Adriana Martínez Carrasco, abogada por la Universidad Católica de Santa María, es consultora y especialista en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Constitucional. Ha sido pasante de sección Fondo/Corte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – OEA. Y Miguel Casas, abogado especializado en derecho internacional de derechos humanos. Secretario Ejecutivo de la Asociación Pro Naciones Unidas del Perú (World Federation United Nations Associations).
Imagínese que acaba de terminar su maestría en Derecho Constitucional y decide regresar al país para trabajar. Usted ve una convocatoria CAS para ser asistente en un área afín a su especialidad y, aunque solo se requiere ser bachiller en Derecho, el sueldo es más que suficiente para mantenerse. Con muchas esperanzas, decide postular. ¿Qué encontrará?
Pues verá que su formación académica vale solo 10% de la calificación final y que, por lo tanto, su maestría representa 1.2 puntos (si se los reconocen), pero de nada le valdrá si no tiene experiencia laboral en el sector público, tanto específica como general. Los requisitos mínimos para estos criterios oscilan entre tres y seis meses, y equivalen al 40% de la calificación final.
Hagamos un ejercicio matemático; digamos que usted tiene seis meses de experiencia general y tres de experiencia específica en el sector público. Ambos le valen 0 puntos. Si por el contrario, sus seis meses son en esa misma entidad, valen como general y específica, por lo que obtiene 2.8 puntos. Pero si llega a reunir más de un año y medio de experiencia específica en el sector público se lleva automáticamente 8.0 puntos, es decir, el cuádruple de lo que le da tener un doctorado. Pregúntese ahora ¿por qué alguien que tendría ese año y medio de experiencia en esa misma entidad postularía para lo que en la práctica es su propia plaza?
¿Le cuentan sus artículos en revistas indexadas? ¿Haber trabajado en organismos internacionales? Pues no. Ni siquiera hay categorías para este tipo de experiencia. Pero ¡no desespere! Todavía tiene la entrevista personal que vale el 50% de su calificación. Ahora, una pequeña advertencia derivada de la revisión de varias convocatorias: quienes tienen puntajes altos en la evaluación curricular suelen tener resultados bastante negativos en esta etapa. De cualquier forma, vale la pena intentar porque, en más casos de los que uno piensa, sucesos extraordinarios modifican los resultados finales del proceso CAS.
Como puede ver, estudiar no sale a cuenta. Aquí el diseño del perfil determina que sea perjudicial gastar tiempo titulándose o realizando estudios de postgrado, porque el requisito principal para entrar al servicio público es ya estar en el servicio público. Y hacer una bonita entrevista personal, claro. Suena tautológico, pero es la triste realidad. Si no lo cree, puede preguntar a cualquier joven profesional, quien le explicará lo desgastante que resulta presentarse a todas las convocatorias y siempre encontrar los mismos resultados.
No se malinterprete, nadie desmerece el conocimiento práctico que se gana ya en el puesto. Se entiende perfectamente que para un puesto de dirección se pida experiencia específica en el sector público, pero este requisito es irracional y contradictorio para un puesto destinado en teoría a un bachiller, quien deberá realizar funciones de asistencia. Es también una forma de sacarle la vuelta a los colegios profesionales y a la legislación laboral nacional, porque bajo el título de “asistentes”, las personas llevan a cabo labores, por definición, profesionales.
Por supuesto, la otra cara de la moneda es el problema de la precarización del trabajo en el sector público, donde hay locadores de servicios por años, esperando, en algún momento, convertirse en plazas CAS. Justamente, son estos los casos que legitiman la ultra-orientación de las convocatorias para estos puestos. Así, la pregunta última es ¿a qué aspiran los trabajadores CAS?
La meritocracia y unificación de regímenes en el servicio público son parte de una reforma urgente, ya no solo por los doctores y doctoras de Georgetown o de Oxford que desean servir a su país desde entidades públicas, sino también por quienes ya lo hacen y sufren por la falta de estabilidad laboral.
Mientras sociedad civil, sindicatos y entes rectores no apoyen el proceso de incorporación a SERVIR y perduren prácticas contrarias al espíritu de la reforma, seguiremos viviendo en un Estado (¿casi?) fallido que no garantiza el derecho al trabajo desde su acceso, sin discriminación alguna, hasta los beneficios que de él se desprenden.
El primer paso para solucionar un problema es tomar de conciencia sobre su existencia, porque solo así puede ser incorporado en la agenda pública. De esta forma, podremos buscar juntos una solución y exigir al Estado el respeto y garantía de nuestros derechos laborales.
Comentarios de una postulante nueva al cargo que no se adjudicó la plaza. No reluce este problema si se tiene en consideración que los puestos públicos CAS son los de mayor productividad y los de «estabilidad» los de mayor problema al usuario.
Tal parece que a la redactora sólo queda esperar a que cumpla el tiempo necesario y dejar de llorar.