Por Enfoque Derecho.
1. Maduro elimina WhatsApp y promueve el uso de Telegram y WeChat en Venezuela
El presidente Nicolás Maduro ha sorprendido a muchos al anunciar públicamente que eliminará WhatsApp de su teléfono, instando a los venezolanos a seguir su ejemplo. Durante un mitin televisado, Maduro declaró que WhatsApp, una aplicación propiedad de la estadounidense Meta, ha sido utilizada por grupos opositores para amenazar a militares, policías y líderes chavistas. Según el mandatario, estos grupos operan desde países como Colombia, Miami, Perú y Chile, y usan la aplicación para intimidar a la población y a la familia militar venezolana.
En lugar de WhatsApp, Maduro ha recomendado el uso de Telegram y WeChat, aplicaciones que considera más seguras frente a lo que él describe como ataques cibernéticos coordinados por la oposición. Telegram, conocida por su cifrado de extremo a extremo, y WeChat, popular en China por su integración con múltiples servicios, son ahora las plataformas preferidas por el presidente venezolano. Sin embargo, ciberactivistas y defensores de derechos digitales han expresado su preocupación, señalando que estas aplicaciones pueden ser más vulnerables a la vigilancia gubernamental, lo que podría incrementar el control estatal sobre las comunicaciones.
Este llamado ha generado incertidumbre en un país donde WhatsApp es esencial para la comunicación diaria, el emprendimiento y el sistema educativo. A pesar del mensaje de Maduro, la aplicación sigue siendo accesible, y muchos ciudadanos han recurrido al uso de VPNs para garantizar su conectividad en caso de bloqueos. Según Valentina Aguana, miembro de Conexión Segura y Libre, el 93% de los venezolanos con acceso a internet utilizan WhatsApp, lo que hace que una migración masiva a otras plataformas sea un desafío tanto a nivel operativo como económico.
La situación en Venezuela se enmarca en un contexto de creciente censura mediática y restricción de derechos digitales. Desde 2004, más de 400 medios han sido cerrados, lo que ha obligado a los venezolanos a depender aún más de aplicaciones de mensajería como WhatsApp para mantenerse informados y conectados. El futuro de WhatsApp en Venezuela es incierto, y muchos ciudadanos siguen evaluando alternativas para mantener su derecho a la información y la comunicación en medio de las crecientes restricciones.
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2. Indecopi rechaza el registro de «Hablando Huevadas» por considerarlo inapropiado y grosero
El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ha rechazado la solicitud de registro de la marca «Hablando Huevadas», presentada por los comediantes Jorge Luna y Ricardo Mendoza, debido a que la denominación es considerada grosera y contraria a las buenas costumbres. Según la resolución del 27 de junio, la expresión es percibida como inapropiada por un sector significativo de la población, y su uso podría afectar la formación y educación de audiencias jóvenes e infantiles. Esta decisión se fundamenta en el artículo 135 literal p) de la Decisión 486, que impide el registro de marcas con signos contrarios a la moral, el orden público o las buenas costumbres.
A pesar de este rechazo, los comediantes pueden seguir utilizando el nombre «Hablando Huevadas» en su programa de YouTube, pero sin tener la exclusividad sobre la marca. El abogado especialista en Propiedad Intelectual, Juan Ñahue, señaló que la decisión de Indecopi es apelable y que, de seguir adelante con la apelación, el caso podría tardar hasta 180 días hábiles en resolverse. Ñahue también subrayó que el término «Hablando Huevadas» podría considerarse parte del lenguaje coloquial, especialmente entre los jóvenes, y comparó este caso con el del «Pezweon», una marca inicialmente rechazada por razones similares pero finalmente aceptada en instancias superiores.
El rechazo de la marca ha generado reacciones diversas, incluyendo la de la periodista Magaly Medina, quien criticó la decisión del Indecopi, argumentando que la expresión ya es parte del humor popular y debería ser aceptada. Por su parte, Luna y Mendoza no se han pronunciado sobre el tema, posiblemente debido a que se encuentran de vacaciones.
Este caso subraya la importancia de considerar las normativas de registro de marcas en Perú, donde ciertas denominaciones pueden ser rechazadas por motivos de moralidad y buenas costumbres. Indecopi establece que no se pueden registrar marcas descriptivas, genéricas, engañosas o que infrinjan derechos de propiedad intelectual, entre otros criterios.
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3. Indecopi inicia proceso sancionador contra Interbank por errores en saldos de cuentas
El pasado 4 de mayo de 2024, numerosos clientes de Interbank reportaron en redes sociales que sus cuentas mostraban un saldo de «S/ 0», sin haber realizado transacciones. Según informaron los usuarios a través de plataformas como X (antes Twitter) y Facebook, algunos saldos aparecieron sin fondos y otros mostraban descuentos sin justificación aparente, lo que generó gran preocupación. Por ello, Interbank reconoció el problema, atribuyéndolo a un error en su sistema que duplicó algunos consumos, y aseguró que los saldos estaban seguros y serían regularizados.
En respuesta a las denuncias, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) anunció el inicio de un procedimiento administrativo sancionador contra Interbank. La Secretaría Técnica de la Comisión de Protección al Consumidor determinó, tras una investigación preliminar, que el banco podría haber incumplido sus obligaciones de información y calidad, en violación del Código de Protección y Defensa del Consumidor, que exige a los proveedores ofrecer información clara y precisa a los consumidores.
Este incidente no es aislado, ya que en septiembre de 2023, Interbank enfrentó un problema similar con sus sistemas, afectando los saldos de las cuentas de sus clientes. En relación con esa falla operativa, la Comisión emitió una decisión en primera instancia en abril de 2024, que ahora será revisada por la Sala Especializada en Protección al Consumidor de Indecopi, en lo que será la última instancia administrativa.
Además, Indecopi informó que ha iniciado una investigación preliminar contra el BCP por la reciente caída en el sistema de Yape y del banco, afectando a millones de usuarios. De encontrarse infracciones, también se podría iniciar un proceso sancionador contra esta entidad. En ese sentido, Indecopi exhortó a las empresas a tomar medidas para prevenir errores en sus sistemas y a informar de manera oportuna a los usuarios cuando ocurran problemas, asegurando que los efectos sean revertidos rápidamente.
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4. CAL y CCL rechazan leyes sobre lesa humanidad y crimen organizado, alertan sobre riesgos e inconstitucionalidad
El Colegio de Abogados de Lima (CAL) y la Cámara de Comercio de Lima (CCL) expresaron su rechazo a las recientes leyes N° 32107 y N° 32108, que regulan la aplicación de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra por un lado; y por otro, el crimen organizado, pues se modificó el Código Penal y la Ley de Crimen Organizado. Ambas entidades advierten que estas normas podrían generar graves riesgos para la justicia y la seguridad ciudadana en el país.
El CAL manifestó su preocupación por la Ley N° 32107, señalando que vulnera tratados internacionales ratificados por el Perú, como el Convenio sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y el Estatuto de Roma. Además, la Ley N° 32108, que modifica la legislación sobre crimen organizado, ha sido criticada por debilitar la lucha contra este tipo de delitos. Ante estas preocupaciones, el CAL está evaluando la posibilidad de presentar demandas de inconstitucionalidad contra ambas leyes.
Por su parte, la CCL también expresó su rechazo a la Ley N° 32108, argumentando que carece de sustento técnico y podría abrir un camino hacia la impunidad, al excluir de su ámbito de aplicación a delitos graves como el enriquecimiento ilícito y la corrupción. La CCL solicitó al Congreso corregir esta norma, advirtiendo que podría desincentivar la inversión empresarial en el Perú y afectar negativamente el crecimiento económico del país.
Ambas instituciones coinciden en que, en su estado actual, estas leyes representan un retroceso en la protección de los derechos humanos y la lucha contra el crimen organizado, y exhortan a las autoridades a reconsiderar su aplicación.
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