«Es claro que es necesario, en aras de la seguridad jurídica, que exista una compatibilización de criterios respecto a la constitucionalidad o no de una norma, en especial si se toma en cuenta que esta no es una tarea sencilla, pues implica el análisis del bloque de constitucionalidad y la interpretación de las disposiciones normativas pertinentes»
Por Enfoque Derecho 1. Introducción: La inseguridad ciudadana en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes, llevando a la sociedad y al Estado a buscar soluciones drásticas frente a la creciente ola de criminalidad. En este contexto, la presidenta Dina Boluarte ha planteado una propuesta que ha generado gran controversia: la implementación de la pena de muerte como medida para combatir los delitos más graves. Si bien esta iniciativa responde al clamor popular de justicia y seguridad, también plantea profundas interrogantes jurídicas, éticas y políticas sobre su aplicación en el marco del Estado de derecho y las obligaciones internacionales asumidas por el país. Es así que, el debate sobre la pena de muerte ha resurgido en el Perú con fuerza luego
Por Juan Monroy Galvez, Socio fundador del Estudio Monroy Abogados; profesor Ordinario de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú; Autor de numerosos libros y artículos en la especialidad; expresidente del Instituto Peruano de Derecho Procesal (INDEPRO) y vicepresidente de la Comisión Revisora del Código Procesal Civil. La Real Academia Española (RAE) dice que “magistrado” es aquel que en la carrera judicial tiene una categoría superior a la de juez. Lo que no dice es que tal definición ha sido incorporada atendiendo a su uso reiterado en España. Si previamente hubiera realizado una investigación elemental sobre su origen, habría descubierto que tal definición es una deformación. Ahora, no siempre los cambios errados se deben a que los estudios
Por Solange Marianella Carbajal Fierro, Abogada por la Universidad San Martín de Porres, con especialidad en Derecho Administrativo; Gestión Pública y Análisis de Impacto Regulatorio INTRODUCCIÓN El Tribunal Constitucional a través de la Sentencia 193/2024 (en adelante, la sentencia) referida al Expediente N.º 00026-2021-PI/TC, ha establecido consideraciones de suma importancia no solo en el ámbito regulatorio, sino en el ámbito del Derecho Administrativo y concretamente para el Derecho Administrativo Sancionador. En el presente artículo, se analizará los fundamentos de la referida sentencia en relación a los límites que deben observarse de forma obligatoria en el ámbito de la potestad sancionadora de una entidad. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA En el fundamento 21 de la sentencia,
Por José Molina Cayo, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, integrante del Taller “Florencio Mixan Mass” de la Universidad Mayor de San Marcos y asistente del Área Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Desde hace varios meses (años) vivimos en una convulsión y completa inestabilidad política que afecta principal y directamente nuestro sistema de justicia. Prueba de ello es que todos los días nos encontramos con nuevas investigaciones que contienen un tinte de corrupción bastante marcado. Se incrementa y consolida la desconfianza que los ciudadanos tienen sobre el sistema de justicia. Es evidente que parte de este “descontrol” político/social se visibiliza en las investigaciones y procesos contra las principales autoridades
Por Enfoque Derecho Perú Libre presentará moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por el uso de un reloj Rolex valorizado en 18.000 dólares. La bancada parlamentaria de Perú Libre tiene la intención de presentar una moción de vacancia en contra de la presidenta Dina Boluarte, debido al supuesto uso de un reloj Rolex valuado en 18.000 dólares. Este anuncio fue hecho por la portavoz de dicha bancada, Margot Palacios, a través de sus plataformas de redes sociales. En un comunicado difundido en X, el miércoles 20 de marzo, Palacios señaló que la motivación detrás de esta moción radica en la falta de transparencia por parte de la jefa de Estado en cuanto al origen del mencionado reloj Rolex,
Por Adriana Jiménez Quispe, estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Perú y practicante preprofesional en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos-PUCP. Existen en el mundo dos grandes modelos de control constitucional: el modelo estadounidense o de control difuso y el modelo kelseniano o de control concentrado. El modelo americano, judicial review o control difuso de constitucionalidad, encuentra su origen en Estados Unidos a través del caso “Marbury vs. Madison”, donde por primera vez una Corte afirmó la supremacía de la Constitución frente a una norma legal por contravenir la Carta Magna. Este modelo comprende un control constitucional practicado por los jueces, quienes si en la resolución de los casos concretos que observan determinan la incompatibilidad entre una
Por Enfoque Derecho Introducción: Hechos jurídicos y constitucionales: La Constitución Política del Perú, como bien sabemos, es la norma suprema que rige la organización, funciones y límites del poder público, así como los derechos y deberes de los ciudadanos, está sujeta a modificaciones que requieren un proceso especial que implica la participación del Congreso de la República, a través de proyectos de ley y, en ocasiones, de la ciudadanía mediante referéndum. En vista de la crisis política y social actual, se ha planteado la necesidad de reformar la Constitución para mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas, garantizar el respeto de los derechos humanos y fortalecer el desarrollo nacional. En este contexto, el Congreso de la República presentó 4 importantes
Por Alonso Núñez del Prado S.*. Abogado y MBA por el College of Insurance de Nueva York. Graduado en la PUCP en literatura y en filosofía, en la que además terminó el Magíster. Este artículo es poco jurídico y más bien filosófico. Pretende ser un llamado a la reflexión. Creo que la alternativa de un “brainstorm” (tormenta de ideas) es válida, sobre todo en estos tiempos de polarización y desorden en todos los ámbitos. En mi modesta opinión, el curso de Filosofía del Derecho –en las facultades de derecho– debería tener por objetivo desarrollar la mentalidad crítica de los alumnos. De tal manera que, empiecen a preguntarse por los fundamentos del sistema jurídico, las leyes y las normas, y así
Por Franco Soria Palacios, socio del Área Inmobiliaria y de Saneamiento de Tierras del estudio Rubio Leguía Normand. El derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental y necesario para el adecuado desarrollo de las personas. Respecto de la situación del acceso a la vivienda en el Perú, cabe tener en cuenta que, en el artículo “La Vivienda diga, clave para una recuperación sostenible”[1] publicado en junio del 2021 se indica que en el Perú existe 1.9 millones de hogares con déficit de vivienda, que se distribuye de la siguiente forma: 594 mil hogares (31% del déficit) responden a un déficit cuantitativo[2] 3 millones de hogares (69%) corresponden a un déficit cualitativo[3] que a su vez se subdivide en:
