Por Enfoque Derecho
El día de ayer, 14 de marzo, con 85 votos a favor, cero en contra y cuatro abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó la acusación constitucional contra el ex presidente Martín Vizcarra por los presuntos delitos de tráfico de influencias, peculado doloso, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en el caso “Richard Swing”.
Se presume que Vizcarra habría coordinado con altos funcionarios para que dicha contratación se concretice; y, que habría coordinado con Miriam Morales y Karem Roca para negar sus encuentros con Cisneros en Palacio de Gobierno.
Sobre la base de que, entre el 2018 y el 2020, pese a no contar con el perfil adecuado, el cantante Richard Cisneros Carbadillo fue contratado en el Ministerio de Cultura para realizar charlas motivacionales y de liderazgo, por un monto de 175 mil 400 soles, el 20 de mayo del 2021, la entonces Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, denunció constitucionalmente al ex mandatario por los ya mencionados delitos.
Tal como indica el informe final de la Subcomisión de Asuntos Constitucionales:
“Richard Cisneros no contaba con el perfil que requería el Ministerio de Cultura para su contratación; sin embargo, el exmandatario, aprovechándose del alto cargo que ostentaba iba a gestionar y/o coordinar la contratación del mismo, ejerciendo influencias sobre altos funcionarios, las cuales fueron evidenciadas al solicitar a los ministros de cultura de ese entonces 2018-2020, su contratación dentro de dicha entidad”.
Ya aprobado el antejuicio político, el caso deberá ser formalizado por el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, quien formulará la denuncia ante la Corte Suprema.
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