derecho constitucional

Entrevista a César Landa | Caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú

El pasado 6 de abril, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó la sentencia del caso Azul Rojas Marín y otra vs. Perú[1], en la cual se declara culpable al Estado peruano por la violación de los derechos a la libertad e integridad personal, a la vida privada, al no sometimiento a torturas, a las garantías judiciales y a la protección judicial. El caso al cual se hace referencia corresponde al seguido por Azul Rojas Marín, una mujer transgénero, quien fue detenida, sin motivo alguno, por agentes de la policía peruana el 25 de febrero de 2008. En dicha oportunidad, la denunciante fue golpeada, desnudada a la fuerza, torturada y violada, todo ello, en razón de su orientación

Fake News y desinformación

Por EnfoqueDerecho.com El pasado 30 de marzo, en medio de la conferencia de prensa del presidente Martín Vizcarra, este pronunció la siguiente frase: “Hay gente ociosa que se dedica a hacer noticias falsas para crear zozobra””. Ello debido a diversas noticia falsas que circulaban por redes sociales, en algunas incluso se informaba del supuesto contagio de COVID-19 del propio Presidente de la República. Así, aunque, desde ese momento, se han hecho diversos llamados a la población para evitar la difusión de estas noticias y promover la difusión de aquellas provenientes de entidades oficiales, estos hechos no se han detenido. Ante ello, el pasado 8 de abril, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos decidió utilizar su cuenta de Twitter para

La urgencia de revisar la prisión preventiva por la pandemia del COVID-19

Por André Carrasco, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con Maestría en Derecho Constitucional por la Universidad San Martín de Porres. Introducción Dada la agresividad y propagación de la pandemia de COVID-19, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha exhortado a los Estados a adoptar medidas urgentes para garantizar la salud e integridad de las personas privadas de libertad; así como asegurar las condiciones dignas y adecuadas de detención. Una de las recomendaciones es reducir la sobrepoblación de los centros penitenciarios. El gobierno peruano inició la batalla contra la pandemia el 15 de marzo del 2020, decretando medidas oportunas como el Estado de Emergencia Nacional[1], al amparo del artículo 137°, inciso 1 de la Constitución Política

Una nueva herramienta fiscal: El Impuesto Solidario a las Grandes Fortunas

Por Julio Alfredo Marroquín Minaya, abogado por la Universidad Católica San Pablo y magíster en Derecho Constitucional por la PUCP El pasado 24 de marzo, un grupo de congresistas militantes del partido político Frente Popular Agrícola del Perú, presentó el proyecto de ley N°4887/2020–CR, titulado Impuesto Solidario a las Grandes Fortunas (en adelante el ISF), iniciativa legislativa que propone gravar los ingresos y el patrimonio inmobiliario de propiedad de personas físicas, jurídicas y grupos económicos, con la finalidad de dotar de mayores recursos al Estado para el financiamiento de los programas de salud, educación y trabajo colectivo. En dicho contexto, el presente artículo pretende analizar la propuesta legislativa desde un enfoque constitucional y tributario, partiendo desde la estructura de la

El plazo de la prisión preventiva en tiempos de coronavirus

Por Mercedes Gianela Ramírez Alvarez, alumna de último ciclo de la Facultad de Derecho de la PUCP, miembro del Grupo de Investigación en Derecho Penal y Criminología de la PUCP, y practicante del área penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi & Pérez Abogados. La pandemia del “COVID-19” ha golpeado -y continúa golpeando- a nuestra sociedad de un modo poco antes visto. Es innegable reconocer que la mayoría se ha puesto la camiseta para luchar contra la enfermedad. Sin embargo, la crisis no es motivo para interpretaciones reñidas con el principio de dignidad de toda persona. El 30 de marzo de 2020, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de la Corte Superior de Justicia de La Libertad emitió la resolución N°

Religión vs Democracia: La inconstitucionalidad del Día Nacional de la Oración

Por Daniel Rodríguez, estudiante de Derecho en la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho El oportunismo impera en tiempos de crisis. Las personas aprovechan la más mínima oportunidad para favorecerse, de alguna u otra forma, de determinada situación de desventaja o vulnerabilidad, y nuestros flamantes congresistas no son la excepción. El 25 de marzo, Orestes Sánchez, del grupo político Podemos Perú -y refrendado por este- presentó un pequeño, pero particular y llamativo proyecto de ley, que busca declarar como “Día Nacional de la Oración” el tercer domingo de abril de cada año y dedicarlo al clamor a Dios, para que bendiga a la Nación. Más allá de los evidentes fines políticos que persigue el mencionado proyecto, surgen

¿Por qué debe ser declararse nulo el contrato de seguridad privada entre la empresa Glencore y la Policía Nacional del Perú?

Juan Carlos Ruiz Molleda, abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL) Ahora que el Tribunal Constitucional está a punto de emitir sentencia sobre el proceso de amparo presentado por Oscar Mollohuanca Cruz y la Asociación de Productores de Huinipampa, con el patrocinio legal de IDL y de DHSF, contra el convenio de servicios de seguridad privada entre la Compañía Minera Antapaccay y la Policía Nacional del Perú, exponemos acá un resumen de los principales argumentos que sustentan nuestro pedido, para que se declare nulo este convenio[2]. No es competencia constitucional de la Policía dar seguridad privada a las empresas mineras De acuerdo con el artículo 166 de la Constitución, la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental “garantizar, mantener y restablecer

La libertad de expresión de las personas privadas de libertad: el caso Fujimori

Por Adriana Chávez, estudiante de Derecho en la PUCP y miembro del Consejo Editorial de Enfoque El pasado 20 de diciembre de 2019, se difundió un audio que evidenciaba unas supuestas coordinaciones políticas efectuadas entre el ex presidente Alberto Fujimori y el ex aspirante al Congreso Crisóstomo Benique, quien pretendía postular a las próximas elecciones parlamentarias de 2020. La reciente propagación de esta grabación desató la indignación de un sector de la población puesto que Fujimori, quien aún cumple una condena de 25 años de prisión efectiva, parecía estar dirigiendo la conformación de las candidaturas al Parlamento del partido político Fuerza Popular. A las pocas horas de hacerse pública dicha comunicación, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció el inicio de

Balance constitucional de la crisis política del 2019

Por César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La crisis política, derivada del conflicto entre el gobierno y la oposición parlamentaria, terminó siendo resuelta mediante la disolución del Congreso de la República. La decisión presidencial de disolver el Congreso fue consecuencia del rechazo de la mayoría parlamentaria a la cuestión de confianza planteada por el premier Fernando Zavala en el 2017 y por el premier Salvador Del Solar en el 2019, pues, tras ello, el Presidente, en uso de las facultades constitucionales, disolvió el Congreso, revocando el mandato de los congresistas, salvo el de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso, y, convocó a elecciones

El Tribunal Constitucional y la impunidad  en la investigación contra la corrupción

Por César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El Tribunal Constitucional ha resuelto en mayoría otorgarle la libertad a Keiko Fujimori, levantando la detención preventiva que había ordenado el Poder Judicial, en el marco de la investigación preliminar penal a la que se encuentra sometida por delitos de corrupción como el de lavado de activos, a raíz de los pagos ilícitos realizados por la empresa Odebrecht para financiar su campaña electoral por la Presidencia de la República del 2011. Para lo cual, en su condición de líder de su partido Fuerza 2011, habría creado en su interior una organización criminal para encubrir dichos dineros ilícitos. En