«Desde esta perspectiva, la cautela no representa una excepción al debido proceso, sino una manifestación necesaria del mismo. Un sistema judicial que permite obtener una sentencia formalmente correcta pero materialmente inútil no satisface plenamente las exigencias constitucionales de administración de justicia.»
#LitisProcesal 📖 ¿Por qué se afirma que la #preclusión influye en la garantía de seguridad dentro del proceso?, ¿Qué criterios son importantes para la admisión de una prueba y cómo se relaciona con la teoría de la #PruebaIlícita? En la presente entrevista, Rafael Viera, socio fundador de Viera Abogados, introduce el nuevo blog “Litis Procesal”, un espacio académico orientado a difundir la cultura jurídica en materia de #DerechoProcesal y #Litigios complejos. ¿Qué opinas sobre esta nueva iniciativa? ¡Coméntanos! ⬇️ https://youtu.be/Pk6pxBF9rCs
«La existencia de un proceso judicial tampoco justifica automáticamente la paralización o suspensión del procedimiento. La inhibición administrativa únicamente resultará procedente cuando la controversia sea indispensable para adoptar la decisión municipal y exista una estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos. Distinto es el supuesto de un mandato judicial expreso que ordene suspender actuaciones o mantener una determinada situación, el cual deberá ser cumplido en sus propios términos».
«En atención a ello, consideramos preocupante que en la actualidad se haya excluido a los partidos políticos del sistema penal, siendo esta también una asociación que por los fines que cumple debería tener mayores controles. Caso contrario, se podrían presentar situaciones en las cuales el partido pueda ser utilizado para cometer delitos al ser una zona exenta de control por dichos actos, tales como: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros; y, los cuales no serían pasibles de ser investigados en el marco de un proceso penal. Lo que a su vez podría contravenir los tratados de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la criminalidad organizada».
«El devenir institucional del Perú para el período 2026-2031 dependerá intrínsecamente de la capacidad del Estado para articular una respuesta técnica, articulada y estrictamente garantista frente a sus tres crisis estructurales más agudas. La descentralización fiscal y administrativa, la contención de la seguridad ciudadana y la refundación del sistema penitenciario no constituyen agendas aisladas o sectoriales; por el contrario, representan vértices interdependientes de un mismo problema de gobernabilidad democrática».
«La IAG no rompió el derecho de autor por copiar obras, sino por eliminar el único costo que hacía tolerable la exclusión del estilo de su protección: el tiempo y el talento que antes exigía imitarlo. Ese quiebre atraviesa cada caso analizado, y en todos se repite el mismo patrón, el derecho reacciona ante lo identificable y registrado, pero permanece mudo ante lo que apenas se insinúa (un estilo, un timbre de voz, un proceso de entrenamiento que nadie puede rastrear con certeza)».
Por Dafné Danaí Gómez Cisneros, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 1. Introducción El derecho de propiedad constituye uno de los derechos fundamentales protegidos por el ordenamiento jurídico peruano y representa una de las instituciones más relevantes dentro del derecho civil patrimonial. Para garantizar seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario, el sistema jurídico reconoce mecanismos de publicidad formal, como el registro, y mecanismos de publicidad material, como la posesión. En teoría, ambos instrumentos deben complementarse para brindar certeza sobre la titularidad y ejercicio de los derechos sobre los bienes. Sin embargo, en la práctica es todo lo contrario. En el Expediente N.° 01199-2018-0-0501-JR-CI-03, sobre nulidad de acto jurídico
«La controversia generada a raíz de la demanda constitucional interpuesta por un usuario de la vía no puede resolverse a partir de una visión reduccionista centrada exclusivamente en un supuesto menoscabo de la libertad de tránsito. Ello resulta particularmente evidente cuando la pretensión de tutela se sustenta en una interpretación incorrecta del marco normativo aplicable y, más grave aún, en la invocación de una disposición que ya no forma parte del ordenamiento».
Por Joshue G. Ruiz Cervera, estudiante de Derecho en la Universidad de Lima y practicante en el área de Derecho Penal y Compliance en el estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados. Introducción La creciente complejidad de las estructuras empresariales ha evidenciado que, en numerosas ocasiones, quien ejerce efectivamente el poder de administración de una persona jurídica no coincide con quien ostenta formalmente dicho cargo. Esta realidad plantea importantes desafíos para el Derecho penal económico, particularmente en aquellos delitos especiales propios cuya autoría exige la concurrencia de una determinada cualidad en el sujeto activo. Uno de esos supuestos se presenta en el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, previsto en el artículo 198 del Código Penal, el cual
Por Dafné Danaí Gómez Cisneros, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga 1. Introducción El Derecho penal suele presentarse como la respuesta más firme del Estado frente a conductas que lesionan bienes jurídicos importantes. Sin embargo, una norma penal no es justa solo porque haya sido aprobada conforme al procedimiento legal: también debe explicar por qué castiga, qué bien protege y qué consecuencias produce. Esta diferencia entre validez y justicia se vuelve especialmente visible cuando una mujer recibe un diagnóstico que confirma una malformación fetal incompatible con la vida extrauterina. En el Perú, el artículo 119 del Código Penal excluye de pena el aborto terapéutico cuando constituye el único
