«La decisión de imponer prisión preventiva a una persona imputada por la presunta comisión de un delito responde a la necesidad de asegurar que el proceso penal se desarrolle sin interferencias, dilaciones indebidas y obstaculizaciones que comprometan su finalidad».
#DerechoPenal ⚖️ ¿Cuándo es razonable exigir un deber de control entre los funcionarios de distinto nivel jerárquico? ¿El dolo es una clasificación dogmática obsoleta o se debería aproximar a un concepto más funcional del mismo? La Asociación Civil THĒMIS, en el marco del I Congreso de Derecho Penal, contó con la destacada participación de Iván Meini, counsel del estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, quien desarrolló su ponencia magistral centrándose en los criterios de #atribución de la #responsabilidad penal y los límites del #principio de #confianza. Del mismo modo, abordó de manera crítica el concepto de #dolo, cuestionando su configuración dogmática tradicional y analizando su aplicación en la determinación y gradualidad de la #pena. Agradecemos a todos por su participación
Por José Miguel Molina Cayo, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Integrante del Taller “Florencio Mixan Mass” de la Universidad Mayor de San Marcos. Asistente del Área Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. I. Introducción La etapa intermedia es -probablemente- la fase menos debatida y estudiada del proceso penal peruano. Sin embargo, ello no resta que, en más de 15 años de implementación, todavía se presenten algunos vacíos o inconvenientes en su aplicación. Uno de estos escenarios “grises” lo podemos observar en la denominada “investigación suplementaria” regulada en el inciso 5) del artículo 346° del “Nuevo Código Procesal Penal” (NCPP). Para algunos autores, la investigación suplementaria podría representar una clara
Por Hubert Ken Alejo Zea, abogado litigante en materia penal y civil patrimonial. I. Concepto de arraigo Los arraigos son criterios[1] racionales[2] o circunstancias[3] objetivas acreditativas[4] corroborables[5] preexistentes o concurrentes que permiten evaluar el establecimiento de una persona en un lugar determinado, así como su vinculación con dicho entorno. Estos criterios se utilizan para ponderar la probabilidad de que, frente a la acción penal, la persona tenga mayores o menores incentivos para evadir la acción de la justicia. Los arraigos no se encuentran sujetos a una lista delimitada y cerrada (numerus clausus), sino a una de numerus apertus. Además, están vinculados a ramas del derecho distintas al penal como el derecho laboral, civil, tributario, comercial, entre otras, por lo que
Por Enfoque Derecho. La inseguridad ciudadana parece un problema de nunca acabar en nuestro país. Ante las propuestas fallidas en los últimos años, el Congreso sigue buscando soluciones y la más reciente será la incorporación del delito de “terrorismo urbano” en el Código Penal, aprobada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El día de ayer, la mencionada comisión aprobó el dictamen recaído en los proyectos de ley 05525/2022-CR, 05838/2023-CR, 05969/2023-CR, entre otros, que propone la incorporación del Capítulo II, Terrorismo Urbano, en el Título XIV del Libro Segundo del Código Penal, que comprende los artículos 318-A y 318- B. Así, será un “terrorista urbano” quien cometa “delitos de homicidio calificado, sicariato, extorsión, lesiones graves, trata de personas, delitos informáticos,
Por Aaron Aleman, abogado penalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Magister en Derecho penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid (España). Asesor y consultor especializado en Delitos Empresariales, Delitos de Lavado de Activo y Delitos Tributarios. La confesión de Natalia Amestica sobre el cruel asesinato en contra del recordado rapero Canserbero (Tyrone González) y la manera de cómo procedió tras la realización del crimen para lograr su ocultamiento, trae consigo la necesidad de desarrollar actos de investigación para corroborar la versión brindada, a efectos de sancionar a los verdaderos responsables y así tras casi una década, hallar justicia para Tyrone. Esto último por cuanto de las propias declaraciones brindadas, se colige que no solo
Por Aaron Emilio Aleman Yactayo Abogado penalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Magister en Derecho penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid (España). Asesor y consultor especializado en Delitos Empresariales, Delitos de Lavado de Activo y Delitos Tributarios. Esta semana se ha publicado el Decreto Legislativo Nro.1589, el cual tiene como finalidad garantizar la seguridad y la tranquilidad pública (art.1), para ello recurre a una técnica legislativa consistente en cuatro modificaciones a nuestro Código Penal en lo que concierne a los Delitos Contra los Medios de Transporte, Comunicación y otros Servicios Públicos (Título XIV del Código penal) y los Delitos Contra la Paz Pública (Título XVI Del Código Penal), todas las cuales se
Por Amaury Sebastián Muñoz Laos Estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asistente de cátedra de Derecho Penal I (Parte General) y Derecho Penal III (Parte Especial II) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinador académico del Instituto Latinoamericano de Ciencias Penales. El delito de lavado de activos y su autonomía sustantiva El delito de lavado de activos se encuentra tipificado penalmente en virtud del Decreto Legislativo N.º 1106, el cual lleva por título Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. En su artículo 10, este dispositivo jurídico expresa: «Artículo 10.- Autonomía del delito y prueba indiciaria El lavado
Por Julio César Huayta Quispe Estudiante de IX ciclo de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. Practicante preprofesional del Área Penal y de Compliance del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados. Miembro del Centro de Estudios en Derecho Penal de la USMP. I. Introducción En la tipificación de delitos económicos el legislador penal suele recurrir a la técnica de la ley penal en blanco para complementar el tipo penal que contiene el núcleo del injusto de una infracción punible. El empleo de tal técnica ha generado que la persecución penal por la comisión de un delito económico dependa en muchos casos de una decisión o valoración previa adoptada por la autoridad administrativa competente. Es
