Internacional

Los derechos humanos son comúnmente asociados con el rol de protección que tiene el Estado respecto a ellos y la necesidad de garantizar su cumplimiento ha sido relacionada con el trabajo realizado por las ONG (Organizaciones No Gubernamentales). No obstante, debemos empezar a cambiar nuestra perspectiva ya que, a partir de la Organización de Naciones Unidas, se ha propuesto que, en realidad, son las empresas las adecuadas de velar por los derechos humanos siendo, en nuestra opinión, indicadas para ello.

Hace unas semanas, una información llamó mi atención y la de muchos, la historia iba más o menos así: Ecuador, que en este caso sería el villano de la historia, se disponía a realizar un plan macabro para desestabilizar, si es que acaso no desaparecer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este plan, nacido desde el eje chavista o bolivariano del mal (ya no sé cómo se le llama ahora), apuntaba a controlar y desestabilizar a las democracias en toda América Latina, imponiendo su régimen autoritario[1].

El 19 y 20 de junio, la ciudad mexicana de Nayarit albergará la IX Cumbre de la Alianza del Pacífico. Estando a puertas de este evento importa saber qué es lo que significa la Alianza del Pacífico (en adelante, Adp) para el Perú.

El caso Bear Creek en Santa Ana, es un típico caso de enfrentamientos entre una minera de capitales extranjeros, canadienses, y la población del lugar donde se ejecutará el proyecto. Teniendo como tercer actor al Estado.

La situación en Venezuela ha mantenido a la comunidad internacional atenta desde hace ya varios años, y en particular hace algunos meses, a raíz de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. No obstante, la comunicación presentada a la Corte Penal Internacional (CPI) el pasado 7 de abril por la Asociación Parlamentaria Democrática de América (APDA) (suscrita por 198 parlamentarios de ocho países de América Latina: Perú, Chile, Bolivia, Uruguay, El Salvador, Argentina, Brasil y Colombia) introduce otro elemento en el debate. Dicha comunicación se habría presentado con la intención de que dicho Tribunal abra investigación por los supuestos crímenes de lesa humanidad que se habrían registrado.

“No estoy pidiendo un favor”[1], decía la pancarta de un manifestante en la marcha por la igualdad convocada en apoyo del proyecto de ley que busca regular la Unión Civil no matrimonial para personas del mismo sexo que se discutirá la próxima semana en el Congreso. Varias cosas llaman mi atención del manifestante. Hay en él la conciencia de que nos encontramos frente a algo exigible, lo que jurídicamente caracterizamos como un derecho subjetivo, la intuición de un derecho individual que debe ser garantizado por el Estado. No es una gracia ni una petición, es el reconocimiento del respeto y garantía de un derecho individual atribuible a su esfera personal o a la de cualquiera de nosotros.

Pensaba dedicar este primer post sobre derecho internacional económico al análisis del caso que involucra a la empresa Bear Creek y al Estado peruano [1], que nos llevaría a discutir sobre el margen de maniobra con el que cuenta un Estado para poder cambiar su legislación interna, luego de haber realizado una concesión e incluso a cancelar esta. Sin embargo, la reciente denuncia por parte de Malasia de su tratado bilateral de inversión (TBI) con Holanda [2], me motivó a comenzar con el tema del título, en tanto es uno que está poniendo al derecho internacional de las inversiones “in the pendientes” y era propicio para inaugurar este espacio.