Por Enfoque Derecho
1. La fiscal de la Nación presenta denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo.
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, ante el Congreso, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. En ese sentido, los mismos delitos son atribuidos a los exministros de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, y de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado. Según Benavides, la denuncia se ampara en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dado que dicho documento establece que los funcionarios que poseen inmunidad no pueden utilizarla para frenar acciones de investigación, procesamiento y sanción en su contra.
Por ese motivo, fiscales y agentes del equipo especial de la Policía Nacional del Perú llevaron a cabo diversas diligencias, tal y como la casa de la hermana del mandatario presidencial, las oficinas y los domicilios de seis congresistas de la bancada de Acción Popular, quienes han sido sindicados como integrantes del grupo “Los Niños”. Además, se dispuso la detención preliminar por diez días contra ex asesores del presidente, el propietario de la casa ubicada en la calle Sarratea, en Breña, y el ex asesor de Anguía.
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2. El Congreso aprueba moción de interpelación contra el canciller César Landa.
Con 58 votos a favor, 46 en contra y 6 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó interpelar al Ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, frente a las declaraciones del presidente Castillo durante su intervención en la edición 77º de la Asamblea general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La moción fue propuesta por la bancada de Renovación Popular y fue apoyada por congresistas de Fuerza Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso y Podemos Perú. De ese modo, a través de sus redes sociales, el Canciller aseguró que asistirá al Congreso para responder al pliego interrogatorio.
De esa manera, los motivos de la interpelación se remontan a los cuestionamientos de las declaraciones de Pedro Castillo sobre el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Arabe Saharaui Democrática, las relaciones bilaterales con Marruecos, las Islas Malvinas y la posición del Perú con respecto a la Convención del Mar. Ante ello, el congresista Jorge Montoya señaló que si bien el jefe de Estado dirige la política exterior, recibe soporte de la Cancillería, la cual estaba tornándose de una política de confianza a una de inestabilidad.
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3. El Primer Juzgado Constitucional declaró incompetencia en amparo de Pedro Castillo y eleva expediente a Sala Constitucional.
El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima resolvió que no tiene competencia para analizar la acción de amparo presentado por el presidente Pedro Castillo, la cual tenía la finalidad de que se declaren nulas medidas aplicadas por el Congreso en su contra, además de solicitar que el Poder Legislativo se abstenga de seguir ejerciendo control político arbitrario. Esto se debe a que la norma ordena a que sea una Sala Constitucional la que analice el caso luego de las recientes modificaciones a la competencia del Juez Especializado Constitucional, a través de la Ley 31583.
La demanda de amparo también contiene una primera solicitud para que se declare la nulidad de la tercera moción de vacancia presentada por el congresista Edward Málaga al considerar que la Fiscalía ha identificado presuntos ilícitos penales, una segunda solicitud para que se anule la denuncia promovida en la Subcomisión de acusaciones Constitucionales por el presunto delito de traición a la patria ante sus declaraciones de darle una salida al mar a Bolivia, y la tercera solicitud para que se declare nulo todo lo actuado por la Comisión de Fiscalización, como el informe sobre la Casa Sarratea y la presunta organización criminal en Palacio de Gobierno.
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4. El Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley sobre tenencia compartida.
Con 68 votos a favor, 28 en contra y 18 abstenciones, el Congreso aprobó un dictamen de insistencia para regular la tenencia compartida entre padres separados. Dicha norma modifica los artículos 81 al 84 del Código de los Niños, Niñas y Adolescentes, la cual busca eliminar una serie de obstáculos ante la dificultad de los menores de pasar tiempo de calidad con ambos padres. Pese a que la norma fue observada por el Ejecutivo y que durante la sesión se presentó un pedido de reconsideración, la iniciativa fue aprobada por insistencia tanto en la Comisión de Mujer y Familia y en el pleno respectivamente.
Posteriormente, a través de un comunicado, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables manifestó que la aprobación del dictamen por parte del Congreso era una grave afectación al principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes, luego de considerar que es un error entender la tenencia como derecho exclusivo de los padres y que cada caso de quien debe velar por los hijos debe ser evaluado tras una separación. Asimismo, la ONG Internacional Save the Children expresó su preocupación y advirtió un marcado carácter inconstitucional.
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