de un análisis de las Constituciones de 1979 y 1993.
