No es el subsuelo lo que le pertenece al Estado, sino los recursos naturales en él (art. 66 de la Constitución). En esencia, la concesión minera sólo otorga propiedad sobre los productos (que por definición son no renovables a diferencia de los frutos) por lo que considero incorrecto hablar de “propiedad minera” dado que no existe una verdadera propiedad en el régimen de concesiones.
El pasado mes de agosto, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, anunció los preparativos de una operación militar en Siria a causa de un ataque químico emitido en la ciudad de Damasco que fue causante del fallecimiento de más de mil personas.
«Mi idea de un abogado poderoso sería la del abogado que consigue más cosas. Yo creo que es una mezcla entre tres factores: exposición mediática, fama de efectividad procesal y cercanía al poder político».
El Perú, a lo largo de los últimos 10 años, ha ostentado un envidiable desarrollo económico. Hoy, en términos macro, somos el país líder de la región a pesar de la crisis y, en términos de tamaño, somos la sexta economía más importante de nuestra región.
El 3 de setiembre pasado, el Tribunal Constitucional emitió un cuestionado fallo sobre el caso El Frontón. Las críticas no se hicieron esperar, en especial porque el máximo intérprete de la Constitución consideró que la multitudinaria ejecución extrajudicial no podía ser calificada como de lesa humanidad, tipificación que determinaría la imposibilidad de que éstos prescriban.
Una marca importa una relación existente entre un signo y un producto o servicio determinado o algunos productos o servicios.
El pasado 26 de agosto la legisladora por Perú Posible, Carmen Omonte, en declaraciones a la prensa, indicó la posibilidad de una eventual alianza entre Perú Posible (PP), el Partido Popular Cristiano (PPC) y el APRA. Los fines de esta virtual alianza serían por supuesto electorales y no estaría tras una presa menuda, por el contrario, la coalición sería formada con miras a las elecciones presidenciales de 2016. Incluso, ante la sorpresa de la prensa, la congresista hizo un símil entre esta coalición y la “Concertación” chilena.
Si partimos de la premisa que cada individuo se encuentra en la mejor posición para decidir lo que le conviene hacer con su patrimonio, no cuesta mayor esfuerzo concluir que la norma no beneficiará a sus destinatarios, pues ignora los deseos individuales de cada persona en su situación particular.
Los gobiernos, en contraste con todas las demás organizaciones, no obtienen sus ingresos en pago de sus servicios. En consecuencia los gobiernos se enfrentan a un problema económico distinto al de cualesquiera otras personas.
En esta oportunidad, Julio Rodriguez, abogado por la PUCP y socio del Estudio Forsyth, nos habla sobre la evolución y situación actual del caso Fefer.
