Administración pública

La tecnología blockchain y las criptomonedas en Perú: retos y perspectivas legales

Por Carlos A. Gutierrez Ballesteros, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en derecho corporativo, nuevas tecnologías e incubación de startups. Miembro del Colegio de Abogados de Lima. I. Introducción En un contexto de creciente interés global por las tecnologías emergentes, Perú enfrenta el desafío de adaptar su marco legal a las realidades emergentes de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Estas tecnologías han revolucionado el sector financiero y otros ámbitos económicos al ofrecer mayor transparencia, seguridad y eficiencia en las transacciones digitales. Sin embargo, la ausencia de un marco regulatorio claro genera incertidumbre tanto para los inversionistas como para los usuarios que buscan participar en el ecosistema cripto. El presente artículo analiza los principales retos y

La detención preliminar en crisis: Herramientas legales vs derechos fundamentales

Por Enfoque Derecho Introducción El tema de la criminalidad en Perú, durante los últimos años se ha convertido en una de las problemáticas más graves, lo que ha llevado a que el ordenamiento jurídico peruano implemente una serie de mecanismos para combatir este mal social. Dentro de estos instrumentos penales, la detención preliminar judicial es considerada una herramienta particularmente controvertida. Incluso antes de la aprobación del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP, en adelante), esta figura generaba debates debido a su carácter excepcional y provisionalísimo. Sin embargo, en tiempos recientes, las instancias judiciales comenzaron a aplicar esta medida de manera indiscriminada, desvirtuando su propósito original. Esta práctica reiterada no solo ha desnaturalizado la institución, sino también generado preocupación en diversos sectores

Eliminación de barreras burocráticas como mecanismo de protección de las inversiones inmobiliarias: a propósito de la resolución N° 0565-2024/SEL-INDECOPI

Por David Rubio Alcántara, Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y asistente legal del Área Inmobiliaria del Estudio De la Flor, García Montúfar, Arata & Asociados. No es una novedad que, con mayor frecuencia, desarrolladores inmobiliarios recurran al Indecopi ante la imposición de requerimientos, por parte de los gobiernos locales, que demoran la ejecución de los proyectos inmobiliarios que tienen en cartera. Dichos requerimientos, en la medida que no tienen base legal o carecen de razonabilidad, constituyen barreras burocráticas. El presente artículo tiene como finalidad desarrollar cómo la eliminación de barreras burocráticas (ilegales o carentes de razonabilidad) permiten que los proyectos inmobiliarios se ejecuten sin incrementar los costos financieros estimados en el perfil de viabilidad

¿Suspensión del presidente de la república por 24 meses? Breves comentarios sobre la Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso N° 8662/2024-CR respecto a la suspensión presidencial

Por Eduardo Chocano Ravina, estudiante de Derecho en la Universidad de Lima, cursando el XII ciclo de estudios, y de Filosofía en la Universidad TECH. Actualmente, secigrista en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Ha publicado textos académicos sobre Derecho Constitucional, Derecho relacionado con las nuevas tecnologías y Filosofía aplicada. y Franco Vásquez Robles, estudiante del XI ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad de Lima. Practicante pre-profesional en el Tribunal Constitucional, ex asistente de investigación legal en la Asociación Contribuyentes del Perú, y coordinador general del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional.   INTRODUCCIÓN El 19 de agosto del presente año se recibió por parte de la congresista Martha Moyano Delgado el

Editorial | Un análisis crítico sobre la inconstitucionalidad de la reforma del sistema de pensiones en Perú.

Por Enfoque Derecho Introducción: En un esfuerzo controvertido por modernizar el sistema de pensiones, el Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que propone una nueva Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Aunque se presenta como una iniciativa destinada a asegurar pensiones más justas, esta reforma ha suscitado intensos debates y críticas, destacando las profundas divisiones y preocupaciones en torno a su viabilidad y equidad. La propuesta, que integra múltiples proyectos de ley, fue aprobada por 56 votos a favor, 47 en contra y 10 abstenciones[1]. Según el artículo 78 del Reglamento congresal, este dictamen será sometido a una segunda votación después de siete días calendario, período durante el cual es crucial analizar las implicancias y riesgos

Nota | Ministerio Público inició investigaciones preliminares por cohecho contra los congresistas Darwin Espinoza y Kira Alcarraz

Por Enfoque Derecho, El miércoles 1 de mayo la Fiscalía de la Nación dispuso iniciar diligencias preliminares contra los congresistas Darwin Espinoza (Acción Popular) y Kira Alcarraz (Podemos Perú), a quienes se les imputa los delitos de cohecho activo genérico y cohecho pasivo propio, respectivamente. Según el documento fiscal al que pudo tener acceso el diario El Comercio, las diligencias preliminares se centran en la contratación de personas cercanas a ambos parlamentarios.  Asimismo, se fijó en 60 días el plazo inicial de las diligencias preliminares y se solicitará al Congreso que en tres días hábiles remita la documentación relacionada a las contrataciones de Stephania Cuya Bezzolo y Myrna Mosso Carmona. Cabe indicar que el caso se inició cuando en un

La condición menos favorable en el procedimiento sancionador de la Dicapi

Por Bruno Ramos Huaytalla, Abogado por la Universidad Científica del Sur y abogado del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. El 21 de diciembre de 2016, la Ley de Procedimiento Administrativo General (“LPAG”) fue modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1272. A partir de esta modificación, se estableció en el numeral 2 del artículo II, título preliminar, que la LPAG contiene normas comunes aplicables a todos los procedimientos administrativos, incluyendo los especiales. Estos procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las establecidas en dicho texto normativo. Actualmente, las normas comunes del procedimiento administrativo contenidas en la LPAG deben prevalecer necesariamente respecto de las normas de procedimientos especiales[1]. El hecho que