Frente a la restricción ilegal y deleznable del acceso a las playas, en este mini-ensayo quiero defender la posibilidad de demandar responsabilidad civil por daño contra intereses difusos. ¿La base legal? El artículo 1969 del Código Civil (CC) y el 82 del Código Procesal Civil (CPC).
El miércoles 12 de febrero del 2014, fue convocada una manifestación pacífica por parte de varios dirigentes estudiantiles. En representación de universidades venezolanas como la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, los estudiantes se reunieron para llevar un documento al Ministerio Público con el propósito de exigir la liberación de los estudiantes detenidos en las protestas que se produjeron en el Estado de Mérida. Lo ocurrido en tal lugar tuvo como antecedente una serie de asambleas estudiantiles llevadas a cabo a lo largo del país con el propósito de discutir el problema de la inseguridad que tanto aqueja a los ciudadanos. Los estudiantes se reunieron frente a la casa del Gobernador de Estado, José Gregorio Vielma Mora, para exigir una respuesta del gobierno a dicho problema; y a partir de este incidente comenzaron las represiones por parte de los cuerpos oficiales hacia los estudiantes.
El pasado 14 de enero se publicó en la página web del Congreso de la República el Proyecto de Ley 3144/2013_CR[1] promovido por el Congresista Sergio Tejada, miembro del Grupo Parlamentario Nacionalista Gana Perú. Se trata de un Proyecto de Ley de “Reforma Constitucional que otorga Rango Supraconstitucional a los Tratados de Derechos Humanos así como aquellos relativos a la prevención contra la corrupción”.
“Lo que me hicieron los militares fue algo imposible. Fue como si me hubieran sacado los órganos y me hubieran vuelto a coser sin dejarme nada adentro. Como si yo fuera un perro abierto por unos estudiantes de veterinaria.”
Melva brindó este testimonio durante una ronda de preguntas ante un panel sobre la violencia sexual y el conflicto armado en la Pontificia Universidad Católica del Perú el año 2010. El auditorio enmudeció hasta que una de las panelistas se acercó a Melva y la abrazó. Acto seguido, el panel trató de honrar su declaración, remarcando que lo que hicieron los militares estaba mal, tratando de morigerar las palabras duras que señalaron sobre la impunidad permanente de la violencia de género. Para mí, este episodio fue un ejercicio didáctico de cómo trabajar con víctimas de violencia sexual y constatar que las cosas que decía el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Nacional (CVR) no eran invenciones, sino la historia de personas concretas. Frente a este dolor, el Derecho tiene el rol de reconstruir la identidad trastocada a consecuencia de las violaciones de los derechos humanos de una persona, de generar la transición del episodio traumático y, finalmente, desmantelar los arreglos sociales que generaron dichas vulneraciones.
Cuando comenzó la lectura de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (en adelante CIJ) sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile, los abogados internacionalistas nos sentimos como en una montaña rusa. Cuando el Juez Tomka[1] repasó el estudio de la Corte sobre las proclamaciones de 1947[2] y el Acuerdo de 1952[3], todos mis dispositivos electrónicos comenzaron a sonar indicando la llegada de mails, tweets y whatsapps de victoria y regocijo, dado que dichos instrumentos no establecían ningún límite marítimo.
No cabe duda de que el Arbitraje se ha convertido en un medio eficaz de solución de controversias como vía alternativa al Poder Judicial. Este medio se materializa, inspira y fundamenta en el Convenio Arbitral, que es la concreción de la manifestación de voluntad de la partes de someter su problema o litis patrimonial a un arbitraje.
La crisis en la que está sumido nuestro Poder Judicial puede ser rastreada hasta su propio nacimiento, se evidencia en múltiples pasajes de nuestra literatura. Prueba de aquello son las palabras que tiene un famoso personaje de Julio Ramón Ribeyro en su cuento Interior L, en el que argumenta, ante el padre de una chica que ha sido seducida: «El juicio no conduce a nada […]. Estará usted peleando durante dos o tres años en el curso de los cuales no recibirá un cobre y mientras tanto la chica puede necesitar algo»[1].
En las líneas que siguen, intentaré demostrar la relación que considero existe entre esta crisis y el derecho al debido proceso, de la cual el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante CNM) es el principal causante.
Hemos tenido algunos hechos de nuestro fútbol que han hecho noticia internacional, por ejemplo, que los clubes más representativos del país, Universitario de Deportes, Alianza Lima, Sport Boys, Cienciano y Melgar fuesen declarados en insolvencia económica. Hoy, la noticia es buena: uno de los clubes quebrados, la U, se convirtió en el campeón del fútbol peruano, superponiéndose con resultados deportivos a la crisis patrimonial.
ED: Este fallo constituye un significativo avance en materia de resolución de controversias por un tribunal internacional como una opción de paz. ¿Cómo podríamos asemejar este mecanismo de solución al acuerdo de paz que se derivó del conflicto con Ecuador en 1998?
FT: En 1998 se llegó a un acuerdo con Ecuador y también con Chile, con Chile solucionamos todo el aspecto terrestre. Mi estilo es siempre solucionar todo por la vía de la negociación y conversación antes de ir a una Corte internacional. En una Corte Internacional las cosas siempre se vuelven más complicadas. Cuando terminé con la parte del aspecto terrestre quise dedicarme al aspecto marítimo, pero justo eran las elecciones del año 2000 y el presidente me pidió que no moviera ese tema por razones políticas. Me dijo que me quedara un poco más como Ministro para ocuparme de esos temas, pero luego hubo todo un “BOLONDRÓN”. Mi idea era conversar, llegar a un acuerdo por la vía de la conversación. Después estuve alejado de los asuntos internacionales y, más bien durante el gobierno del Presidente Toledo se presentó una oportunidad de conversar, parece que no fue muy fácil, ya que la actitud de parte nuestra fue un poco aguerrida.
“El territorio de Tacna y Arica será dividido en dos partes. Tacna para el Perú y Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas partes y, en consecuencia, la frontera entre los territorios del Perú y de Chile, partirá de un punto de la costa que se denominará «Concordia», distante diez kilómetros al norte del puente del Río Lluta(…) Para el caso en que los Gobiernos del Perú y de Chile, no estuvieren de acuerdo en la interpretación que den a cada una de las diferentes disposiciones de este Tratado, y en que, a pesar de su buena voluntad, no pudiesen ponerse de acuerdo, decidirá el Presidente de los Estados Unidos de América la controversia (…)
