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Medidas en materia tributaria para aliviar el impacto económico del COVID-19

Por Rocío Liu, socia de Damma Legal Advisors. En estos tiempos de crisis global e incertidumbre, en lo que existe coincidencia y certeza es en el impacto económico negativo que ya viene ocasionando el Covid-19 y el aislamiento social adoptado por el Gobierno para su control, y en que dicho impacto se agudizará en los meses siguientes, habida cuenta de la extensión del período de aislamiento anunciada por el Presidente de la República. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) considera que este virus afectará a la región de América Latina y Caribe, a través de cinco canales: (1) la disminución de la actividad económica de los países que son destinatarios de nuestras exportaciones, (2) la caída

Relación entre el Cibercrimen y la Ley N° 30364, Ley de Violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar

Por Fabian Rolando Arias Razzo, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad La Salle, Arequipa. Introducción: Los delitos informáticos[2] son difíciles de definir, dado que ni la doctrina ni la legislación tienen un concepto uniforme al respecto; sin embargo, son de destacar dos definiciones, la primera de Terreros (2014) quien sostiene lo siguiente: “comprende a todas aquellas conductas en las que las TIC son el objetivo, el medio o el lugar de ejecución” y la segunda de Gustavo Sain (2018): “conductas indebidas e ilegales donde interviene un dispositivo informático como medio para cometer un delito o como fin u objeto del mismo”. Vistas estas definiciones, se aprecia que ambas tienen en común que los ciberdelitos son aquellas conductas

Internet de las Cosas y Protección de Datos Personales

Por Alejandro Morales Cáceres, abogado senior. Jefe del Área de Derecho y Nuevas Tecnologías de Torres y Torres Lara Abogados Imagina que llegas a tu casa del trabajo y recibes un mensaje en tu celular. Es tu refrigeradora inteligente que te avisa que estás cerca de quedarte sin verduras y frutas. Te pregunta si quieres realizar un pedido en línea. Tú aceptas y en ese momento el refrigerador realiza una investigación de mercado y encuentra los mejores precios para comprar los productos que necesitas. Eliges la mejor opción y lo solicitas al e-commerce que ofrece aquello que necesitas. Éste llegará en una hora. Recibes una notificación de tu “smart watch” y te dice que es hora de salir a correr.

El nuevo control de concentraciones de la banca peruana: ¿Qué podemos aprender de la experiencia comparada?

Por Enzo Segovia Trocones, bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asistente legal en el área de competencia y protección al consumidor del Estudio BBGS Abogados. La pandemia del coronavirus reducirá la colocación de créditos en el mercado, se incrementará la morosidad y provocará una pérdida del valor corporativo de las entidades bancarias en el mercado bursátil, lo que sitúa al sector en una posición de debilidad relativa y las convertirá en presas fáciles de operaciones de adquisición u operaciones de concentración El pasado 19 de noviembre de 2019, el Poder Ejecutivo peruano publicó el Decreto de Urgencia N° 013-2019 que incorporó al ordenamiento jurídico el Control Previo de Operaciones de Concentración Empresarial, completando así la

Regresión Logística para el análisis de propagación del COVID-19 en el Perú

Por Gonzalo Moya, magíster en Economía de la San Jose State University y docente en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNMSM. El lunes 16 de marzo, se publicó en el diario oficial El Peruano el D.S. N°044-2020-PCM, “Decreto Supremo que declara Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote de COVID-19”, y el D.U. N°026-2020, “Decreto de Urgencia que establece diversas medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del Coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional”. El Decreto Supremo hace referencia en los considerandos a los Artículos II, VI y XII del Título Preliminar de la Ley N°26842, Ley General de Salud, y a los artículos 130°

El Estado de Emergencia Nacional en el Perú

Por Andrea Tafur, Bachiller en Derecho por la Universidad del Pacífico El Decreto Supremo No. 044-2020-PCM anunciado ayer por el Presidente de la República establece el estado de emergencia a nivel nacional por el periodo de 15 días, con la finalidad de hacer frente al COVID-19. Este es el segundo estado de emergencia a nivel nacional establecido por el Estado en lo que va del siglo XXI[1]. Esta medida se ampara en el artículo 137º de la Constitución Política, el cual establece las medidas de excepción aplicables en el territorio peruano, dentro de las cuales se encuentra al estado de emergencia como la medida idónea en caso de graves circunstancias que afecten la vida de la Nación[2]. Hoy, esto se

Tratamiento de la figura del pacto comisorio en el derecho comparado

Por Daniel Santillán Soler, abogado por la Universidad San Martín de Porres y director general del Centro de Estudios de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la misma casa de estudios. LA FIGURA DEL PACTO COMISORIO EN EL COMMON LAW La figura del pacto comisorio en el Common Law es llamada “Forfeiture Clause”, la cual tiene los mismos efectos que en el civil law. Es relevante mencionar que la restricción a la libertad y los derechos del propietario frente al manejo de su propiedad no es un fenómeno actual en la jurisprudencia legal; sin embargo, sus restricciones siempre han sido limitadas por regulaciones en relación a la misma. Las interferencias a los derechos de la propiedad privada llevada

La complejidad del internamiento involuntario en el Reglamento de la Ley de Salud Mental

Por Renato Antonio Constantino Caycho y Renata Anahí Bregaglio Lazarte, docentes del Departamento de Derecho de la PUCP El Congreso sorprendió a muchos el año pasado cuando aprobó la Ley 30947, Ley de Salud Mental. En su momento, expresamos que «la reforma legislativa deberá estar acompañada de un compromiso real de entidades estatales y privadas, y una política pública de salud mental que responda realmente a las necesidades de todas y todos los peruanos con problemas de salud mental«. En lo que sería una muestra de este compromiso, el Gobierno publicó el 5 de marzo el Reglamento de la Ley de Salud Mental (Decreto Supremo 007-2020-SA). De manera general, el Reglamento intenta seguir la senda planteada por la Ley. Así,

Formalismo y paternalismo: Algunos comentarios a un nuevo intento por derogar la reforma en materia de capacidad jurídica

Renata Anahí Bregaglio Lazarte, Renato Antonio Constantino Caycho, magisters en Derechos Humanos por la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Paula Camino Morgado, bachiller en Derecho. La reforma en materia de capacidad jurídica de personas con discapacidad realizada por el Decreto Legislativo 1384 dio un vuelco de 180 grados a varios conceptos que cimentaban premisas del Derecho Civil en el Perú. De manera radical se tomaron una serie de medidas que buscaban garantizar que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones en igualdad de condiciones con el resto de personas. Esta decisión legislativa no se encuentra aislada, sino que surgió desde la necesidad de implementar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por ello, a nivel regional

Breves comentarios a la Ley N° 27444 y al Decreto Legislativo N° 1350 y su reglamento

Por Dante García Briceño, abogado por la Universidad de Piura, y magíster en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional de Piura I. INTRODUCCIÓN El presente artículo trata sobre el procedimiento administrativo sancionador en el derecho migratorio peruano, de manera concreta, cómo el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 (en adelante LPAG) aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante D.S N° 004-2019-JUS) sanciona a las aerolíneas por transportar pasajeros extranjeros sin contar con el documento de viaje exigido por la norma migratoria para ingresar al país, como lo es la visa, así como, cuando la visa ha caducado; infringiendo lo regulado en la Ley de Migraciones que es el Decreto Legislativo N° 1350 (en