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La propiedad de los comunes: ¿necesaria “tragedia”?

Por Eduardo Iñiguez, alumno de Derecho de la PUCP, ex Director de la comisión de Publicaciones de THĒMIS y practicante del área de Litigio de Bullard Falla Ezcurra +. Imaginemos un pastizal al alcance de todos. Es de esperar que cada pastor trate de alimentar la mayor cantidad posible de animales con esa pastura colectiva. Tal acuerdo puede funcionar más o menos bien durante siglos, ya que las guerras, los hurtos de caza en terreno vedado y las enfermedades mantienen el número de bestias y hombres muy por debajo del límite de saturación de la tierra. Sin embargo, a la larga llega el momento del ajuste de cuentas, es decir, cuando la tan ansiada meta de alcanzar una estabilidad social

Papá Noel en el Congreso

Por Marcelo Castilla, estudiante de Derecho de la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. Un nuevo escándalo tiene al Congreso en la mira. Su mesa directiva ha designado más de 6.5 millones de soles para cubrir las canastas, pavos y bonos, por fiestas de fin de año, que se le entregan a los trabajadores del Congreso, personal auxiliar,  congresistas, entre otros. Las canastas y los otros beneficios no parecen ser irregulares a simple vista, debido a que es frecuente que los trabajadores los reciban; sin embargo, el problema surge cuando sus precios son excesivamente costosos, y sobre todo, cuando son cubiertos con dinero público, como en el presente caso. Estos beneficios alcanzan a las siguientes personas: los

Censura, confianza y otros elementos del sistema de gobierno frente a la coyuntura reciente

Por Ana C. Neyra Zegarra, abogada por la PUCP, docente en  la UP y la UNMSM, miembro de Perspectiva Constitucional y Presidenta de Constitucionalismo Crítico, asociaciones para la investigación y difusión del Derecho Constitucional. El último miércoles, fuimos testigos de la interpelación al Ministro de Educación, Jaime Saavedra. Luego de largas horas de debate, y casi inmediatamente luego de su conclusión, el grupo parlamentario Fuerza Popular anunció que solicitaría la censura del ministro, al considerar que no había contestado de manera suficiente al pliego interpelatorio formulado. La censura procede con el voto de más de la mitad del número legal de integrantes del Congreso (artículo 132 de la Constitución Política). Al haber sido presentada por la bancada más numerosa, que

¿Se puede hacer cuestión de confianza “de cualquier cosa”?

Por Daniel Masnjak, estudiante de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ante la posibilidad de que se censure al ministro Jaime Saavedra, se ha discutido si el Presidente Kuczynski tiene alguna carta para impedirlo. Esta sería que el Consejo de Ministros haga cuestión de confianza de la permanencia de Saavedra. De esa forma, censurarlo implicaría negarle confianza al gabinete Zavala, que sería el primero de los dos que deben «caer» para que el Presidente pueda disolver el Congreso. Como la oposición no querría ese escenario, el gobierno lograría evitar que censuren al ministro de educación. ¿Es posible tal movida? El artículo 132 de la Constitución se refiere a los medios que tiene el Congreso para hacer efectiva la

La Unión Civil y los eventuales aportes de los compañeros civiles en una sociedad anónima

Por Mariano Peró, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a la Maestría en Derecho (LL.M.) de la Universidad de Columbia. El pasado 30 de noviembre, los congresistas Carlos Bruce y Alberto de Belaunde presentaron el Proyecto de Ley N° 718/2016-CR, Ley que Establece la Unión Civil (en adelante, la “Ley”)[1], la cual “pretende constituirse en una concreción de los derechos fundamentales de las personas homosexuales, bisexuales y trans, al libre desarrollo de la personalidad, dignidad, la igualdad y no discriminación y a la protección de la familia[2].” Más allá de la discusión sobre la pertinencia o deseabilidad de esta norma, el presente artículo busca hacer un aporte tangencial (pero importante, a nuestro parecer), toda vez que

Entrevista a Tessy Torres sobre el rol del OEFA y la regulación ambiental

1. ¿Cuál es la función del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y en qué consiste la fiscalización ambiental? La fiscalización ambiental, entendida como macro proceso, permite verificar si los administrados cumplen con la normativa ambiental, lo que involucra las normas generales y los instrumentos de gestión ambiental. El macro proceso de fiscalización incluye las funciones de evaluación, monitoreo, vigilancia, supervisión y sanción. A través de estas funciones, las entidades de fiscalización ambiental determinan si los agentes del mercado cumplen con sus obligaciones ambientales. Dichas entidades –denominadas EFA- forman el Sistema de Fiscalización Ambiental, cuyo ente rector es el OEFA. En cumplimiento de dicho rol el OEFA promueve que las EFAs cumplan adecuadamente con su función de fiscalización ambiental

Corrigiendo una omisión: legitimación activa del PJ para plantear demandas de inconstitucionalidad

Por Alberto de Belaunde, abogado por la PUCP, Ex Director de la Comisión de Actualidad Jurídica y actual Congresista de la República. He presentado el proyecto de ley 00121/2016-CR para modificar la Constitución y permitir que el presidente del Poder Judicial, con acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, pueda presentar demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Con ello, busco corregir una inexplicable omisión de la Constitución actual. Recordemos que un acierto de la Constitución de 1993 fue ampliar la lista taxativa de personas facultadas para interponer una demanda de inconstitucionalidad. Ello bajo el concepto que en un Estado Constitucional de Derecho tenemos el deber patriótico de defender la Constitución, como lo señala el artículo

La inhabilitación perpetua para funcionarios corruptos: una visión penal y laboral

Por Carlos Valverde Reyes y Uber López Montreuil, estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembros del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. En el marco de la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, el 22 de octubre, se publicó el Decreto Legislativo N° 1243[1]. Entre su ámbito de regulación estuvo modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal. ¿La razón? Crear un Registro Único de Condenados Inhabilitados, ampliar el período de duración de la pena de inhabilitación e introducir la inhabilitación perpetua por la comisión de delitos contra la administración pública[2]. La muerte civil es una figura jurídica que considera muerta a una persona viva, en base a ciertas circunstancias, en cuanto al goce de derechos civiles, dentro