RADar Litigios

Blog del estudio Rebaza, Alcázar & De las Casas al interior del portal de Actualidad Jurídica de THĒMIS. Se centra en el análisis académico de diversas cuestiones propias del arbitraje y litigios.

¿Igualdad de armas o ventaja indebida?: Los límites a la flexibilización de la prueba en el proceso civil

«Muy distinto es el caso de un proceso civil, con pretensiones meramente patrimoniales derivadas de una controversia entre particulares. En estos casos, donde lo que se tutelan son intereses de carácter netamente privado, la diligencia de un demandante que, por ejemplo, reclama una indemnización, debe seguir siendo premiada o castigada por el ordenamiento. Estamos pues ante un proceso entre partes que litigan en posición de igualdad formal, y sin ninguna asimetría probatoria estructural. No existe por tanto ningún principio social que deba prevalecerse sobre la diligencia de probar aquello que se reclama».

¿Quiénes están vinculados por el convenio arbitral? La usual confusión entre terceros y partes no signatarias

«Sí se pude solicitar la inclusión de una parte no signataria en un arbitraje, pues esta cumplirá con el requisito esencial para formar parte del mismo, es decir, haber otorgado su consentimiento a someterse a dicha jurisdicción. Sin embargo, no se puede solicitar la inclusión de un tercero en un proceso arbitral, pues el mismo no solo no forma parte de la relación jurídica material, sino que este no renunció a someterse a la jurisdicción ordinaria (…)».

El problema de atar la ampliación de plazo al hecho generador en los contratos de bienes públicos

«Si (i) el plazo para presentar la solicitud de ampliación de plazo y (ii) la cantidad de días que se debe ampliar el plazo contractual se supeditan a las fechas de inicio y término del hecho generador —como hacen las Entidades e inclusive el mismo numeral 142.3 del artículo 142 del Reglamento—, podemos obtener resultados irrazonables y hasta perjudiciales no solo para el contratista, sino también para la Entidad. En mi opinión, esto se puede evitar si en lugar de enfocarse en el hecho generador, se presta atención a la demora efectiva que este produce en la entrega de los bienes».

El estándar probatorio en la exclusión de cobertura de seguros por muerte autoinfligida

«La tendencia más consolidada en la jurisprudencia administrativa exige que, para calificar un fallecimiento como muerte voluntaria, se encuentre plenamente acreditada la voluntad unívoca del causante de quitarse la vida. No basta con demostrar el hecho objetivo que ocasiona el deceso- como una herida autoinfligida o la ingesta de una sustancia tóxica- sino que resulta necesario acreditar una intención deliberada y consciente de autoeliminación».

¿El arbitraje en segundo plano? El nuevo rol de las Juntas de Prevención y Resolución de Disputas en las contrataciones públicas.

“Con las recientes reformas, el arbitraje deja de ser el mecanismo central durante la ejecución contractual y pasa a ocupar una posición subsidiaria, siendo reemplazado en la etapa primaria por las JPRD. Ahora, el arbitraje opera como una instancia posterior, como si se tratara de una especie de segunda instancia de revisión, pero con nuevas limitaciones».

Blogger | RADar Litigios: Entrevista de presentación

#RADarLitigios ⚖️ ¿Cómo se vienen transformando las estrategias de #litigios en el #Perú? ¿Qué herramientas son importantes para afrontar los nuevos desafíos del proceso judicial? En la presente entrevista, los doctores Róger Zavaleta y Nicolás Hernández del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas, introducen el nuevo blog «RADar Litigios», un espacio académico diseñado con el fin de analizar tendencias, compartir experiencias y aportar una visión estratégica sobre los litigios y #arbitrajes en el país. ¿Qué opinas sobre esta nueva iniciativa? ¡Coméntanos! ⬇

¿Cómo cerró Latinoamérica en el CIADI en 2025?

«Fortalecer la gestión estatal de los contratos de inversión, mejorar los mecanismos de prevención de controversias y profesionalizar la defensa del Estado en arbitrajes internacionales no es solo una necesidad jurídica, sino una condición indispensable para que el crecimiento económico no se vea erosionado por pasivos contingentes de alto impacto fiscal»