Derechos Fundamentales

La mercantilización de la educación: cuando un derecho se convierte en negocio

La semana estuvo marcada por el debate del proyecto de Ley Nº 1215, impulsado por la congresista fujimorista Rosa Bartra, que modifica la Ley de Modalidades Formativas Laborales. Dicho proyecto denominado por la opinión pública como la «Ley de la esclavitud juvenil» tiene como objetivo implantar la modalidad «Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo», en la que los estudiantes de Institutos de Educación Superior Tecnológicos podrán, voluntariamente, realizar experiencias formativas – o mejor dicho, trabajar -en una empresa o en los mismos institutos sin remuneración alguna. La propuesta ha estado en el ojo de la tormenta por obvias razones. El estudiante no sólo «aprende» en estas experiencias formativas, sino que también realiza una prestación que genera beneficios a la

Aproximaciones sobre la importancia de pertenecer al Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Por Francisco Mamani y Héctor Navarro, estudiantes de Derecho de la PUCP y miembros extraordinarios de Thēmis. Durante las últimas semanas, se ha retomado el debate sobre la conveniencia de que el Perú haya ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y, a su vez, reconocido la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Si bien esta discusión no es nueva, dos hechos coyunturales han avivado la misma. Por un lado, varios congresistas cuestionaron que la Corte IDH revise el indulto otorgado a Alberto Fujimori mediante la supervisión de sentencias por los casos Barrios Altos y La Cantuta[1], y que ordene al Estado archivar la denuncia contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional

2018: ¿Qué significa una verdadera reconciliación?

«Con todo respeto a las víctimas [de Barrios Altos y La Cantuta], de verdad empecemos de nuevo a mirarnos como una República que tiene la posibilidad de conversar unos con otros, hay que seguir los ejemplos buenos que hay en otras naciones; con todo el dolor, porque los entiendo en su dolor, y con todo respeto [a las víctimas], hay que comenzar a conversar, a recuperarnos y a olvidar». (Mercedes Araóz, segunda vicepresidenta de la República) En las últimas semanas, el actual gobierno ha hecho parecer que tiene, como una de sus metas principales para este año, avanzar en el camino de la reconciliación. De hecho, hace unos días el gobierno llamó al 2018 como el Año del Diálogo y

Una última esperanza

Por: Kiara Bazan, estudiante de derecho en la PUCP y miembro del consejo editorial de EnfoqueDerecho.com El 22 de noviembre de este año, el Perú dio un gran paso con respecto a la búsqueda de las personas desaparecidas en el conflicto armado interno que vivió nuestro país en la década de los 80. Se trata de la creación del Banco de Datos Genéticos. Este instrumento fue implementado en 1987 en Argentina para ‘‘garantizar la obtención, almacenamiento y análisis de la información genética que sea necesaria como prueba para el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad’’[1]. En el presente artículo se analizará este instrumento, cómo funciona, cuál es su fin y la forma en cómo su implementación ha ayudado en otros

Una discusión que se daba por muerta: el estéril debate sobre la aplicación de la pena de muerte en el Perú

Por Gonzalo J. Monge Morales, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ex Editor General de THĒMIS-Revista de Derecho. Asociado del Estudio Echecopar, member firm of Baker McKenzie International. La pena de muerte ha regresado al debate. Si no son los terroristas, los sicarios, los asaltantes que hieren de muerte o lesionan gravemente a sus víctimas, quienes gatillan la discusión sobre la pena de muerte en el Perú son los violadores. Es comprensible que tengamos la peor de las impresiones sobre los delincuentes antes mencionados: los crímenes que cometen son abominables y todos exigimos que tengan una sanción ejemplar. Esa sanción, para muchas personas, no es otra que la pena de muerte. Por alguna razón, se piensa que es

Editorial | ¿Salir del Pacto de San José?

Por Enfoque Derecho Un nuevo acto de violación ha conmovido a la sociedad peruana: la violación de una menor de 2 meses por su propio padre. El acontecimiento de este tipo de hechos reflejan la gran problemática en la que se encuentra inmersa nuestro país: el Perú tiene el mayor índice de violación en Latinoamérica y el tercer mayor en el mundo. Ante este contexto, es común encontrar a  muchos peruanos exigiendo “mano dura” al Estado; concretamente, la implementación la pena de muerte para los violadores de menores. La medida no es nueva, ya había sido evaluada anteriormente –en el gobierno de Alan García por ejemplo-. No obstante, esta propuesta es siempre reimpulsada por algunos parlamentarios, siendo actualmente defendida por

Apología a la imprescriptibilidad: ¿un grito desesperado a la corrupción en el Perú?

Roy M. Irribarren Calderón, miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho y estudiante de Derecho de la PUCP.  Tras la caída del régimen autoritario de Fujimori y, específicamente, a inicios del 2001, comienzan a aparecer las iniciativas desde diversos campos para el desarrollo de parámetros que contrarresten la impunidad; sin embargo, históricamente, configuraron de manera errónea la lucha contra la impunidad en delitos de corrupción; es así como centraron su atención en la prescriptibilidad. El país quedo sumergido, desde el gobierno de Fujimori, en redes y redes de corrupción, que hasta el día de hoy no han sido desintegradas por completo. Un gobierno que nos dejó como legado el aprovechamiento del clamor popular para satisfacer los intereses personales de los

Los derechos de los pueblos indígenas y tribales: a propósito del Censo Nacional peruano 2017

Por: Sergio Arellano Gonzales, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y candidato a Magister en Derecho (LL.M.) por la Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Alemania. El 22 de octubre del presente año se realizará en nuestro país el Censo Nacional, el cual tendrá la novedad de incluir la pregunta sobre autoidentificación étnica, entendiéndose ésta de cómo un individuo se percibe a sí mismo, considerando sus tradiciones o ancestros, y el derecho que tiene -de forma libre y voluntaria- de decidir su pertenencia a un determinado grupo étnico, por ejemplo ashaninka, quechua, awajún, etc. Esta pregunta será realizada a toda la población del país, tomando en cuenta factores como costumbres o antepasados, con la finalidad de tener una imagen clara y fidedigna

¿Indulto o impunidad?

Por César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP El debate público entorno al posible indulto al ex Presidente Alberto Fujimori tiene dos vertientes de análisis: una política y otra jurídica. Por la primera, la política, se señala que el Presidente de la República goza de la atribución de ejercer el derecho de gracia para otorgar indultos y conmutar penas (art. 139-13, Constitución Política). En virtud de ello, un sector de la opinión pública señala que esta es una competencia del Presidente, sujeta exclusivamente a su voluntad política, que serviría a la pacificación de la tensa relación entre el gobierno y la oposición política fujimorista, que con su mayoría parlamentaria viene