Público

La excepción de contrato no cumplido en la contratación estatal: a propósito de la nueva ley de contrataciones

Autor Invitado 4 octubre, 2025 12:52

Por Nicol Castillo Santillana Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con Título de Segunda Especialidad en Derecho Administrativo en la misma casa de estudios. Alumna de la Maestría en Contratación Pública por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Asociada del área de Arbitraje y Contratación Pública de Torres y Torres Lara Abogados INTRODUCCIÓN: Es comúnmente conocido que, en el marco de un contrato administrativo, el privado no determina las condiciones bajo las cuales este se firmará. Es la Administración Pública, en uso de sus prerrogativas exorbitantes, la que determina los términos del futuro contrato de bienes, servicios u obras. De manera previsible, se esperaría que la Administración se encuentre en plenas facultades de ejecutar las prestaciones a su cargo, que son menores a las que tiene a

ESG y Derecho de la Competencia: la delgada línea entre el fomento de la sostenibilidad sectorial y el control de conductas

Garrigues Financiero y Comercial 24 junio, 2024 11:54

por Ricardo Ayvar, Asociado de Garrigues (Perú), abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Postgrado en Derecho de la Competencia por la Universidad Carlos III de Madrid (España). Probablemente todos hemos leído sobre la importancia de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por las siglas en inglés de environmental, social and governance) para el desarrollo sostenible, o hemos visto cómo las grandes corporaciones vienen aplicando dichos criterios en diversos sectores. Este auge de sustentabilidad ha venido relacionándose con diversas especialidades, entre ellas el Derecho de la Competencia. En este artículo, intentaremos esbozar algunas ideas sobre la forma en que vienen interactuando ambas materias. Los criterios ESG En 2015, la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó

La condición menos favorable en el procedimiento sancionador de la Dicapi

Autor Invitado 12 marzo, 2024 13:55

Por Bruno Ramos Huaytalla, Abogado por la Universidad Científica del Sur y abogado del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. El 21 de diciembre de 2016, la Ley de Procedimiento Administrativo General (“LPAG”) fue modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1272. A partir de esta modificación, se estableció en el numeral 2 del artículo II, título preliminar, que la LPAG contiene normas comunes aplicables a todos los procedimientos administrativos, incluyendo los especiales. Estos procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las establecidas en dicho texto normativo. Actualmente, las normas comunes del procedimiento administrativo contenidas en la LPAG deben prevalecer necesariamente respecto de las normas de procedimientos especiales[1]. El hecho que

¿Cuándo se configura la infracción de entrega deliberada de información falsa en materia pesquera? A propósito de la sentencia de vista – expediente N° 06471-2021

Autor Invitado 11 marzo, 2024 11:55

Por Bruno Ramos Huaytalla, abogado por la Universidad Científica del Sur. Forma parte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; y Rolando García Castillo, Abogado por la Universidad Científica del Sur. Actualmente cursa la Maestría en Solución de Conflictos en la Universidad San Martin Porres. Socio de Edam abogados. Las empresas pesqueras tienen el deber de cumplir con entregar la información que sea requerida por los fiscalizadores autorizados por el Ministerio de la Producción. El incumplimiento de dicho deber es pasible de configurar una infracción administrativa. Evidentemente la información entregada debe ser veraz. Anteriormente, el numeral 102 del artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca (RLGP) establecía como infracción: “Entrega deliberada de información falsa, el ocultamiento, destrucción

¿Cómo fomentamos inversión?: Una mirada desde la estandarización de procedimientos administrativos

Autora Invitada 12 febrero, 2024 14:00

Por Solange Marianella Carbajal Fierro, Abogada por la Universidad San Martín de Porres, con especialidad en Derecho Administrativo; Gestión Pública y Análisis de Impacto Regulatorio, miembro del Centro de Estudios de Derecho Administrativo de la Universidad San Martín de Porres y actualmente abogada de la Oficina de Asesoría Legal del Programa Nacional de Telecomunicaciones del MTC. Para mejorar el clima de los negocios de un país, así como elevar los niveles de competitividad, resulta clave que se pueda repensar los esquemas actuales sobre la actuación de la administración pública en la atención, evaluación y el otorgamiento de permisos o autorizaciones, cuando estos vienen acompañados de excesivo formalismo, rigidez, y aspectos de alta complejidad. Ya que esto último, no contribuye a

La falta de seguridad en la obtención de antecedentes penales, policiales y judiciales

Autor Invitado 2 febrero, 2024 11:43

Por Sebastián Cortés Abogado titulado por la Universidad de Lima con experiencia en Protección del Consumidor, Propiedad Intelectual, derecho digital, derecho administrativo y protección de datos personales. Los certificados de antecedentes penales y judiciales son documentos oficiales emitidos por autoridades nacionales, en los cuales se certifica información sobre procesos judiciales, condenas, ingresos a establecimientos penitenciarios, etc. de personas nacionales o extranjeros. En buena cuenta, el certificado de antecedentes penales, emitido por el Poder Judicial, indica si una persona tiene o ha tenido sentencias condenatorias; mientras que, el certificado de antecedentes judiciales es emitido por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y certifica si estás o has estado recluido en un Establecimiento Penitenciario (interno) o si has realizado trabajos comunitarios impuestos por

La importancia del cumplimiento del principio de legalidad y celeridad en las actuaciones de la administración pública para optimizar el desarrollo del derecho administrativo y sus necesidades en la sociedad

Autor Invitado 26 enero, 2024 12:03

Por Alberto Francisco Defilippi Estrada, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur SUMILLA Este trabajo parte de realizar un desarrollo de la actuación de la Administración Pública bajo el cumplimiento que considero importantes como son el de Legalidad y Celeridad. Además, cuestiona la secuencia de actos que permite al individuo participar de un proceso administrativo y que este cuente con legitimidad procesal para la seguridad jurídica que sirve como garantía a un debido proceso, informando oportunamente al ciudadano sobre el contenido legal y a su vez limitando el ejercicio de las autoridades públicas. INTRODUCCIÓN A lo largo de estos años se busca impulsar una nueva visión de la simplificación administrativa, con la finalidad de orientar a eliminar las trabas y

Aproximación general a los Proyectos en Activos: El mecanismo olvidado en la promoción de la inversión privada

Reduciendo brechas - Inversión, Infraestructura y Desarrollo 3 enero, 2024 14:02

Por Diego Mori, abogado asociado del Área de Infraestructura, APP y Obras por Impuestos del Estudio Muñiz. Imaginemos que usted acaba de ser elegido alcalde del Distrito de “La Gloriosa” y que una de sus principales propuestas antes de su elección, fue el desarrollo de la infraestructura en el distrito a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes que votaron por usted (y, obviamente, de aquellos que no lo votaron también); sin embargo, no sabe por dónde iniciar, salvo que cuenta con un documento denominado “Margesí” respecto del cual tiene alcances muy limitados, particularmente sobre su utilidad y, mucho menos, cómo podría ayudarle en la implementación de su propuesta. Efectivamente, muchos operadores en los gobiernos locales y

La reactivación de obras públicas paralizadas: Un nuevo capítulo de una historia ya contada

Reduciendo brechas - Inversión, Infraestructura y Desarrollo 15 diciembre, 2023 13:59

Por Diego Mori. Abogado asociado del Área de Infraestructura, APP y Obras por Impuestos del Estudio Muñiz. La paralización de obras públicas debe ser, sin lugar a duda, uno de los puntos más comunes y cruciales, para cualquier gestión institucional. Prueba de ello es que, en marzo del presente año, la Dirección General de Abastecimiento (“DGA”) del Ministerio de Economía y Finanzas (“MEF”), publicó la “Guía para la Reactivación de Obras Públicas Paralizadas en el marco de la Ley No. 31589” (“Guía”), con la finalidad de orientar a las entidades en la gestión de la reactivación de aquellas obras públicas que se encontraban paralizadas, con el fin de promover su reactivación y prevenir nuevas y futuras paralizaciones. Debemos recordar que

Reflexiones en torno a la fiscalización ambiental a consultoras ambientales

Autora Invitada 24 octubre, 2023 14:00

Por Sahra Viviana Paucar Bejarano, Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur.  Introducción En el contexto actual de reactivación económica existe una preocupación común de los diversos sectores productivos, identificar propuestas de mejora para el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Usualmente, cuando se habla de mejoras para el SEIA se piensa la necesidad de agilizar plazos y trámites de la evaluación de impacto ambiental que permitan sacar adelante de manera más rápida un proyecto de inversión. De allí que, en los últimos años el mayor esfuerzo de normas y proyectos normativo

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