Por Enfoque Derecho

1. Indecopi investiga cancelación del concierto de “Marama” en Lurín y la seguridad de los asistentes.

El Indecopi, a través de la Dirección de Fiscalización, inició una investigación de oficio para determinar responsabilidades debido a la cancelación del concierto del grupo musical «Marama», parte de la actividad Closing Summer, programado para el pasado 29 de abril, en el Green Arena de Lurín.

Mediante un comunicado, el organismo indica que, según la información difundida a través de redes sociales y medios de comunicación, los organizadores de la citada actividad no habrían cumplido con la presentación del grupo musical anunciado, además de poner en riesgo la seguridad de los asistentes.

En ese sentido, como parte de la investigación iniciada, el Indecopi requerirá información a la municipalidad de Lurín, así como a los organizadores y a la ticketera encargada de la venta de las entradas. Asimismo, señaló que cualquier incumplimiento a las obligaciones contenidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor puede ser sancionado con hasta 450 UIT (unidades impositivas tributarias) equivalente a 2 millones 227,500 soles.

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2. Indecopi inicia investigación por volcadura de embarcación donde murió periodista.

La tarde del lunes 1 de mayo, una lancha se volcó en el mar del Callao, a la altura de la isla Palomino, y causó la muerte del periodista Luis Miranda. Por la noche, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció que iniciará un proceso de investigación al propietario de la lancha. La institución sospecha que se habrían cometido posibles infracciones por actos de competencia desleal.

Mediante un comunicado informaron que la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de la Competencia Desleal (CCD) ha delegado la investigación a la Dirección de Fiscalización para determinar las responsabilidades de los proveedores del servicio. De acuerdo a Indecopi, los proveedores tienen la obligación de ofrecer servicios y productos de manera idónea, así como brindar información relevante sobre las condiciones de sus servicios. También menciona que estos servicios deben tener conocimientos certificados de primeros auxilios de acuerdo con la modalidad brindada y los equipos idóneos.

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3. Congreso declara improcedente denuncia contra Dina Boluarte por muertes durante las protestas.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) declaró improcedente la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte en el marco de las protestas que se registraron en el interior del país, las mismas que han desencadenado más de 70 fallecidos. La iniciativa que recomendaba archivar el proceso contra la jefa de Estado contó con 11 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones.

Fue la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) con el respaldo de las bancadas de Perú Libre, Bloque Magisterial, Perú Democrático, quienes impulsaron la denuncia contra Boluarte, Otárola y los exministros. El documento que ingresó a la Subcomisión detallaba que, desde que Dina Boluarte designó a Alberto Otárola como presidente del Consejo de Ministros, el pasado 4 de enero, diversos grupos anunciaron movilizaciones en Arequipa, Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios y Ayacucho.

Mientras que un sector del país se movilizaba contra el Gobierno de Boluarte, el 10 de enero, las comunidades aymaras y quechuas de la región de Puno, al igual que diferentes organizaciones sociales también anunciaron protestas en Puno y Juliaca. No obstante, el enfrentamiento con las Fuerzas Armadas dejó un saldo de 17 fallecidos, entre ellos, una menor de edad a causa de la represión.

La denuncia constitucional expone, además, que con la designación de Vicente Romero Fernández en el cargo de ministro del Interior (14 de enero de 2023) también se evidenció una represión policial.

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4. Congreso aprobó por insistencia Proyecto de Ley para la incorporación de curso sobre historia del terrorismo.

El Pleno del Congreso aprobó por insistencia la iniciativa presentada por los parlamentarios Silvia Monteza Facho (Acción Popular), Jeny López y Juan Carlos Lizarzaburu (Fuerza Popular), y Patricia Chirinos (Renovación Popular) que propone declarar de interés nacional incluir cursos de ´Historia del terrorismo en el Perú´ dentro de los contenidos curriculares. En un principio, la autógrafa de los proyectos 38, 291, 410 y 2568 fue observada por el Poder Ejecutivo. No obstante, se le dio luz verde en el Parlamento por insistencia.

La presidenta de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte, Gladys Echaíz, fue la encargada de sustentar el proyecto y argumentó que las observaciones del Ejecutivo «tendrían por objeto regular supuestos de hechos que ya se encuentran actualmente regulados». No obstante, Echaíz precisó que estos cursos se suelen llevar en una sola materia de Historia del Perú y Geografía, que no coincide con la verdadera finalidad de la materia.

Por otro lado, se mencionó que la competencia del currículo nacional de educación básica busca fortalecer el sistema democrático y la identidad nacional y que la autógrafa observada por el Ejecutivo no contraviene dicha finalidad, sino, por el contrario, la potencia. Además, la titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte explicó que se trata de una ley de carácter declarativa, mas no normativa; es decir, se propone y se recomienda la implementación de dicha materia, pero no es de cumplimiento obligatorio.

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