«La regulación ambiental se caracteriza por su énfasis preventivo. La lógica transversal es actuar de manera “ex-ante” para evitar que ocurran daños al ambiente; en ese sentido, el principio de prevención contenido en la Ley N.° 28611 establece como objetivos prioritarios de la gestión ambiental prevenir, vigilar y evitar la degradación ambiental».
“Ello no es casual. Para varios de los candidatos que hoy lideran la intención de voto (IPSOS), el arbitraje se ha transformado en una suerte de comodín político: una institución que se cuestiona para prometer mayor “soberanía”, a la que se recurre como mecanismo para descongestionar el Poder Judicial, o que se pretende masificar en nombre de su popularización. A primera vista, estas propuestas resultan atractivas.”
“El ejercicio del ius puniendi exige mecanismos de control eficaces que eviten dilaciones indebidas y resguarden las garantías del investigado. Sin embargo, en la praxis se advierte una brecha temporal crítica entre la conclusión de la investigación preparatoria y la presentación del requerimiento fiscal (acusatorio, de sobreseimiento o mixto). Esta etapa de latencia sumerge al procesado en una incertidumbre temporal de índole jurídica donde la inactividad del Ministerio Público y la ausencia de control en ello prolonga ilegítimamente la persecución penal de manera injustificada. Ante la ausencia de un mecanismo de control explícito para este intervalo, la igualdad de armas se ve severamente comprometida, perjudicando a la Defensa del Imputado o incluso al agraviado.”
#DerechoLaboral💼 ¿Cuál es el impacto de la inteligencia artificial en el ámbito laboral? ¿Cómo enfrentar el #hostigamiento sexual y garantizar la tutela efectiva de los #derechos? La Asociación Civil THĒMIS se complace de anunciar el «II Congreso de Derecho Laboral: Individual, Colectivo y Mecanismos de Tutela Efectiva». En esta oportunidad, uno de los coordinadores, César Gonzáles Hunt, abogado y magister en Derecho del Trabajo por la PUCP y socio co-líder del área laboral de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría, nos detalla la importancia de actualizar los mecanismos de #protección frente a los nuevos #desafíos del mundo laboral. 🗓 El evento se llevará a cabo los días 5, 6 y 7 de mayo ⏰ De 4:30 p.m. a 9:00 p.m.
Oscar Nicolás Alarcón Cuti, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Máster en Análisis Económico y Políticas Públicas por la Universidad de Salamanca, España. Profesor de Derecho de la Competencia y Propiedad Intelectual en la Universidad Privada del Norte. Ha brindado servicios profesionales en el ámbito de la regulación de infraestructura de transporte. 1. Introducción En julio de 2025, la empresa COSCO SHIPPING PORTS CHANCAY PERÚ S.A. (en adelante, COSCO) interpuso proceso constitucional de amparo contra el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (OSITRÁN), solicitando que se abstenga de ejercer sus facultades de regulación, supervisión, fiscalización y sanción respecto de sus operaciones en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. COSCO, empresa dedicada
En este escenario, la valla electoral se presenta como un ‘gran filtro’, una regla destinada a poner cierto orden en el sistema político, pero que también plantea una duda razonable: ¿realmente fortalece nuestras instituciones o termina convirtiéndose en una barrera que dificulta la renovación política?
«La legítima defensa no solo opera como una excepción a la regla general que prohíbe causar daño, sino que también expresa un principio fundamental del sistema jurídico: nadie está obligado a soportar lo injusto. No obstante, su aplicación no es automática, sino que exige el cumplimiento estricto de determinados requisitos. En particular, debe acreditarse la existencia de una agresión actual, real e ilegítima; la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y la ausencia de provocación suficiente por parte de quien hace la defensa».
«Si bien tiene que observarse la no vulneración a los principios del ordenamiento concursal no debe perderse de vista la finalidad de los procedimientos regulados por la LGSC: la búsqueda de la eficiencia en los procedimientos concursales preventivos, toda vez que no tendría sentido aplicar supletoriamente una norma que reste eficiencia o convierta en eficiente a los procedimientos concursales».
«La aplicación supletoria de las excepciones civiles en el proceso penal peruano constituye un mecanismo de integración normativa que busca garantizar la validez estructural del procedimiento y reforzar los principios fundamentales del debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. La experiencia doctrinal y jurisprudencial demuestra que, aunque el Código Procesal Penal establece un catálogo limitado de excepciones en su artículo 6, ello no implica una clausura absoluta frente a situaciones no previstas expresamente que puedan afectar la legitimidad del proceso».
«Las opiniones del OSCE, desde sus inicios, tuvieron como objetivo interpretar de forma abstracta los alcances de la normativa de contrataciones del Estado. En teoría, estas opiniones buscan otorgar claridad y predictibilidad a los agentes intervinientes en la contratación pública. No obstante, dicho objetivo se ve trastocado por la realidad».
