Por Carlos A. Gutierrez Ballesteros, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en derecho corporativo, nuevas tecnologías e incubación de startups. Miembro del Colegio de Abogados de Lima.
I. Introducción
En un contexto de creciente interés global por las tecnologías emergentes, Perú enfrenta el desafío de adaptar su marco legal a las realidades emergentes de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Estas tecnologías han revolucionado el sector financiero y otros ámbitos económicos al ofrecer mayor transparencia, seguridad y eficiencia en las transacciones digitales. Sin embargo, la ausencia de un marco regulatorio claro genera incertidumbre tanto para los inversionistas como para los usuarios que buscan participar en el ecosistema cripto.
El presente artículo analiza los principales retos y perspectivas legales del blockchain y las criptomonedas en Perú, ello al abordar la situación actual del marco regulatorio, los desafíos jurídicos que enfrenta el país y las oportunidades para una regulación que equilibre el crecimiento tecnológico con la seguridad financiera. Además, se explorará el impacto potencial de futuras legislaciones en la adopción de contratos inteligentes, identidad digital y nuevas aplicaciones de la tecnología blockchain en sectores estratégicos de la economía peruana.
A medida que el ecosistema cripto sigue evolucionando, es fundamental que Perú avance hacia una legislación moderna y adaptable que brinde seguridad jurídica a los actores del mercado y fomente la innovación responsable en el sector.
II. ¿Qué es la tecnología blockchain y cuál es su relación con el derecho?
La tecnología blockchain puede compararse con un gran libro digital donde cada página representa un registro de acuerdos o transacciones. Este libro no se encuentra en un solo lugar, sino que sus copias están distribuidas en una red descentralizada de computadoras. Cuando se añade una nueva página (o “cadena de bloque” de información), esta actualización se refleja en todas las copias, garantizando la seguridad y transparencia de los datos.
Desde una perspectiva legal, la blockchain introduce un modelo innovador para registrar y validar acuerdos y transacciones. Cada bloque de información agregado a la cadena es inmutable y transparente, lo que significa que una vez registrado, no puede ser modificado ni eliminado. Esta tecnología elimina la necesidad de intermediarios tradicionales, como bancos o autoridades legales, en el proceso de verificación de transacciones, lo que permite nuevas formas de autenticación y ejecución de contratos, conocidos como «contratos inteligentes» (smart contracts). Estos contratos se ejecutan automáticamente cuando se cumplen ciertas condiciones, así agilizando los procesos legales y comerciales.
Asimismo, la blockchain puede transformar la gestión de registros de propiedad, derechos de autor, patentes y otros documentos legales. Por ejemplo, en el registro de la propiedad, la blockchain podría proporcionar un historial inalterable de la propiedad, mientras que, en el ámbito de la propiedad intelectual, podría servir como herramienta para demostrar la creación y propiedad de contenido digital, como los NFTs (tokens no fungibles).
Cabe tener en cuenta que los criptoactivos, dentro de los cuales se encuentran las criptomonedas, abarcan una amplia variedad de activos digitales basados en tecnología blockchain y criptografía. Mientras que una criptomoneda es un medio de intercambio digital diseñado para facilitar transacciones sin intermediarios (como Bitcoin o Ethereum), los criptoactivos incluyen además tokens de utilidad, tokens de seguridad, stablecoins y NFTs. Estos activos pueden representar valor, derechos o acceso a servicios dentro de redes descentralizadas.
III. Marco regulatorio actual en Perú
En Perú, no existe un marco legal específico que regule el uso de la tecnología blockchain o las criptomonedas. Sin embargo, como miembro fundador del Grupo de Acción Financiera de América Latina y miembro asociado del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Perú sigue sus recomendaciones, incluyendo normas y medidas para la supervisión de actividades relacionadas con los activos virtuales (criptoactivos).
A pesar de la falta de regulación específica, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha emitido normativa de prevención de lavado de activos (PLAFT) mediante el Decreto Supremo N.º 006-2023-JUS, que obliga a los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), comúnmente conocidos como criptoexchanges, a informar a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) sobre sus actividades para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT).
De acuerdo con la normativa, un PSAV es cualquier persona física o jurídica domiciliada o constituida en el país que realice actividades como:
- Intercambio entre activos virtuales y monedas de curso legal.
- Intercambio entre una o más formas de activos virtuales.
- Transferencia de activos virtuales.
- Custodia y/o administración de activos virtuales.
- Provisión de servicios financieros relacionados con activos virtuales.
Asimismo, el Decreto Supremo N.º 006-2023-JUS[1] establece que los PSAV deben:
- Implementar políticas de debida diligencia.
- Designar oficiales de cumplimiento.
- Reportar operaciones sospechosas a la UIF.
Estas medidas buscan garantizar un uso transparente de los activos virtuales (criptoactivos) dentro del sistema financiero peruano. La regulación coloca a los PSAV bajo supervisión especial en materia de LA/FT, con obligaciones específicas como el nombramiento de un Oficial de Cumplimiento y la implementación de un Sistema de Prevención de LA/FT.
En el mismo sentido, la Resolución N.º 02648-2024[2] emitida por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) establece obligaciones específicas para los PSAV, con el objetivo de fortalecer la supervisión y control sobre las transacciones realizadas con criptoactivos, lo que minimiza riesgos asociados a delitos financieros y garantiza la transparencia del sector. Entre las principales disposiciones de la resolución, se incluyen:
- Implementar políticas de debida diligencia para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. De esta manera, se asegura que todas las transacciones realizadas en las plataformas de los PSAV sean verificadas y cumplan con estándares internacionales de transparencia financiera. Para ello, se requiere la identificación y validación de la identidad de los usuarios (KYC), la verificación del origen de los fondos y la implementación de sistemas automatizados para la detección de actividades sospechosas.
- Establecer controles internos sólidos, designar oficiales de cumplimiento responsables de monitorear el cumplimiento normativo y garantizar la implementación de mecanismos eficaces de prevención de riesgos financieros. Además, los PSAV deben reportar de manera periódica y detallada cualquier operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), facilitando así la identificación de posibles actividades ilícitas y asegurando el cumplimiento de las normativas nacionales e internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Estas medidas buscan mitigar los riesgos inherentes al uso de criptomonedas y garantizar su transparencia en el sistema financiero.
Además, el Tribunal Registral, mediante la Resolución N.º 4920-2024-SUNARP-TR, ha reconocido a las criptomonedas como bienes susceptibles de ser utilizados como aportes no dinerarios al capital social de una empresa. Esta decisión representa un hito en la regulación de los criptoactivos en Perú, ya que permite su integración formal dentro del sistema empresarial y jurídico, otorgándoles así un reconocimiento explícito en el ámbito mercantil y societario.
Este avance normativo facilita la constitución de empresas y el aumento de capital social mediante la aportación de criptomonedas, lo que brinda una alternativa innovadora a los mecanismos tradicionales de financiamiento. De esta manera, las compañías pueden recibir criptoactivos como parte del capital aportado por sus socios o inversionistas, lo que permite diversificar las fuentes de inversión y aprovechar la creciente adopción de los activos digitales en el ecosistema financiero.
El sustento jurídico para esta decisión se basa en dos pilares fundamentales del marco normativo peruano:
- El Código Civil (artículo 886): Establece que los bienes pueden ser objeto de derechos y transacciones comerciales, siempre que tengan valor económico y puedan ser objeto de disposición legal. Dado que las criptomonedas cumplen con estos criterios al ser activos digitales con valor de mercado y aceptados en diversas transacciones, su reconocimiento como aporte no dinerario es coherente con la legislación vigente.
- El Reglamento del Registro de Sociedades (artículo 35): Regula la efectividad de los aportes no dinerarios en la constitución de sociedades. Según este artículo, cualquier bien que se aporte como capital debe ser debidamente valorizado y certificado para garantizar su legitimidad y evitar distorsiones en la estructura de capital de la empresa. En el caso de las criptomonedas, esto implica que su valoración debe realizarse conforme a criterios transparentes y verificables, a través de informes técnicos especializados o referencias de mercado. Asimismo, la certificación del gerente general o del representante legal de la empresa se convierte en un requisito clave para formalizar la transacción ante los registros públicos.
Actualmente, el Congreso peruano evalúa el Proyecto de Ley N.º 1042-2021-CR[3], que busca establecer un marco legal para las criptomonedas. Hasta su aprobación, las operaciones con criptoactivos continúan sin regulación formal en el país.
IV. Know Your Customer (KYC)
Dentro del creciente ecosistema de blockchain y criptomonedas en Perú, un aspecto fundamental en el marco regulatorio es el proceso de «Know Your Customer» (KYC), traducido como «Conozca a Su Cliente». Este conjunto de procedimientos es empleado principalmente por entidades financieras y tecnológicas para autenticar la identidad de sus usuarios, lo que garantiza una mayor seguridad en las transacciones digitales.
En el Perú, se ha observado un aumento en los casos de fraude de identidad asociados a operaciones con criptomonedas, una tendencia que también afecta a otros países de la región. Este crecimiento puede estar vinculado a la acelerada adopción de soluciones financieras digitales y a la falta de normativas robustas en torno al uso de criptoactivos. Asimismo, la existencia de una economía informal y la baja educación en temas financieros digitales representan desafíos adicionales que pueden exponer a los usuarios a mayores riesgos en el manejo de activos virtuales.
La aplicación del KYC resulta clave para mitigar actividades ilícitas como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Mediante la recopilación y verificación de información personal y financiera de los usuarios, las plataformas blockchain pueden establecer controles de seguridad efectivos que les permitan identificar a quienes operan en sus sistemas. En el contexto peruano, donde el mercado de criptomonedas sigue expandiéndose, la implementación de un marco normativo sólido que refuerce estos procedimientos se vuelve cada vez más necesaria.
Además, el KYC juega un papel crucial en la generación de confianza dentro del ecosistema de blockchain y criptomonedas. Dado que estas transacciones suelen caracterizarse por su anonimato o pseudonimato, contar con mecanismos de verificación ayuda a garantizar la transparencia y la seguridad tanto para los usuarios como para el sistema financiero en general. Esto no solo protege a los individuos contra fraudes y actividades delictivas, sino que también fortalece la estabilidad del sector y fomenta una adopción más segura de estas tecnologías.
La implementación del KYC en plataformas de blockchain y criptomonedas en Perú también puede facilitar su integración con el sistema financiero tradicional. Establecer regulaciones claras y protocolos de verificación permitirá que las entidades bancarias y otras instituciones se sientan más seguras al interactuar con empresas del sector cripto, impulsando así la innovación y el crecimiento de la industria.
Se recomienda que los procesos de KYC en el país utilicen bases de datos confiables como las del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) para validar la identidad de los clientes con mayor precisión. Asimismo, existen proveedores tecnologicos especializados, como SUMSUB[4], que ofrecen soluciones integrales para la autenticación de usuarios y su integración con diversas aplicaciones. Cumplir con las normativas locales sobre verificación de identidad es fundamental para prevenir delitos financieros y alinearse con los estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos en Perú.
V. Privacidad y protección de datos en la tecnología blockchain en Perú
La Ley de Protección de Datos del Perú (Ley 29733) otorga a las personas derechos fundamentales como el acceso, la rectificación, la supresión y la oposición al tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, en el contexto de la tecnología blockchain, garantizar estos derechos presenta múltiples desafíos debido a la naturaleza descentralizada de la red y la participación de actores distribuidos globalmente.
Uno de los principales problemas radica en la inmutabilidad de la blockchain, lo que impide la eliminación o modificación de datos personales una vez registrados en la cadena. Esto genera conflictos con el derecho al olvido y la supresión de datos exigidos por la legislación peruana y otras normativas internacionales, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea. Para abordar este problema, se han propuesto soluciones como la tokenización de datos personales, el uso de blockchain híbridas con permisos de acceso controlados y la implementación de sistemas de cifrado avanzado que permitan ocultar información sin necesidad de eliminar registros.
A pesar de estos retos, la tecnología blockchain también ofrece oportunidades en materia de privacidad y seguridad. Los registros distribuidos pueden reducir el riesgo de manipulación de datos, mejorar la trazabilidad y proporcionar mecanismos de auditoría transparentes. En este sentido, la adopción de soluciones como contratos inteligentes con gestión de privacidad y sistemas de identidad digital descentralizados podrían contribuir a la protección de datos en el marco legal peruano.
VI. Hacia un Futuro Regulado
Es fundamental que Perú avance hacia un marco legal que equilibre la innovación tecnológica con la seguridad y protección de los usuarios. La adopción de regulaciones claras y precisas permitirá fomentar la confianza en el ecosistema digital y atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras. Además, contar con un entorno normativo adecuado brindará mayor certeza jurídica a empresas, emprendedores y usuarios de tecnologías blockchain.
Algunas medidas clave podrían incluir:
- Implementación de regulaciones específicas para la minería de criptomonedas estableciendo lineamientos sobre consumo energético, impacto ambiental y fiscalización de operaciones para garantizar su sostenibilidad y cumplimiento tributario.
- Desarrollo de un sistema de identidad digital basado en blockchain para prevenir fraudes y fortalecer la seguridad en transacciones electrónicas. Esto permitiría una mayor protección de datos personales y reduciría el riesgo de suplantación de identidad en actividades financieras y administrativas.
- Creación de un organismo regulador especializado en blockchain y criptomonedas, que supervise y establezca directrices sobre su uso en el mercado peruano. Este ente podría coordinar con entidades como la SBS, SMV, SUNAT y la UIF-Perú para garantizar una regulación integral del ecosistema cripto.
- Promoción de mecanismos de certificación y auditoría en plataformas basadas en blockchain para garantizar su transparencia y correcto funcionamiento, evitando riesgos de fraude o manipulación en sistemas descentralizados.
En esta línea, recientemente se presentó el Proyecto de Ley N.º 09689/2024-CR[5], que propone modificar la Ley N.º 26859 para incluir el voto electrónico basado en blockchain, garantizando la autenticidad y seguridad del proceso electoral para peruanos en el extranjero. La implementación de esta tecnología en procesos electorales podría ser un primer paso hacia la digitalización confiable de otros servicios públicos, como la emisión de documentos oficiales y la automatización de registros notariales.
Asimismo, se debería considerar el impacto de futuras normativas en la adopción de contratos inteligentes dentro del marco legal peruano, lo que permitiría automatizar acuerdos comerciales con mayor seguridad jurídica. La inclusión de estándares internacionales en la regulación peruana también facilitaría la interoperabilidad con otros mercados, favoreciendo la expansión de negocios basados en blockchain en la región.
El desarrollo de una legislación moderna y adaptable permitirá que Perú no solo se mantenga competitivo en el panorama tecnológico global, sino que también impulse el crecimiento económico basado en la innovación y la transformación digital.
VII. Conclusión
El panorama legal para blockchain y criptomonedas en Perú está en una fase de evolución. Aunque existen avances regulatorios, como el control de los PSAV, todavía falta un marco sólido que permita el desarrollo seguro de estas tecnologías. La adopción de normativas claras podría posicionar a Perú como un referente en América Latina para la innovación en blockchain y criptomonedas.
La falta de un marco regulador adecuado puede limitar la competitividad del país en este ámbito. Sin una regulación bien definida, los inversionistas y empresas podrían optar por jurisdicciones con normativas más favorables, lo que podría retrasar el crecimiento del sector en Perú. Por ello, es crucial que las autoridades adapten las regulaciones de manera equilibrada, garantizando tanto la seguridad de los usuarios como el desarrollo del ecosistema blockchain.
A medida que el ecosistema digital continúa expandiéndose, será crucial que los legisladores peruanos adopten medidas concretas para fomentar la transparencia, la educación y capacitación, la seguridad y la innovación en este sector. La implementación de un marco normativo bien estructurado no solo permitirá una mayor inclusión financiera, sino que también atraerá inversiones y fortalecerá la competitividad del país en la economía digital global.
Por último, el éxito de la regulación de blockchain y criptomonedas en Perú dependerá de su capacidad para equilibrar la innovación tecnológica con la protección del usuario y la estabilidad financiera. La educación y la concienciación sobre los beneficios y riesgos de estas tecnologías también serán fundamentales para su aceptación y correcta implementación en el país. En este contexto, es imprescindible que las autoridades, empresas y usuarios trabajen en conjunto para establecer un entorno regulatorio dinámico, flexible y adaptado a las necesidades del futuro digital.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
[1] Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (2023). Decreto Supremo N.º 006-2023-JUS: Ampliación de la lista de sujetos obligados en materia de prevención de LA/FT. Lima, Perú. Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/Portals/5/Decreto-Supremo-N%20006-2023-JUS.pdf
[2] Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). (2024). Resolución N.º 02648-2024: Regulaciones para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Lima, Perú. Disponible en: https://www.sbs.gob.pe/Portals/0/jer/REGU_TUPA/2024/El%20Peruano%20consolidado.pdf
[3] Congreso de la República del Perú. (2021). Proyecto de Ley N.º 1042/2021-CR: Ley Marco de Comercialización de Criptoactivos. Disponible en: de https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MTA2MTM2/pdf/RO-OF-%20N%C2%B01005-2022-EF
[4] SUMSUB. (2024). Know Your Customer (KYC) & Identity Verification Solutions. Disponible en: https://sumsub.com/
[5] Congreso de la República del Perú. (2024). Proyecto de Ley N.º 09689/2024-CR: Inclusión del voto electrónico basado en blockchain en la Ley N.º 26859. Lima, Perú. Disponible en https://wb2server.congreso.gob.pe/spley-portal-service/archivo/MjM5NTM4/pdf
