«(…) El caso de las hermanas Hensel evidencia una colisión excepcional entre derechos fundamentales cuyo ejercicio no puede separarse materialmente por su condición corporal compartida.»
Por Enfoque Derecho Introducción El pasado 11 de septiembre de 2025, se publicó la Resolución Legislativa N° 001-2025-2026-CR, Resolución legislativa del congreso que incorpora el artículo 25-A en el reglamento del Congreso. La norma fue aprobada por amplia mayoría, obteniendo 78 congresistas a favor, 21 en contra y 10 abstenciones. El nuevo artículo incorporado dicta lo siguiente: “Artículo 25-A. Principio de neutralidad respecto de los parlamentarios Los parlamentarios en ejercicio de sus funciones pueden expresar, defender y promover posiciones ideológicas, programáticas y partidarias, sin que ello constituya infracción al deber de imparcialidad o de neutralidad. Esta disposición no los habilita para que realicen actividades de proselitismo político en horarios en los que se desarrollen las sesiones de comisiones en las
Por Enfoque Derecho 1. INTRODUCCIÓN: El debate sobre la regulación de los partidos políticos en el Perú ha resurgido con la presentación del Proyecto de Ley N°10338/2024-CR, el cual propone modificar la Ley N°28094, Ley de Organizaciones Políticas, para aumentar del 3% al 10% el porcentaje de firmas requeridas para la inscripción de nuevos partidos. Esta iniciativa legislativa plantea un dilema central: ¿Se trata de un mecanismo para fortalecer la democracia o de una medida que restringe los derechos políticos de la ciudadanía? Durante los últimos años, tanto la democracia como sus instituciones han perdido credibilidad y legitimidad, ya que, según los datos del Barómetro Latinoamericano, Perú es uno de los países de la región con las cifras más bajas
Introducción En el Congreso existen alrededor de once iniciativas para un séptimo retiro de fondos de AFP, pese a que el Gobierno reiteradamente ha rechazado estas propuestas dado que afectarían a la población más vulnerable (jubilados). Sin embargo, existen planteamientos de distintos legisladores que buscan un nuevo retiro de los fondos de pensiones que se sumaría a los otros seis retiros autorizados desde inicios de la pandemia. Precisamente, el congresista José Luna Gálvez exigió al presidente de la Comisión de Economía del Congreso, César Revilla, que ponga sobre la mesa este debate y, a su vez, la votación del proyecto de ley que plantea un retiro de alrededor de 4 UIT (estamos hablando de aproximadamente S/. 19, 800 de fondos
Por Fabiana Orihuela Silva, Especialista en legislación racional por la Universidad de Girona. Becaria del Master in Global Rule of Law and Constitutional Democracy de la Universidad de Génova, con estudios concluidos. Especialista en derecho procesal constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especialista en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Bachillera en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. El 5 de octubre de 2022 se publicó la Ley 31583 que modificó diversos artículos del Nuevo Código Procesal Constitucional (NCPC). Entre ellos, se modificó el artículo 42 que versa sobre la competencia jurisdiccional en los procesos de tutela de derechos, estableciendo nuevos[1] supuestos en los cuales las salas constitucionales[2] de las cortes superiores del Poder Judicial
Por Flor Arévalo, estudiante del octavo ciclo de la Facultad de Derecho PUCP e integrante del Programa de Desarrollo Social de la Asociación Civil Themis, Khuska. El día de ayer, 25 de diciembre de 2022, familias en diferentes lugares del país recibieron la Navidad recordando a algún miembro de la familia que ya no se encuentra con ellos. Para ser exactos, alrededor de 28 familias sufrieron pérdidas de hermanos, hijos y más. Aquellos que un día salieron a defender lo que creían correcto y no regresaron más. En las últimas semanas, el Perú ha sido escenario de crisis política y social desencadenada aquel 7 de diciembre cuando el entonces Presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, pretendió disolver el Congreso ante
Por Enfoque Derecho Introducción. “Desde este momento es responsabilidad exclusiva y excluyente del Congreso de la República decidir sobre el trámite de la denuncia constitucional en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”[1] fueron las palabras usadas el pasado martes 11 de octubre, por la fiscal de la nación, quien presentó una denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo ante el Congreso de la República por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión. Esta grave acusación corona un expediente más a nombre del presidente, dado que en la acusación se alega la existencia de sospechas sobre la comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y colusión en los
Por Vicente Brayan Villalobos Villalobos, Bachiller en Derecho. Miembro del Centro de Estudios de Derecho Civil (CEDC), del Centro de Estudios de Derecho Administrativo (CEDA) y del Centro de Estudios de Contrataciones del Estado (CECE), los cuales pertenecen a la Universidad de San Martín de Porres (USMP). La controversia El pasado 11 de octubre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó a la mesa de partes del Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y dos de sus ex ministros, con la finalidad de que el órgano legislativo determine la responsabilidad constitucional que les corresponda (suspensión, destitución o inhabilitación) y eventualmente queden expeditos para ser procesados penalmente. En lo que respecta al presidente, el
Por Ignacio Tovar Otero, estudiante de la facultad de derecho de la Pontificia Universidad Católica. Introducción Si preguntamos por las vías de reforma constitucional en el Perú, la respuesta que recibiríamos de la mayoría de juristas es la siguiente: de acuerdo al artículo constitucional 206°, la reforma de la Constitución procede por votación de dos tercios de los congresistas en dos legislaturas sucesivas ordinarias o por votación de la mayoría absoluta de congresistas, pero con referéndum ratificatorio. Es decir, se trata de dos vías de reforma constitucional que, en todos los casos, pasan por el Congreso de la República. Sin embargo, existe un importante grupo de juristas (más por notoriedad que por cantidad) que ha señalado la existencia de una
