Constitucional

Hace catorce años no era extraño escuchar las palabras secreto, estrictamente secreto, reservado, estrictamente reservado y confidencial. Cinco «clasificaciones» de la información que no era de acceso público. Esta situación favorecía la corrupción y evidenciaba la ausencia de un régimen democrático. Un ejemplo: el avión presidencial se compró utilizando un decreto secreto. Estas clasificaciones estaban desarrolladas en los Manuales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Nacional. Manuales, también, secretos. Manuales que no fijaban claramente la frontera entre una u otra clasificación. En esa época cualquier cosa podía ser secreta.

La última resolución judicial emitida en el caso de los Informes de la Megacomisión del Congreso, ha agitado las aguas de la política local. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, en su resolución del 01 de septiembre último, ha vuelto a declararlos nulos, en los extremos que imputen alguna responsabilidad penal y/o infracción constitucional al ex Presidente García. Se nos cerró la puerta. En la cara.
Para entender mejor los alcances de esta última decisión, hay que recordar el escenario de esta puesta en escena. Se trata de un proceso de amparo iniciado por Alan García contra el Congreso de la República, solicitando que «se deje sin efecto» todo lo actuado por la Megacomisión, que empezaba en septiembre del 2013, a investigar hechos graves de corrupción durante su gobierno.
En este amparo se emitió una sentencia firme, que anuló todo lo actuado por la Megacomisión a partir de la primera citación cursada a García en marzo de 2013. Los tribunales consideraban que la citación era demasiado genérica e imprecisa. No le permitía entender qué hechos se investigaban y cómo se vinculaban con él.

A propósito de los denominados «Cornejo-leaks», se han planteado pedidos de información para que algunos Ministros entreguen copia de sus correos electrónicos. ¿Será posible hacerlo? ¿Se estará afectando su intimidad o el secreto de sus comunicaciones?
Una interesante decisión del Consejo para la Transparencia de Chile (C 1101-11) nos deja algunas lecciones respecto a si es posible acceder lícitamente a la información contenida en correos electrónicos remitidos por un funcionario público. Se trataba del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet. La información solicitada era aquella remitidaa otros funcionarios públicos respecto a asuntos de interés público y utilizando una cuenta institucional. ¿Brindar acceso afectaba otros derechos?