2014

La semana pasada, después del frustrado debate en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, el congresista Julio Rosas apareció en una conferencia de prensa, señalando lo siguiente: “no podemos permitir nosotros que haya discriminación, decimos ¡no a la homofobia! ¡no a la heterofobia!, no a ningún tipo de odios, sino a la concordia, a la unidad entre peruanos, así que quiero anunciar a todos, que vinieron también representando a miles de madres de familia del Perú, quienes reconocen lo que nuestra Constitución ya lo establece, la familia como base y fundamento de la sociedad, formada por el matrimonio entre un hombre y una mujer”

Los derechos humanos son comúnmente asociados con el rol de protección que tiene el Estado respecto a ellos y la necesidad de garantizar su cumplimiento ha sido relacionada con el trabajo realizado por las ONG (Organizaciones No Gubernamentales). No obstante, debemos empezar a cambiar nuestra perspectiva ya que, a partir de la Organización de Naciones Unidas, se ha propuesto que, en realidad, son las empresas las adecuadas de velar por los derechos humanos siendo, en nuestra opinión, indicadas para ello.

Hace unas semanas, una información llamó mi atención y la de muchos, la historia iba más o menos así: Ecuador, que en este caso sería el villano de la historia, se disponía a realizar un plan macabro para desestabilizar, si es que acaso no desaparecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este plan, nacido desde el eje chavista o bolivariano del mal (ya no sé cómo se le llama ahora), apuntaba a controlar y desestabilizar a las democracias en toda América Latina, imponiendo su régimen autoritario[1].