El mercado fiduciario peruano atraviesa una transformación. El fideicomiso ya no está circunscrito únicamente a megaproyectos o estructuras financieras complejas, sino que comienza a abrirse a empresas de menor tamaño, proyectos familiares, fondos de inversión y operaciones vinculadas al sector público.
«El interés asegurable surge de la relación entre el asegurado y el bien, la vida o la responsabilidad expuestos al riesgo, de modo que aquel se beneficia de su conservación, se perjudica con su pérdida o puede incurrir en responsabilidad a causa de ella».
«En consecuencia, la particularidad de la incorporación de personas jurídicas en delitos ambientales radica en que la cadena de atribución debe construirse desde el riesgo ambiental hacia la organización empresarial. Primero deberá identificarse cuál era la obligación ambiental aplicable y qué riesgo buscaba prevenir; posteriormente, deberá determinarse cómo ese riesgo debía ser gestionado dentro de la empresa, quién tenía competencia para hacerlo y qué controles habían sido establecidos; finalmente, deberá establecerse si una decisión, omisión o deficiencia organizacional concreta permitió que dicho riesgo se incrementara hasta adquirir relevancia penal».
“ En ese contexto, diputados y senadores tienen dos caminos: continuar privilegiando intereses particulares y profundizando la erosión democrática, u optar por un nuevo rumbo orientado a reducir la brecha de representatividad, acercando el Congreso a la ciudadanía y respondiendo de manera efectiva para la satisfacción de sus necesidades básicas”.
«No se trata de una aplicación general del principio de la norma más favorable, sino de una remisión normativa específica, condicionada a la existencia de un vacío regulatorio y a la favorabilidad objetiva de la disposición que se pretenda aplicar».
«El problema de los incentivos perversos rara vez depende de la intención de los participantes. Surge, más bien, cuando el propio diseño regulatorio premia determinadas conductas más que otras».
«El TPF ha modificado la manera en que las partes evalúan el riesgo de litigar y ha introducido a un actor externo -el financista- en un proceso pensado sobre la base del consentimiento de las partes, generando fricciones con principios asentados en la práctica arbitral: la confidencialidad, la imparcialidad del tribunal, la autonomía de la parte financiada y la previsibilidad de la asignación de costas».
«En consecuencia, la ausencia de una regulación expresa de la regularización tributaria para los delitos aduaneros no constituye, por sí sola, un argumento suficiente para descartar cualquier posibilidad de extensión. Por el contrario, la existente evolución de los criterios jurisdiccionales, la identidad estructural existente entre determinados delitos tributarios y aduaneros, la aplicación supletoria del Código Tributario, el reconocimiento de la analogía in bonam partemy la propia orientación político-criminal reflejada en la figura de la sustitución permiten sostener que existe una base jurídica razonable para promover dicha ampliación».
«En el plano territorial, la implementación de juzgados itinerantes en zonas rurales de difícil acceso reduciría significativamente las barreras geográficas identificadas, permitiendo que el sistema llegue a las comunidades en lugar de exigir que las comunidades lleguen al sistema. Esta medida debe ir acompañada de la creación de un registro oficial de intérpretes judiciales con formación en terminología jurídica para las principales lenguas nativas (quechua, aymara y lenguas amazónicas), cuya incorporación sistemática a los procesos judiciales en zonas bilingües es una exigencia directa del artículo 8.1 de la CADH».
«Desde esta perspectiva, la cautela no representa una excepción al debido proceso, sino una manifestación necesaria del mismo. Un sistema judicial que permite obtener una sentencia formalmente correcta pero materialmente inútil no satisface plenamente las exigencias constitucionales de administración de justicia.»
