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Riesgos por la posible flexibilización en la regulación contra la contaminación por plásticos, ante la pandemia por el COVID-19

Por Paulo César Delgado Neyra, Abogado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Máster Universitario en Derecho Ambiental por la Universidad Rovira i Vigili. Actualmente es Coordinador Legal en Asuntos de Gestión Ambiental de la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción.  INTRODUCCIÓN Al parecer el COVID-19 no solo está causando preocupaciones vinculadas a la salud de la población o la recesión económica, sino que algunos sectores de la ciudadanía han manifestado ciertas inquietudes por la posibilidad de que el Perú emita normas contrarias al medio ambiente para reactivar la economía (Richard O’Diana, 2020). No obstante, algunas de las normas de corte ambiental que podrían ser flexibilizadas -no tanto por fines económicos, sino por

“Indemnización” de daños por infracción marcaria: El criterio de la licencia hipotética

Por Ricardo Geldres Campos, Asociado del Estudio DLA Piper Perú, Abogado por la UNMSM, con estudios de maestría en Derecho Civil por la misma casa de estudios, con estudios de Maestría en Derecho Procesal por la PUCP y asistente de docencia de Derecho Civil en la UNMSM. INTRODUCCIÓN El artículo 243.c de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones dispone que en los supuestos de infracción marcaria, la indemnización de daños se podrá cuantificar en virtud del “precio que el infractor habría pagado por concepto de una licencia contractual, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales que ya se hubieran concedido”. La citada norma regula lo que se denomina la “licencia hipotética”

La celebración de la Junta Obligatoria Anual durante el periodo de Estado de Emergencia

Por Claudia Chong, socia del Área Financiera y Corporativa del Estudio Rubio Leguia Normad, y Sheerley Cárdenas, asociada del Estudio Rubio Leguia Normad De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 114° de la Ley General de Sociedades, aprobada mediante Ley N° 26887 (en adelante, la “ley General de Sociedades”), la Junta General de Accionistas de una sociedad debe reunirse obligatoriamente, cuando menos, una vez al año dentro de los tres meses siguientes a la terminación del ejercicio económico, esto es, hasta el 31 de marzo de cada año. Dicha junta tiene como propósitos, entre otros, pronunciarse sobre la gestión social y los resultados económicos del ejercicio anterior expresados en los estados financieros y resolver sobre la aplicación de las

La urgencia de revisar la prisión preventiva por la pandemia del COVID-19

Por André Carrasco, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres. Introducción Dada la agresividad y propagación de la pandemia de COVID-19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado a los Estados a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud e integridad de las personas privadas de libertad; así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención. Una de las recomendaciones es reducir la sobrepoblación de los centros penitenciarios. El gobierno peruano inició la batalla contra la pandemia el 15 de marzo del 2020, decretando medidas oportunas como el Estado de Emergencia Nacional[1], al amparo del artículo 137°, inciso 1 de la Constitución Política

Sacrificio de hoy, éxito de mañana

Por Lucía Varillas, asistente del Área Laboral de Dentons. La posición del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ha variado en estas últimas semanas. Hace tan solo 15 días se negaba por completo la posibilidad de optar por la suspensión perfecta de labores. Hoy, el Decreto de Urgencia N° 038-2020 lo permite, aunque con algunas particularidades. Es evidente que el Estado no podía seguir dándole la espalda a aquellas empresas que se estaban viendo severamente afectadas por la crisis. Ahora, si bien se trata de una medida que dará un respiro necesario para muchas empresas, y permitirá la preservación del vínculo laboral de miles de trabajadores, algunas empresas no podrán aplicarla al no encuadrar en los supuestos de hecho

Una nueva herramienta fiscal: El Impuesto Solidario a las Grandes Fortunas

Por Julio Alfredo Marroquín Minaya, abogado por la Universidad Católica San Pablo y magíster en Derecho Constitucional por la PUCP El pasado 24 de marzo, un grupo de congresistas militantes del partido político Frente Popular Agrícola del Perú, presentó el proyecto de ley N°4887/2020–CR, titulado Impuesto Solidario a las Grandes Fortunas (en adelante el ISF), iniciativa legislativa que propone gravar los ingresos y el patrimonio inmobiliario de propiedad de personas físicas, jurídicas y grupos económicos, con la finalidad de dotar de mayores recursos al Estado para el financiamiento de los programas de salud, educación y trabajo colectivo. En dicho contexto, el presente artículo pretende analizar la propuesta legislativa desde un enfoque constitucional y tributario, partiendo desde la estructura de la

Claves para entender desde una perspectiva de género el impacto del COVID-19 en el mundo laboral

Por Gabriela Salas Zúñiga, abogada laboralista asociada del Estudio Echecopar asociado a Baker & McKenzie International, especialista en Compensaciones por la Universidad del Pacífico y becaria de la Academia de Género del Centro de Formación de la OIT. En pocas semanas, la crisis sanitaria producida por el COVID-19 ha impactado de manera profunda el sistema de relaciones laborales peruano, generándose importantes cambios en la manera cómo trabajadoras y trabajadores prestan servicios a favor de sus empleadores. Frente a esto, cabe preguntarse, ¿la pandemia del COVID-19 impacta de igual medida a trabajadoras y trabajadores? La respuesta a esta pregunta es un rotundo no. Ello en la medida que el COVID-19 no hace sino desnudar y resaltar las desigualdades estructurales de las

El hacinamiento penitenciario y el COVID-19: La conversión de las penas como un mecanismo alternativo para detener esta bomba de tiempo

Por Juan José Rodríguez Hermoza, asociado del área penal del Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. I. Introducción La población penitenciaria ha incrementado en las últimas décadas al punto que los establecimientos penitenciarios nacionales se han desbordado en más del 137% de su capacidad. Dicha circunstancia ha ocasionado que los reclusos vivan en hacinamiento y, consecuentemente, en paupérrimas condiciones de salubridad. Antes de la crisis sanitaria ocasionada por la propagación del COVID-19, las autoridades no le deban la importancia debida al problema del hacinamiento en las cárceles. El desinterés en ello, aunado al déficit de un sistema de salud nacional precario y el surgimiento de una pandemia con un virus altamente contagioso han creado una “bomba de tiempo” que pone en

Alternativas legales en épocas de crisis

Por Anthony Lizárraga Vera-Portocarrero, socio del Estudio Muñiz. La proliferación de la pandemia del Coronavirus (COVID-19) ha afectado a más de un país y el Perú no ha sido ajeno a ello, con el estado de emergencia declarado por el Estado varias empresas han entrado en una situación de crisis económica y/o financiera, lo cual genera el rompimiento de la cadena de pagos. Motivo por el cual, las empresas se ven en la necesidad de adoptar una serie de decisiones transcendentales para afrontar dicha crisis, entre ellas, la reestructuración de la compañía misma y/o el refinanciamiento de sus deudas; sin embargo, estas empresas suelen tener diversos acreedores, lo que dificulta la negociación con cada uno de ellos, ya que la