EnfoqueDerecho entrevista a Iván Lanegra, abogado y catedrático, especialista en políticas ambientales.
EnfoqueDerecho (ED): El día de ayer escuchamos el mensaje presidencial y en materia de cultura y medioambiente, poco se dijo. ¿A qué se debe? ¿Falta de compromiso del gobierno?
Iván Lanegra (IL): Si uno hace una revisión de los mensajes presidenciales en la historia esos no son precisamente temas que hayan estado presentes. No obstante, hay que decir había cierta expectativa por que fuesen incluidos en el mensaje principalmente por un par de razones: por la Cumbre COP20, probablemente la más importante en materia ambiental. Hubiera sido interesante que el Presidente indicara que a pesar de las recientes reformas en materia ambiental –o sin siquiera mencionarlas- reafirmaba el compromiso del gobierno con el medio ambiente y que eso se iba a reforzar en el marco de la COP20. Y respecto del tema cultural, este ha estado prácticamente ausente en todos los mensajes de Humala, quizás tenía una oportunidad en el contexto de esta visión que al inicio del mensaje planteó de una mirada de largo plazo al bicentenario.
Es claro que existe en estos momentos una clara prioridad del tema económico y las inversiones en la agenda del país, que los temas de política social son la herramienta de apoyo del gobierno dentro de esa agenda, pero la cultura y ambiente tiene un rol totalmente secundario, muy dependiente de los objetivos principales económicos del país. Eso tampoco es extraño en otros países pero, hay que decirlo, por ejemplo, Chile tiene una visión más equilibrada. De hecho una buena política medioambiental y cultural potencia o mejora la calidad de las inversiones que recibimos.
ED: Ahora bien, pasando al tema del denominado “Paquetazo ambiental”, se ha generado una serie de críticas sobre medidas que pretenden dinamizar e incentivar la economía en desmedro no sólo de “políticas” socio-laborales, tributarias, sino y -principalmente- medioambientales. No sólo se reducirá el plazo de aprobación de los EIAs, sino se recortarán las funciones sancionadoras/fiscalizadores de la OEFA. ¿Cuál es su opinión sobre el tema?
IL: He leído varias opiniones que minimizan estos cambios indicando que no ha habido una reducción de estándares ambientales. Considero que los objetivos ambientales últimos siguen siendo los mismos, no se modifican con estas normas. Lo que cambian son los procesos por los cuales se definen los estándares ambientales y por los que se establecen mecanismos de protección de esos estándares. En ambos casos sí ha habido cambios que pueden ser muy relevantes. Sobre la fijación de los estándares, se ha establecido un sistema en el que Ambiente ya no va a actuar solo sino que necesitará de la opinión de los demás sectores para tomar una decisión. Ambiente en realidad necesita un espacio de autonomía como le reconocemos al BCR, a INDECOPI y a la SUNAT. Por ejemplo, no hay nada que tenga un impacto mayor sobre los otros sectores como la decisión que se adopta respecto a la moneda, y sin embargo la BCR la toma solo. Así como la moneda tiene que ser una decisión técnica que se adopte independientemente de los intereses individuales de cada ministerio, muchos asuntos de carácter ambiental requieren un nivel de decisión similar.
Sobre las herramientas para actuar, la modificación más seria es en el OEFA porque se ha establecido una moratoria sancionatoria por la cual durante tres años el OEFA no va a poder sancionar directamente salvo en algunas excepciones muy remotas. Eso es un error porque eso no se puede fijar por ley. Es una decisión de gestión. Quien debe tomar esa decisión es el OEFA no el congreso. Ni siquiera es un cambio de política general, solo es por tres años y luego volvemos al sistema actual.
ED: ¿Considera que esos tres años obedecen a algún criterio?
IL: Es muy arbitrario en realidad. La única razón es que quedan dos años y un poco más de gobierno y entonces tres años es aproximadamente el plazo para que sea el próximo gobierno el que afronte una postura definitiva sobre el punto.
ED: De acuerdo a la aplicación de la Ley de Consulta Previa, ¿qué tan provechosos son los resultados de la etapa de diálogo en los 12 procesos actualmente en curso? ¿Están cumpliendo con su cometido?
IL: En realidad muchos de ellos todavía no empiezan. Los que han avanzado han dependido del tipo de tema en discusión. Cuando este ha sido complejo y los intereses del Estado y las comunidades han estado alejados, los problemas han sido varios. Esperar que los procesos de consulta sean perfectos no siempre va a lograrse, más en negociaciones complejas. El reglamento ha ayudado, representa un paso más en el proceso de implementación del proceso de consulta. En aquellos casos, en cambio, donde los intereses de las partes son más cercanos, es más fácil llegar a acuerdos. No obstante, la lección general de estas experiencias es que el principal problema no se encuentra en la ley ni en el reglamento de consulta, es un problema básicamente de capacidad de gestión del estado para manejar un instrumento que es muy complejo, que requiere tiempo para ser implementado. Otra razón de que el proceso de implementación se realice de manera lenta y con muchas limitaciones es la preocupación del gobierno en general de que la consulta implique alguna traba a las inversiones y por lo tanto la conciben como una herramienta que hay que trabajar de manera muy lenta por el temor de que la norma termine convirtiéndose en un problema para proyectos que le interesan al gobierno. Esas doce consultas ya las conocíamos en diciembre del 2012.
ED: ¿Cuáles son sus perspectivas sobre la aplicación de la Consulta Previa en un futuro, sobre todo a miras del 2016, año en el que saldrán adelante varios proyectos de inversión?
IL: Muchas de las inversiones extranjeras suelen tener estándares más altos que los peruanos porque sus propias matrices así lo exigen. Eso impulsa habitualmente el desarrollo de políticas que cubran sus necesidades como inversión. Muchas de estas empresas no querrán asumir el riesgo de hacer un proyecto sin consultarlo porque les puede generar una serie de problemas en el desarrollo de la inversión y entonces van a presionar al Estado para que haga consultas. Considero que va a seguir siendo un proceso lento pues ello es un riesgo que se puede correr cuando existe mucha presión por parte de los actores políticos, de avanzar con velocidad sin tomar en cuenta todos los tiempos que se requieren para una consulta bien hecha.
ED: ¿Cuáles cree que han sido los principales avances y éxitos del Estado en la lucha contra la minería ilegal, como lo que sucede en Madre de Dios donde hay falta de presencia del Estado?
IL: Yo creo que la ley y las normas complementarias que se dictaron son una política mucho más elaborada que las que teníamos antes que eran inadecuadas como los decretos de urgencia; es decir, normas que no eran convenientes para regular este tema. Ahora, más allá de la ley ¿contra qué se ha enfrentado el Estado? Contra una situación de evidente limitación de actuación en el terreno. Estamos en áreas donde la presencia del Estado ha sido tradicionalmente débil, en esas zonas siempre ha habido Estado pero que terminó en unos caso siendo prácticamente parte de la dinámica ilegal. Eso es una situación muy difícil de enfrentar. Los bombarderos y medidas espectaculares para volar equipos y dagas debe ser parte de toda una estrategia bien diseñada, pero no debe ser lo único.
Es algo muy similar al narcotráfico, donde la población se dedica a una actividad que le brinda un ingreso más o menos seguro y que no tiene casi otra alternativa. Una estrategia a largo plazo tendría que pensar en una cosa parecida en el caso de actividades alternativas que se puedan ofrecer. La mayoría de la población que está allí no va a poder quedarse porque son zonas en las cuales no se puede realizar otra actividad. De esta forma se añadiría un problema adicional que es la necesidad de movilizar a la población a ciertos lugares. Además, hay mucha población que vive muy lejos y va a esas zonas para trabajar, entonces tendrán que retornar a sus áreas; quizás se puede generar un mecanismo de incentivo para que ese regreso sea aceptable y para que puedan iniciar pequeñas actividades propias. Por último, se requiere la presencia del Estado en el terreno porque es la única manera de conseguir que el espacio no sea ocupado.
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