marzo 2021

Crónica de una Suspensión (no tan) Perfecta

Por Lucía Varillas Palacios, abogada y asociada del área laboral del Estudio Dentons Desde la declaración del Estado de Emergencia en marzo de 2020, la posibilidad de adoptar la medida de suspensión perfecta de labores se encontró sujeta a un debate amplio y dividido. Esta medida de carácter laboral, se convirtió en un elemento que ejemplificaría la postura política del Estado durante la Emergencia Sanitaria, y las variaciones de la misma. Como antesala, la legislación laboral ya preveía un supuesto de suspensión perfecta de labores en caso fortuito o fuerza mayor. Así, el artículo 15 del Decreto Supremo N° 003-97-TR, Ley de Productividad y Competitividad Laboral (en adelante, la “LPCL”)[1], regula un supuesto que resultaba de aplicación para casos como

Pedido de Prisión Preventiva contra Martín Vizcarra

Por Enfoque Derecho El viernes 12, el fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del Equipo Especial Lava Jato, solicitó el pedido de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Martín Vizcarra, quien es investigado por los presuntos delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir. El pedido se debe a que el fiscal consideró que hay nuevas pruebas que ratifican el testimonio de aspirantes a colaboración eficaz que aseguran que Martín Vizcarra había recibido S/. 2.3 millones en coimas por obras en su periodo como gobernador de Moquegua. [1] Por tal motivo, el Poder Judicial programó para el día de ayer, miércoles 17, la audiencia para evaluar el pedido de la Fiscalía. Cabe indicar que previo a

Consulta Legal | Proceso de alimentos para mujeres embarazadas

En el presente video, Patricia Beltrán, responde las siguientes interrogantes: ¿Una mujer embarazada puede solicitar pensión de alimentos? ¿Desde qué momento? ¿En qué consiste dicha pensión alimenticia? ¿Cómo y dónde se tramita la demanda por alimentos en el caso de gestantes? Si el parto ya se realizó, ¿la madre puede solicitar la devolución de los gastos del embarazo al padre? ¿Se podría solicitar una medida cautelar en dicho proceso? ¿Qué sucede si el padre no cumple con la deuda alimentaria? Patricia Beltrán Pacheco es abogada por la Pontifica Universidad Católica del Perú, Máster en Derecho Constitucional y Jurisdicción Contencioso Administrativa, Jueza Superior Titular de la Corte Superior de Justicia de Lima y Docente de la Facultad de Derecho de la

¿Qué diferencia a un vengador de un dictador? Análisis a “V de Vendetta” desde el Derecho Penal

Por Alfredo Huamaní Romero, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho V de Vendetta está situado en Inglaterra, en un contexto futurístico y gobernado por el dictador Adan Sutler, miembro del partido “Fuego Nórdico”. A raíz del incendio en el Centro Penitenciario Larkhill, Sutler ascendió al poder e impuso un gobierno dictatorial fascista. Su gobierno se basó en controlar los medios de comunicación, los policías, los militares y demás entes del Estado.  De aquel suceso en Larkhill, donde torturaban a los reclusos con armas epidemiológicas, sobrevivió un reo, quien se hace llamar “V”. Aquel personaje toma el protagonismo de la historia, pues, a través de su búsqueda de venganza,

¿Cómo recuperar las tierras de las comunidades campesinas vendidas irregularmente a las empresas mineras?

Por Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado por la PUCP y responsable del área de Litigio Constitucional del IDL, y Álvaro Másquez Salvador,  Abogado del IDL en el área de Pueblos Indígenas y de Litigio Constitucional Cada vez son más las denuncias en Espinar y en otras zonas andinas, contra empresas mineras, y otras empresas extractivas, por haber comprado de manera irregular las tierras de las comunidades campesinas, para favorecer proyectos mineros y otro tipo de proyectos extractivos. Varias son las preguntas que se hacen las comunidades campesinas, en relación con la legalidad y la validez de estos contratos de compraventa de tierras de las comunidades, pero, sobre todo, cómo recuperar las tierras que han sido vendidas a las empresas mineras

Las obras por impuestos, un mecanismo de responsabilidad social de la empresa privada

Por María Mondragón Ticlla, estudiante de Derecho en la Universidad de Lima Las empresas privadas pagan impuestos a la renta cuando se generan inversiones y producción por su trabajo, con esto se genera el ingreso público que tiene por objetivo crear eficiencia económica para el desarrollo del país.  Sin embargo, la responsabilidad de las empresas privadas por su trabajo no termina ahí. El factor social también es importante, tomando como ejemplo el sector minero – que paga altas tasas de impuesto – todavía tiene conflictos sociales debido el sector que se afectado directamente por sus actividades tiene la percepción de que no es responsable socialmente, ya que no realiza proyectos para su comunidad. Con las obras por impuestos se hace

Editorial | Eliminación del régimen CAS ¿buenas intenciones, mala implementación?

Por Enfoque Derecho [1] El pasado 9 de marzo, mediante la Ley No. 31113, se estableció la eliminación del régimen CAS y se dispuso la incorporación de los(las) trabajadores(as) al régimen laboral del Decreto Legislativo 728, Ley de Productividad y Competitividad Laboral, o del Decreto Legislativo 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.  Sin embargo, la aprobación de esta norma ha traído consigo varias críticas. Por ello, Enfoque Derecho analizará cada una de las problemáticas identificadas con la eliminación del régimen CAS en la referida ley. El Régimen CAS El Régimen CAS, como tal, se planteó desde un inicio como medida de solución a la problemática generada por la proliferación de los servicios

La conciliación prejudicial y los pasos por delante

Por Gino Rivas Caso, profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hace más de 20 años, dentro de una ola de difusión del concepto de Alternative Dispute Resolution (ADR)[1] en Latinoamérica[2], el Perú optó por un sistema de conferencia conciliatoria prejudicial obligatoria para sus disputas civiles[3]. El carácter del sistema no ha estado exento de críticas, y tampoco lo estuvo su materialización[4]. En cualquier caso, el sistema se implementó; y pese a que propuestas importantes de reforma judicial han planteado su derogación, este sigue en pie[5]. A nuestro juicio, aunque polémica, optar por un sistema de conferencia conciliatoria previa obligatoria fue una decisión acertada. Un grado de compulsión no afecta la tutela jurisdiccional efectiva[6],