Autor Invitado

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La pobreza legal en el Perú: Barreras estructurales y respuestas constitucionales frente a la negación fáctica del acceso a la justicia

«En el plano territorial, la implementación de juzgados itinerantes en zonas rurales de difícil acceso reduciría significativamente las barreras geográficas identificadas, permitiendo que el sistema llegue a las comunidades en lugar de exigir que las comunidades lleguen al sistema. Esta medida debe ir acompañada de la creación de un registro oficial de intérpretes judiciales con formación en terminología jurídica para las principales lenguas nativas (quechua, aymara y lenguas amazónicas), cuya incorporación sistemática a los procesos judiciales en zonas bilingües es una exigencia directa del artículo 8.1 de la CADH».

Blogger | Rafael Viera: Entrevista de presentación – Litis Procesal

#LitisProcesal 📖 ¿Por qué se afirma que la #preclusión influye en la garantía de seguridad dentro del proceso?, ¿Qué criterios son importantes para la admisión de una prueba y cómo se relaciona con la teoría de la #PruebaIlícita? En la presente entrevista, Rafael Viera, socio fundador de Viera Abogados, introduce el nuevo blog “Litis Procesal”, un espacio académico orientado a difundir la cultura jurídica en materia de #DerechoProcesal y #Litigios complejos. ¿Qué opinas sobre esta nueva iniciativa? ¡Coméntanos! ⬇️ https://youtu.be/Pk6pxBF9rCs

¿La existencia de cargas o gravámenes impide la evaluación de un plan específico?

«La existencia de un proceso judicial tampoco justifica automáticamente la paralización o suspensión del procedimiento. La inhibición administrativa únicamente resultará procedente cuando la controversia sea indispensable para adoptar la decisión municipal y exista una estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos. Distinto es el supuesto de un mandato judicial expreso que ordene suspender actuaciones o mantener una determinada situación, el cual deberá ser cumplido en sus propios términos».

¿La responsabilidad de los partidos políticos debe ser un asunto del Derecho Penal?

«En atención a ello, consideramos preocupante que en la actualidad se haya excluido a los partidos políticos del sistema penal, siendo esta también una asociación que por los fines que cumple debería tener mayores controles. Caso contrario, se podrían presentar situaciones en las cuales el partido pueda ser utilizado para cometer delitos al ser una zona exenta de control por dichos actos, tales como: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros; y, los cuales no serían pasibles de ser investigados en el marco de un proceso penal. Lo que a su vez podría contravenir los tratados de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la criminalidad organizada».

Los retos jurídicos del nuevo Gobierno: Entre la descentralización y la seguridad ciudadana

«El devenir institucional del Perú para el período 2026-2031 dependerá intrínsecamente de la capacidad del Estado para articular una respuesta técnica, articulada y estrictamente garantista frente a sus tres crisis estructurales más agudas. La descentralización fiscal y administrativa, la contención de la seguridad ciudadana y la refundación del sistema penitenciario no constituyen agendas aisladas o sectoriales; por el contrario, representan vértices interdependientes de un mismo problema de gobernabilidad democrática».

Estilo sin autor: Los límites de la originalidad ante la IA

«La IAG no rompió el derecho de autor por copiar obras, sino por eliminar el único costo que hacía tolerable la exclusión del estilo de su protección: el tiempo y el talento que antes exigía imitarlo. Ese quiebre atraviesa cada caso analizado, y en todos se repite el mismo patrón, el derecho reacciona ante lo identificable y registrado, pero permanece mudo ante lo que apenas se insinúa (un estilo, un timbre de voz, un proceso de entrenamiento que nadie puede rastrear con certeza)».

¿Es exigible una vía alterna gratuita? Peajes, libertad de tránsito y concesiones viales en el Perú

«La controversia generada a raíz de la demanda constitucional interpuesta por un usuario de la vía no puede resolverse a partir de una visión reduccionista centrada exclusivamente en un supuesto menoscabo de la libertad de tránsito. Ello resulta particularmente evidente cuando la pretensión de tutela se sustenta en una interpretación incorrecta del marco normativo aplicable y, más grave aún, en la invocación de una disposición que ya no forma parte del ordenamiento».

El administrador de hecho como sujeto activo del delito de fraude en la administración de personas jurídicas: interpretación funcional y criterios para su identificación

Por Joshue G. Ruiz Cervera, estudiante de Derecho en la Universidad de Lima y practicante en el área de Derecho Penal y Compliance en el estudio Benites, Vargas & Ugaz Abogados. Introducción La creciente complejidad de las estructuras empresariales ha evidenciado que, en numerosas ocasiones, quien ejerce efectivamente el poder de administración de una persona jurídica no coincide con quien ostenta formalmente dicho cargo. Esta realidad plantea importantes desafíos para el Derecho penal económico, particularmente en aquellos delitos especiales propios cuya autoría exige la concurrencia de una determinada cualidad en el sujeto activo. Uno de esos supuestos se presenta en el delito de fraude en la administración de personas jurídicas, previsto en el artículo 198 del Código Penal, el cual

Las Contrataciones Públicas en Venezuela ante la Emergencia Sísmica de 2026: Marco jurídico, retos y oportunidades para la reconstrucción

«La emergencia sísmica de junio de 2026 plantea a Venezuela el reto de ejecutar, en un plazo comprimido, un volumen de contratación pública destinado a la reconstrucción que exigirá tanto celeridad como rigor técnico y transparencia. El marco jurídico de excepción activado por el Decreto N° 5.364, precisado operativamente por el Comunicado SNC/DG/2026/N°0389, ofrece las herramientas para actuar con la urgencia que la situación demanda, habilitando de manera clara la Contratación Directa con Comparación de Ofertas como vía principal para garantizar la continuidad de las operaciones de los órganos y entes afectados».