«Fortalecer la gestión estatal de los contratos de inversión, mejorar los mecanismos de prevención de controversias y profesionalizar la defensa del Estado en arbitrajes internacionales no es solo una necesidad jurídica, sino una condición indispensable para que el crecimiento económico no se vea erosionado por pasivos contingentes de alto impacto fiscal»
Por David Aníbal Ortiz Gaspar, Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encargado de liderar la defensa jurídica del Estado en arbitrajes de alto impacto, máster en Arbitraje Comercial e Inversiones y con especializaciones en Arbitraje, Derecho de la Construcción y Gestión de Contrataciones Públicas. I. A modo de introducción En cumplimiento de su mandato constitucional y legal, la administración pública se encuentra permanentemente vinculada a la suscripción de contratos destinados a la ejecución de obras, la prestación de servicios o la adquisición de bienes, con el objetivo de satisfacer las necesidades esenciales de la ciudadanía, como la educación, la salud, la vivienda y la infraestructura vial, entre otras. Estos contratos no solo conllevan obligaciones de carácter técnico,
Por Diego Mera Sandy, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una especialización en Arbitraje Internacional e Inversiones por la Universidad del Pacífico y actualmente, parte del equipo de arbitrajes de la Procuraduría del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Antes de comenzar, es importante precisar que este artículo se centrará exclusivamente en el análisis del arbitraje ad hoc en el que participa el Estado y si, debido a la naturaleza misma del Estado, es viable plantear la eliminación de este tipo de arbitrajes. Dicho esto, comencemos. En el ámbito de la contratación pública, las disputas entre entidades públicas y privadas o entre distintos actores del sector público son inevitables. Ante este escenario, el arbitraje se presentó como
Por Joe Navarrete[1], Magister en Finanzas y Derecho Corporativo por ESAN, abogado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y asociado Senior Santiváñez Abogados (2025). Introducción La presente entrada busca responder a una pregunta muy concreta: ¿qué hago si renuncio al cargo que tenía en una sociedad y dicha sociedad no formaliza la renuncia? O, aún peor: ¿qué pasa si me entero de que, sin mi consentimiento, he sido nombrado representante de una sociedad y requiero que se retire mi “nombramiento”? (Como sabemos, esta situación no se podría dar respecto de los directores de sociedades anónimas, ya que el artículo 152-A de la Ley General de Sociedades exige, desde el 2015, que el cargo de director sea expresamente aceptado
Por Pablo Sotomayor, socio del área tributaria de Miranda & Amado. En el marco de las fiscalizaciones tributarias llevadas a cabo por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), ha surgido una controversia recurrente en torno a la deducción de gastos por servicios contratados con partes vinculadas. El principal cuestionamiento de la SUNAT radica en la falta de reconocimiento de la necesidad y fehaciencia de los servicios prestados. Al respecto, alega insuficiencia en la documentación presentada por los contribuyentes, lo que genera incertidumbre respecto a la determinación de los costos y gastos involucrados. Al respecto, cabe recordar que el artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta establece las reglas para determinar el valor de
Por Enfoque Derecho. 1. Caso Cócteles: Keiko Fujimori negó los cargos penales, se reservó el derecho a declarar y solicitó la anulación de actas fiscales El pasado lunes 12 de agosto de 2024, se llevó a cabo el juicio por el caso Cócteles, a partir del cual, la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori Higuchi, se reservó el derecho a declarar y desestimó el pago de la reparación civil que se requería para la Procuraduría del Estado. Al respecto, se tiene que, en el presente juicio, los acusados debían aceptar o rechazar los cargos penales atribuidos por el fiscal José Domingo Pérez, de manera que si alguno de ellos aceptaba los mismos, se procedía a dictar sentencia por debajo del mínimo
Por Mariano Peró, abogado por la PUCP, Magíster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Columbia y asociado senior de Cuatrecasas. El 4 de noviembre de 2015 se promulgó la Ley N° 30354, Ley que modifica la Ley 26887, Ley General de Sociedades, sobre el cargo de director y las actas del directorio, que incorporó un nuevo artículo 152-A en la Ley General de Sociedades (LGS)[1]. Esta ley estableció que la aceptación del nombramiento como director debe ser de manera expresa, por escrito y con firma legalizada ante notario o juez, sea este titular, alterno o suplente, y haya sido la elección realizada en el acto fundacional, por la junta general de accionistas o por el propio directorio mediante el
Por Besly Muñoz Quintana, estudiante de la facultad de derecho de la Universidad del Pacífico. La construcción del derecho se erige sobre pilares fundamentales que incluyen la buena fe, la seguridad jurídica y la moralidad. Estos elementos, intrínsecamente ligados, moldean el entramado legal de una sociedad y sustentan su cohesión y desarrollo. Por un lado, la buena fe, entendida como la confianza y lealtad entre las partes en una relación jurídica, actúa como un faro ético que guía las interacciones humanas. Por otro lado, la seguridad jurídica garantiza la estabilidad y previsibilidad en el ordenamiento legal, asegurando el cumplimiento de los derechos y deberes de los ciudadanos. En conjunto, ambos conceptos se entrelazan en la búsqueda de una justicia equitativa
Por Jenny Caldas, socia del área de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. Con fecha 11 de mayo se publicó en el Diario Oficial El Peruano el Decreto Legislativo N° 1500 (DL N°1500), que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público privada ante el impacto del COVID-19. El DL N°1500 tiene por objeto establecer medidas especiales para facilitar la tramitación, evaluación, aprobación o prórroga de la vigencia de títulos habilitantes en procedimientos administrativos concluidos o en trámite, así como de las certificaciones ambientales. El artículo 2º establece el ámbito de aplicación de la norma: “Artículo 2. Ámbito de aplicación El presente Decreto Legislativo
Por Naoky Ccallo Paredes, practicante del Área Inmobiliaria del Estudio Rubio Leguía Normand No es una novedad afirmar que la pandemia originada por el COVID-19 viene causando serios estragos en la gran mayoría de sectores de la economía. En el sector inmobiliario, por ejemplo, el impacto ha sido considerablemente alto. Se estima que hasta la actualidad habrían más de 1900 proyectos de construcción de vivienda paralizados, lo que impediría la colocación de aproximadamente 36000 unidades inmobiliarias[1]. Del mismo modo, la paralización de la actividad de construcción habría afectado a casi un millón de trabajadores (que depende directa o indirectamente del sector), agravando aún más la situación. Con todo ello, y conscientes de la importancia que tiene el sector inmobiliario en
