derecho constitucional

¿Clamor ciudadano o reformas políticas? – Discutiendo los proyectos de reforma constitucional que plantean el adelanto de elecciones

Por Enfoque Derecho. Introducción El viernes 2 de febrero, el Congreso reafirmó su decisión a la ciudadanía una última vez: el adelanto de elecciones no sería una realidad, ante la clara incapacidad de arribar a consensos entre bancadas, puesto que sus intereses y prioridades sobre cómo enfrentar la crisis primaban por encima de las demandas de la población. Desde la vacancia del expresidente Pedro Castillo, el debate en el Pleno ha oscilado constantemente entre realizar el adelanto de elecciones generales para 2023 y 2024, con ciertas modificaciones a su planificación y ejecución, pese a que el pedido se remonta a inicios del año pasado. Lo cierto es que la división política y el desacuerdo entre nuestras propias autoridades ha entrado en

¿Vulneración a la autonomía electoral?: Proyecto de reforma constitucional que recorta por única vez el mandato del presidente del JNE y del jefe de la ONPE

Por Enfoque Derecho. Hechos. El pasado 29 de diciembre, la congresista Rosselli Amuruz presentó el Proyecto de Ley 3889/2022-CR, el cual busca que, por medio de una reforma constitucional, se pueda recortar “por única vez” el mandato de las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Los cargos concluyen su mandato en abril del 2023, pero, por excepción, los plazos establecidos en los artículos 180 y 182 de la Constitución, lo podrían permitir; no obstante, el problema sobre el presente proyecto de ley se centra principalmente en si se vulnera la autonomía electoral. Por un lado, la motivación de la bancada recae en que, por única vez, se debe recortar el mandato de

¿Más de lo mismo? – Un análisis hacia la reintroducción de la figura de reelección de congresistas

Por Enfoque Derecho. Introducción. ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de parlamentarios de la República? Esa fue la pregunta que contó con 13,598,123 votos en el referéndum de 2018, impulsado por el entonces presidente Martín Vizarra. Diversos constitucionalistas y especialistas se pronunciaron en contra de retirar dicho mecanismo de nuestro ordenamiento jurídico, dado que no era posible combatir la corrupción erradicando únicamente la reelección de autoridades o que ello solucionaría la crisis política; sin embargo, como en toda democracia, debía primar la voluntad popular. El año pasado, la congresista Adriana Tudela presentó un proyecto de ley que planteaba la reelección de congresistas, así como modificar el periodo legislativo de cinco años a dos años y medio[1]. Si bien

07.12.22 – Analizando el [fallido] golpe de Estado de Pedro Castillo

Introducción. ¡Golpe! El 7 de diciembre de este año, fuimos testigos de un acontecimiento que nos sumió en un gran desconcierto para el futuro de nuestro país. El, en ese entonces, presidente Pedro Castillo Terrones, en un mensaje a la Nación, anunció su decisión de cerrar el Congreso de la República y aplicar un “gobierno de excepción”, a pocas horas del debate de la moción de vacancia en su contra. Minuto tras minuto, se decretaron medidas que traspasaron nuestro orden constitucional. Pese a ello, iniciaron las dimisiones de varios ministros, decantando la pronta caída del [corto] régimen castillista; así como la decisión del Congreso de la República de mantenerse firmes y aprobar con mayoría absoluta la vacancia del presidente Castillo.

¿Suficiente y necesario? – Un análisis hacia el intento de prórroga de la fabricación, comercialización y uso de envases de tecnopor por dos años.

Por Felipe Núñez del Prado Chaves, Practicante Preprofesional del Estudio Echecopar asociado a Baker & Mckenzie, estudiante de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, y Renato Miranda, estudiante de la Facultad de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. 1. Introducción. El pasado miércoles 14 de septiembre del presente año, presenciamos un intento retroactivo de frenar los avances medioambientales en nuestro país, luego de que, por segunda vez, se establezca la posibilidad de que se sustente la propuesta legislativa de la bancada de Fuerza Popular para prorrogar por dos años más la entrada de vigencia de la prohibición para

La pertinencia textual de un “Estado de derechos”:  el neoconstitucionalismo en el caso ecuatoriano  

Por Mercedes Bueno Barra, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y miembro del consejo editorial de Enfoque Derecho. Históricamente, a raíz de la transición liberal que marcó el abandono del absolutismo desde el siglo XVII; los ordenamientos jurídicos han experimentado cambios que mudaban continuamente la configuración del Estado. Actualmente, esta dinámica continúa en un  progresivo desarrollo y, contrario a lo que se podría suponer, su configuración más reciente, y -acaso- ambiciosa y sofisticada, no se limita a lo que se suele entender por “Estado constitucional de Derecho”. Antes bien, la complejidad de la concepción actual de la democracia parece exigir, en suma, formas más pulidas de  organizar las normas e instituciones jurídicas

El rol subsidiario del Estado y la problemática definición de la actividad empresarial estatal a la luz del desacuerdo entre el Tribunal Constitucional e Indecopi

Por Mercedes Bueno Barra, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y miembro del consejo editorial de Enfoque Derecho. El entendimiento de la llamada “Constitución económica” se enfrenta a una falta de consenso sobre el rol del Estado en la economía nacional que, inevitablemente, genera consecuencias tanto jurídicas como fácticas. Tal es así, que la jurisprudencia, al respecto de este tema, se desarrolla en un ambiente de definiciones divergentes. Esto propició una contraposición entre la resolución 3134-2010/SC1 (Expediente 3134-2010) del Indecopi y el Tribunal Constitucional (0008-2003-AI/TC) a raíz de la interpretación de “actividad empresarial estatal” y el “principio de subsidiariedad” que lo sostiene. Pero antes de ahondar en el desarrollo de ambas definiciones,