Por Enfoque Derecho

El Congreso aprobó una significativa reforma del sistema de pensiones, con 38 votos a favor, 10 en contra y 16 abstenciones. La nueva legislación establece un esquema de cuatro pilares: no contributivo, semicontributivo, contributivo y voluntario; garantizando una pensión mínima de S/600 para los beneficiarios.

La votación estuvo marcada por intensos debates y controversias, incluyendo una moción de censura contra el vicepresidente del Congreso, Arturo Alegría, por presuntas irregularidades durante el proceso. A pesar de las disputas, la reforma se considera un paso crucial para mejorar la sostenibilidad y eficiencia del sistema previsional en el país.

La propuesta, impulsada principalmente por el partido Fuerza Popular, incluye medidas como la prohibición de retiros de los fondos de pensiones y el establecimiento de aportes por consumo, donde un porcentaje de los impuestos pagados por los afiliados se destinará a sus pensiones. Esta medida ha sido criticada por economistas que la consideran regresiva y beneficiosa principalmente para los afiliados de mayores ingresos.

La reforma también introduce pensiones mínimas y proporcionales para los afiliados del Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y el Sistema Privado de Pensiones (SPP), con montos específicos dependiendo de los años de aporte. Además, se aumentó la edad mínima para acceder a la jubilación anticipada (REJA) de 50 a 55 años y se restringió la posibilidad de retirar el 95.5% de los fondos de las AFP al momento de la jubilación.

Los defensores de la reforma argumentan que era una medida necesaria para evitar el colapso del sistema previsional y garantizar una mayor equidad y justicia social en las pensiones. Por otro lado, los detractores expresan preocupaciones sobre la implementación y la capacidad del gobierno para administrar eficazmente los cambios propuestos.

La implementación de esta ley representa un esfuerzo significativo para modernizar el sistema de pensiones en Perú, aunque su éxito dependerá del monitoreo constante y ajustes necesarios para asegurar que los objetivos de la reforma se cumplan de manera efectiva.


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