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– Semana Temática de Derecho y Nuevas Tecnologías – ¿Los usuarios del arbitraje deberán adaptarse necesariamente a las nuevas tecnologías, incluso si la pandemia actual cesa? Puedes saber más de este y otros temas en el libro de Arbitraje y Nuevas Tecnologías en market.joinnus.com/themis. Accede a un descuento especial utilizando el código ENFOQUE10.
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Por Nicolás Alarcón Loayza, abogado por la Universidad Católica San Pablo En diciembre de 2019, un grupo de expertos liderado por exjuez de la Corte Internacional de Justicia Bruno Simma, publicó la versión final de Las Reglas de la Haya de Arbitraje para controversias que involucren a empresas y derechos humanos (“Las Reglas de la Haya”). Las Reglas, en breve, recogen una propuesta de reglamento arbitral para tramitar controversias relativas a empresas y derechos humanos[1]. Dada la dificultad que enfrentan muchos individuos y comunidades en diversas jurisdicciones para acceder a una reparación efectiva frente a las consecuencias negativas de la actividad empresarial, en particular en disputas transnacionales, Las Reglas de la Haya abren un espacio de reflexión sobre la idoneidad
Por Dario Rodríguez Uriol, Bachiller en Derecho por la PUCP y practicante profesional del Area de Litigios y Arbitraje del Estudio Santivañez Abogados. Todo conflicto, ya sea un grande o pequeño, genera costos, los cuales pueden ser de diversa índole: económicos, personales, sociales, etc. Para resolver dichos conflictos, los sujetos involucrados deben recurrir a mecanismos de solución, los cuales requieren la inversión de determinados recursos, cuyo tipo y cantidad dependen del tipo de mecanismo del que se trate. Dentro de los mecanismos de solución de conflictos más costosos se encuentra, sin duda, el arbitraje, debido a factores como los conocimientos especializados que requieren los profesionales encargados de resolver el conflicto, la alta complejidad de los temas que se someten a
Por Rafaela Ojeda Villamar, Investigadora del Observatorio Inmobiliario Mercantil – OIM “Es tan absurdo pretender que una máquina puede resolver los problemas fundamentales del hombre (…) como creer que la moderna tecnología no puede ayudar al hombre en resolver sus problemas” (de Trazegnies 2013: 129). Introducción En el presente trabajo abordaremos el significado del posible y futuro uso de la tecnología conocida como “Inteligencia Artificial” en los procesos arbitrales. El objetivo principal de esta investigación es acercar al lector a la Inteligencia Artificial, tecnología que no es extraña a nuestra vida; pero que en el mundo del Derecho puede generar cierto rechazo por diversos motivos: como la automatización de la profesión, la creencia de la solución mágica o los posibles
Por Emily Horna Rodriguez, Jefa del Área de Litigios & Arbitrajes de Santiváñez Abogados Una de las reglas básicas antes de iniciar un arbitraje es revisar lo que dice el convenio arbitral. No obstante, en la práctica, al revisar tantos convenios arbitrales uno podría empezar a asumir que ya conoce lo que éste dice o podría decir y se limita tan solo a identificar rápidamente aspectos centrales, sin efectuar una revisión más exhaustiva del texto. Revisar tan solo si el arbitraje es administrado; administrado por quién; y si es tribunal o árbitro único, además si la cláusula dice que el arbitraje es o no de derecho. Nuestro recordatorio en este primer post es nunca olvidar revisar el convenio arbitral completo.
Por Jhoel Chipana Catalán, Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Es árbitro adscrito al RNA-OSCE y miembro fundador de Arbitration360°. Es socio fundador y dirige el área de litigios privados en Chipana & Moreno Abogados y es también profesor de Derecho Civil y Arbitraje. La arbitrabilidad El arbitraje es un mecanismo para poner fin a un conflicto y cobija una serie de conceptos que lo hacen una disciplina con plena autonomía no sólo normativa, sino también conceptual. En el Perú, esa autonomía se ve potenciada por la calidad de jurisdicción que le otorga la Constitución Política y que la sitúa al mismo nivel que el Poder
Por Gino Rivas Caso, profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hace más de 20 años, dentro de una ola de difusión del concepto de Alternative Dispute Resolution (ADR)[1] en Latinoamérica[2], el Perú optó por un sistema de conferencia conciliatoria prejudicial obligatoria para sus disputas civiles[3]. El carácter del sistema no ha estado exento de críticas, y tampoco lo estuvo su materialización[4]. En cualquier caso, el sistema se implementó; y pese a que propuestas importantes de reforma judicial han planteado su derogación, este sigue en pie[5]. A nuestro juicio, aunque polémica, optar por un sistema de conferencia conciliatoria previa obligatoria fue una decisión acertada. Un grado de compulsión no afecta la tutela jurisdiccional efectiva[6],
